Los trece magistrados de la CSJ resolvieron prohibir las licencias de importación y autorización a personas individuales y jurídicas para la fabricación de estos juegos pirotécnicos, y ordenan al Ministerio de Economía efectuar el control correspondiente.
Aunque años atrás se habían producido incendios, heridos e inclusive fallecidos por la manipulación irresponsable de silbadores, una tragedia desencadenó que se tomaran acciones legales contra estos cohetes para evitar más muertes.
La noche del 24 de diciembre de ese mismo año, cinco hermanos, de entre 2 y 13 años, murieron carbonizados, en el asentamiento Santiago de los Caballeros, zona 6, cuando un silbador provocó un incendio en su humilde vivienda.
El hecho causó conmoción en el vecindario y en el país ya que un día que se suponía era de fiesta terminó en una gran tragedia. El día del entierro de las víctimas el clamor de la familia era el de prohibir los silbadores.
El gobierno manifestó su interés en presentar una iniciativa de ley al Congreso para que prohibiera el uso de los juegos pirotécnicos, sin embargo la iniciativa la tomó la PDH al presentar el recurso legal para que cobrara vigencia inmediatamente.
El día 30 de diciembre en operativos conjuntos las fuerzas de seguridad y de la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco, advirtieron a los vendedores de juegos pirotécnicos la prohibición de comercializar los silbadores. Los vendedores que no retiraran los productos del mercado serían sancionados con multas que van desde Q25 hasta Q1 mil 990 además del decomiso de la mercadería.
A pesar de la medida legal de la prohibición de los silbadores, aunque provisional, no detuvo que ocurrieran más tragedias, ya que el 20 de noviembre de 2006 un incendio provocado por la quema de estos petardos dejó como saldo 18 personas fallecidas y la destrucción de 132 locales en el Mercado de la Terminal, zona 4.
Un año después, el 13 de noviembre de 2007, la CSJ levantó la prohibición sobre los silbadores bajo el argumento de que no se podía limitar las actividades comerciales, a solicitud de la Asociación de de Industria Pirotécnica.
Tras una batalla legal el 13 de diciembre de 2007 la Corte de Constitucionalidad resolvió en definitiva prohibir la importación, producción, distribución y comercialización de silbadores.
Desde entonces cada año la Diaco se encarga de realizar operativos para supervisar las ventas de juegos pirotécnicos y evitar la comercialización ilegal de silbadores, estando sancionada por una multa de hasta Q50 mil.
