Internacional
135 presos políticos enviados a Guatemala pierden su nacionalidad y bienes por orden de Daniel Ortega
"Ha sido un golpe duro", declaró uno de los 135 exdetenidos políticos que llegaron a Guatemala desde Nicaragua, al conocer la medida que les dejó sin patria ni patrimonio.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha privado de su nacionalidad a 451 opositores desde 2023. (Foto Prensa Libre: Presidencia de Nicaragua/AFP)
Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a 135 exdetenidos políticos que por mediación de Estados Unidos fueron enviados a Guatemala el 5 de septiembre pasado.
La medida fue anunciada por el poder judicial que justificó que habían sido condenados por “hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense", según un comunicado emitido este 10 de septiembre.
Aunque es una práctica utilizada antes, causó reacciones. "Sabíamos que podía pasar algo así, pero no tan rápido", dijo a la AFP Pedro Gutiérrez, uno de los 135 excarcelados, en la capital de Guatemala.
"Ha sido un golpe duro, sentimos como una espada que nos atraviesa y nos hace sentir impotentes", agregó el exvendedor de autos, quien contó que fue detenido el 11 de febrero de 2023 tras hacer una protesta.
En ese entonces, Gutiérrez protestó en solitario en Managua para exigir la liberación del obispo Rolando Álvarez.
Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, criticó la decisión y lo tachó de "actos inhumanos y crueles" que "sólo sirven para aislar aún más a Nicaragua", expresó en redes sociales.
.@WHAAsstSecty: Mientras otros países ofrecían su apoyo a los 135 nicaragüenses injustamente detenidos tras su liberación, Ortega y Murillo ordenaron que se les despojara de su ciudadanía y les confiscaran sus bienes. Estos actos inhumanos y crueles sólo sirven para aislar aún… https://t.co/QbJcEf6Ek2
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 10, 2024
Por su parte, el gobierno guatemalteco reafirmó su postura y dijo que "la opción de aplicar al asilo que ofrece Guatemala se mantiene" para los 135 nicaragüenses, quienes también pueden optar a refugio en Estados Unidos y otros países.
"Esta resolución [de Managua] es una prueba fehaciente de aceptación del crimen de lesa humanidad de destierro o traslado forzoso y de la persecución política", dijo el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica.
Con esta decisión, llega a 451 la cifra de opositores nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales.
Intensifica la persecución
La ONU denunció que una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, podría intensificar la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger".
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua.
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018.
Desde entonces han sido cerradas unas 5 mil 500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y perdido sus bienes.
Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, Erick Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que "sería un error" si el régimen de Ortega quitaba la nacionalidad a los presos políticos, como en otras ocasiones. Por ejemplo, con la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España.
También fue despojado de su nacionalidad el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-90) y es hoy un crítico de Ortega.
En su informe anual sobre Nicaragua, el Alto Comisionado de la ONU advirtió la semana pasada del "grave" deterioro de la situación de los derechos humanos.
El informe documentó detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos a presos, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa y otros abusos.
Hasta mediados de 2023, figuraban 271 mil 740 nicaragüenses como solicitantes de asilo en el mundo y 18 mil 545 obtuvieron el estatuto de refugiado, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
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