Antes esta situación, en Marruecos se creó la nueva ley 103-13, la cual establece penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 900 euros, a quienes acosen a una mujer “en los espacios públicos u otros mediante actos, dichos o gestos de carácter sexual, o con fines sexuales”.
La penalización incluye el acoso “mediante mensajes escritos telefónicos, electrónicos, grabaciones o imágenes de carácter sexual, o con fines sexuales”.
La nueva normativa marroquí coincide con una sucesión de sonados casos de acosos sexuales como un video publicado en agosto en el que se veía a un grupo de jóvenes intentando rodear a una mujer en plena calle, o el caso de la conocida bloguera alemana Susi Cruz, quien denunció en un video una “jornada de acoso”.
Estos casos, junto a otros episodios de violencia sexual que se propagaron, hicieron que se reabra cada vez más el debate sobre la vulnerabilidad de la mujer en el espacio público. Los eventos también han desencadenado campañas virtuales de solidaridad y la actuación inmediata de las autoridades para aprehender a los culpables. Todo alentado por el impacto de la campaña del #MeToo (Yo también).
“Las mujeres ahora rechazan el acoso, una plaga que está cobrando en la actualidad una mayor mediatización y está más denunciada en las redes sociales”, apuntó Saida Idrissi, presidenta de la Asociación Democrática de las Mujeres de Marruecos.
Críticas
Las oenegés feministas del país critican la nueva ley, por no ir acompañada de mecanismos para su aplicación.
La activista marroquí Saida Kouzi, fundadora de Mobilizing for Rights Associates (MRA), lamentó que esta ley se quede en un “mero escaparate” por su “lenguaje vago”, y recordó que el acoso, callejero o laboral, ha llevado a varias mujeres a dejar la escuela o el trabajo, o casarse con el primer marido que se presenta como medida de protección.
¿Pero cómo probar un caso de acoso callejero? ¿Qué procedimiento deberá seguir la policía, y en qué modalidades se abre una investigación sobre estos casos? ¿Cómo debe actuar el juez? Estas son algunas preguntas que, para las feministas, no tienen respuesta con la nueva ley.
“Es más bien una ley aprobada para ser presentada ante la opinión pública internacional”, criticó Idrissi.
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