Ya casi nadie está a salvo, afirman analistas y residentes. Ya no son inmunes ni las personas adineradas que desde hace tiempo han menospreciado a la ciudad infestada de pandillas desde sus residencias en las montañas que se elevan sobre Puerto Príncipe.
Los analistas aseguran que las pandillas operan con impunidad en todo Puerto Príncipe y cada vez más en los lugares acaudalados de las partes altas de la ciudad, donde los delincuentes aumentan su control al atacar a policías y destruir estaciones policiacas.
Youri Mevs, la socia gerenta de un parque industrial que vive en las montañas desde donde se puede admirar la ciudad, comentó: “En la actualidad, la seguridad en Haití no es una cuestión de recursos. Es una cuestión de evitar estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Además, el lugar equivocado es casi cualquier sitio, así como la hora equivocada es literalmente todo el tiempo”.
Mevs relató que estaba sacando del país a algunos de sus familiares debido a las inquietudes por la seguridad.
La inseguridad creciente y el colapso generalizado de la ley y el orden han llevado a los funcionarios a tomar la sorprendente medida de decirles a los residentes que deben hacerse cargo de su propia protección y no contar con el gobierno.
Gary Desrosiers, un vocero de la policía, señaló: “Estamos solicitando mayor participación ciudadana”, al citar el ejemplo de un vecindario de Puerto Príncipe donde “la población emprende acciones para prevenir el desorden”.
Los despiadados rasgos distintivos del reinado de las pandillas han avanzado más allá de la capital: más de 200 personas fueron asesinadas en todo el país tan solo en las primeras dos semanas de marzo, la mayoría a manos de francotiradores que disparan al azar a personas en sus hogares o en la calle, según un informe de las Naciones Unidas difundido esta semana.
El asesinato del entonces presidente de Haití Jovenel Moïse en julio de 2021 desestabilizó al país, al empujarlo al terror y el desorden. En efecto, no hay gobierno electo. El primer ministro interino en general se considera un inepto. No hay legislatura desde que los términos de los últimos miembros restantes concluyeron en enero. El poder judicial es visto como corrupto y la fuerza policiaca nacional parece estar al borde del colapso.
Pierre Espérance, el director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, manifestó: “La policía está ausente por completo, las autoridades están ausentes por completo, el gobierno está ausente por completo”.
Un funcionario de las Naciones Unidas en Haití señaló en diciembre que las pandillas controlaban alrededor del 60 por ciento de Puerto Príncipe. Ahora, analistas como Espérance estiman que esa cifra se ha elevado a más del 90 por ciento.
A través de un comunicado, Jean-Junior Joseph, un vocero de Ariel Henry, el primer ministro interino, manifestó: “El gobierno está profundamente preocupado” sobre la violencia. Reconoció que la policía ya no tiene la capacidad de enfrentarse a las pandillas.
En un discurso a las fuerzas armadas pronunciado el viernes, Henry pintó una imagen aleccionadora de la condición del país. Expresó: “La desesperanza alcanza un nivel tal que las hijas y los hijos del país solo consideran su futuro en otro lado”.
La fuerza de la policía nacional se ha reducido de más de 15.000 elementos hace 3 años hasta menos de 9000 en la actualidad, según las Naciones Unidas, después de que muchos agentes renunciaron o abandonaron el país, entre otros factores.
Magali Comeau-Denis, una lideresa del Acuerdo Montana, un grupo de oposición, opinó: “El gobierno al que se le paga para darnos seguridad está dando una declaración clara de que no vamos a protegerte. Cuando me dice que ejerza la autodefensa, me dice que me involucre en una guerra civil contra las pandillas”.
Estados Unidos, Canadá y otros países han brindado ayuda para la seguridad de Haití, incluyendo entrenamiento antipandillas y de policía de élite, así como vehículos blindados. Sin embargo, los policías aseveran que se necesita todavía más para contrarrestar el poder de fuego de las pandillas, que se han armado gracias a cargamentos de armas poderosas traficadas hacia el país desde Estados Unidos, incluyendo ametralladoras, según un informe dado a conocer este mes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En octubre, el gobierno de Henry llamó a una intervención militar externa en Haití para sofocar la violencia, una solicitud extraordinaria que subrayó la situación apremiante en un país profundamente resentido de la intervención extranjera. La oposición política la calificó de un intento de fortalecer el débil derecho al poder de Henry.
Los funcionarios del gobierno de Biden están presionando para reunir una fuerza armada multinacional en Haití, aunque el esfuerzo está estancado, en gran medida debido a que ningún país quiere liderarlo. Los líderes del Ejército estadounidense no quieren que tropas de Estados Unidos sean enviadas a otra misión de mantenimiento de la paz sin fechas establecida tras el retiro caótico de Afganistán en 2021.
Según el gobierno de Biden, Canadá había expresado interés en un papel de liderazgo, pero hace poco el primer ministro Justin Trudeau pareció echarse para atrás, al decirles a los reporteros que la intervención extranjera en el pasado no había funcionado “para crear estabilidad a largo plazo”.
Brian Nichols, el funcionario de mayor rango del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, visitó Haití en fechas recientes y se reunió con Henry y Frantz Elbé, el jefe de la policía nacional. El portavoz de Henry dijo que el encuentro se centró en realizar elecciones nacionales y la necesidad de mayor apoyo internacional para la policía.
La violencia extrema ha tenido un impacto grave en los haitianos más vulnerables. Las pandillas han empleado violencia sexual contra las mujeres y niñas para aterrorizar y presionar a las familias a fin de que paguen rescates por los secuestrados, según un informe de las Naciones Unidas emitido el martes. El informe también señala que muchos niños han sido reclutados a la fuerza por pandillas armadas.
Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria global que está colaborando para mantener funcionando el sistema de salud haitiano, relató que el número de pacientes (incluyendo a niños, mujeres y personas mayores) que llegan a su centro de emergencias con heridas de bala se había elevado en días recientes.
La institución cerró su hospital en Cité Soleil (el barrio pobre más grande del país) este mes debido a que no se podía garantizar la protección de los pacientes y del personal.
Grupos fuertemente armados se enfrentaban a solo unos metros del portón del complejo hospitalario, según Vincent Harris, un asesor médico que trabajó en el hospital.
Harris puntualizó: “Llovían balas por todo el hospital”.
