“¡Ay vale, esto no se aguanta, no se soporta, Rafi, mijo, párate de ahí, mijo!”, clamaba su madre, Kenya Castillo, llorando desconsolada sobre el féretro cubierto con una pancarta impresa con el rostro de su hijo.
El accidente del 9 de diciembre dejó un total de 56 fallecidos, todos migrantes que viajaban en un tráiler clandestino que chocó contra un muro de contención y volcó en una carretera en el sur de México.
Once de las víctimas eran dominicanas. Las otras eran de Guatemala, Honduras, Ecuador y México.
Los primeros seis cuerpos llegaron esta semana, los restantes cinco deben arribar la próxima, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otros tres dominicanos resultaron heridos en el accidente y aún se recuperan en el hospital. Dos más están desaparecidos, indicó la Cancillería.
Martínez, que trabajaba como artesano en su país, “decidió hacer el viaje como todo el mundo que migra, para tener otra forma de vida”, explicó a la AFP su padrastro, Rómulo Terrero Matos, de 62 años. “Vivimos en un país pobre y pensó irse a Estados Unidos de la forma que fuese”.
Pagó 1,5 millones de pesos dominicanos (unos 26.000 dólares al cambio actual), añadió el familiar, que llevaba una camiseta con el rostro de su hijastro. “No es fácil conseguir un visado para irse a Estados Unidos (…), por esa vía pensó que sería más fácil, más rápido y hasta ahí llegó”.
Terrero aseguró que “nunca” estuvo de acuerdo con ese viaje. “Lo último que me faltó fue prácticamente ocultarle el pasaporte porque sabía que era una vía peligrosa”.
No tenía claro el itinerario del viaje, solo que su hijastro le aseguraba que no viajaría en camión. El cruce a Estados Unidos estaba previsto hacerlo en Texas.
Casi 1,2 millones de dominicanos viven en Estados Unidos, según el Migration Policy Institute. Representan el 3% de la población migrante en ese país.
La tragedia del 9 de diciembre se produjo después de que se reactivara un polémico programa estadounidense que obliga a los migrantes a esperar en México la respuesta a sus solicitudes de asilo.
Más de 190.000 personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unas 74.300 han sido deportadas.
