Las deportaciones causan un “trastorno permanente de la familia” y dejan a las personas expulsadas “sin una posibilidad realista” de reunirse con sus allegados, criticó el abogado Robert Panw.
“Hay violaciones individuales a protecciones garantizadas por derechos laborales, no discriminación, unidad familiar y debido proceso”, señaló por su parte Salvador Sarmiento, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON en inglés).
Es un programa de “criminalización masiva y deportación por emboscada”, afirmó.
El presidente estadounidense, Barack Obama, promueve una reforma a la legislación migratoria, que actualmente está bloqueada en la Cámara baja del Congreso por sus opositores republicanos.
El proyecto, aprobado en junio por el Senado, contempla abrir una vía, bajo estrictas condiciones, a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.
Pero el Ejecutivo ha continuado las deportaciones, que en los cinco años del gobierno de Obama ha afectado a más de dos millones de personas, según los denunciantes.
Obama decretó un programa que exceptúa de deportación a jóvenes estudiantes que fueron llevados ilegalmente al país por sus padres cuando eran niños, y ha exhortado a las autoridades migratorias a enfocarse en las personas sospechosas de crímenes o con antecedentes penales.
Pero las organizaciones advierten que la realidad es distinta.
“Una cosa es lo que el presidente Obama está diciendo y otra cosa es lo que los agentes de migración están haciendo. De nueve casos solo uno es una persona con antecedentes penales“, dijo Sarmiento.
Como en las otras audiencias en las que participó este lunes, la representación de Estados Unidos ante la CIDH alegó que no tuvo condiciones de preparar las respuestas debido al cierre administrativo de parte del gobierno entre el 1 y el 16 de octubre.
El representante adjunto de EE. UU. ante la CIDH, Lawrence Gumbiner, prometió ofrecer sus argumentos por escrito en un plazo de 30 días.
Hasta el viernes 1 de noviembre, la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizará 52 audiencias, de las 217 solicitadas, para evaluar la situación de los derechos humanos en las Américas.
