La decisión de la Corte se produce luego de que el pasado 8 de abril el Tribunal Electoral anunciara que levantaba el fuero penal contra Martinelli para que fuera investigado por un supuesto delito contra la administración pública.
La Corte había solicitado el 16 de marzo el levantamiento del fuero penal de Martinelli para abrirle una investigación por presuntos hechos de corrupción después de rechazar todos los recursos de la defensa del exmandatario (2009-2014).
Las investigaciones contra Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, se originan en la supuesta sobrefacturación por unos 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para las escuelas del país.
Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), un plan de emergencia para combatir la pobreza y cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.
Guardia y Tamburelli habrían declarado durante los interrogatorios que Martinelli obligaba a firmar los contratos con los presuntos sobrecostos, argumentación que fue confirmada también ante la Fiscalía por el exministro de la Presidencia -encargada del PAN- Jimmy Papadimitriu.
Varios ministros y altos funcionarios de Martinelli, empresarios y un exmagistrado de la Corte -apoyado por el expresidente- están presos o enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
Martinelli siempre ha negado las acusaciones y ha manifestado que todo se debe a una persecución política del actual gobierno en su contra.
