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1998: reo libera a rehenes y se explota dentro de patrulla

Fue noticia el 7 de julio de 1998 el secuestro de dos oficiales del Juzgado de Primera Instancia de Amatitlán por parte de un reo procesado por homicidio, cuyo desenlace fue fatal.

Portada de Prensa Libre del 7 de julio de 1998 informando sobre el secuestro de dos funcionarios judiciales por parte del reo José Eduardo Hernández. (Foto: Hemeroteca PL)

Portada de Prensa Libre del 7 de julio de 1998 informando sobre el secuestro de dos funcionarios judiciales por parte del reo José Eduardo Hernández. (Foto: Hemeroteca PL)

El recluso José Eduardo Hernández Martínez procesado por asesinato tomó, desde el medio día del lunes 6 de julio de 1998 de rehenes a dos oficiales del Juzgado de Amatitlán identificados como Marvin Bozarreyes y Esmeralda Orozco. 

Ante la perpejlidad de decenas de personas el reo sacó de sus ropas una granada de fragmentación y tomó como garantía a los oficiales del juzgado mientras exigía su libertad inmediata bajo la amenaza de hacer detonar el artefacto explosivo.

En forma aún inexplicable para las autoridades, amarró de las manos a los rehenes con los cordeles que se usan para sujetar los expedientes, luego de lo cual trató de huir. Corrió varias cuadras junto a los rehenes, hasta llegar a la 10a. avenida y 2a. calle del barrio San Lorenzo, donde fue copado por la Policía. 


Hernández retiró la espoleta de la granada y amenazó reiteradamente con hacerla explotar si no lo dejaban libre.
Mientras se desarrollaban infructuosas negociacioens con el director de la Policía Nacional Civil, Ángel Conte Cojulún, durante las cuales Hernández Martínez exigía un vehículopara completar su escapatoria, la sicóloga Jeaneth Ríos, de la Polcía, intentó persuadirlo, sin lograrlo, pues también fue tomada como rehén, a eso de las 19.30 horas.

Cientos de curiosos rodeaban la cuadra donde se llevaban a cabo los sucesos, a pesar de que la Policía mantenía acordonado el lugar por prevenir cualquier incidente, sin que se avizorara una solución.

Más de 50 agentes de la Fuerza Especial Policial, FEP, destacados en el lugar, resguardaban el orden y solicitaban la evacuación de los curiosos para evitar una posible tragedia. El reo iba a recibir la notificación de la fecha de apertura a juicio, se informó en los tribunales. 

Después de 12 horas de tirantez y vanas negociaciones, Hernández Martínez continuaba con sus exigencias y no desistía de mantener a las tres personas retenidas. Al cierre de la edición de ese día el director de la PNC, Ángel Conte se encontraban aún negociando y manejando el asunto con delicadeza para evitar un fatal desenlace.

Antecedente criminal

El reo Hernández Martínez enfrentaba un proceso penal por los delitos de secuestro y asesinato. Fue detenido en 1997 y se le acusó de que junto a otros cuatro sujetos participaron en el plagio y posterior asesinato de Leydi Esmeralda Castañeda Chacón. La víctima apareció sin vida en inmediacioens del parque Naciones Unidas, Amatitlán.


Las evidencias aportadas por el Ministerio Público únicamente permitieron al juzgado dictar apertura a juicio en contra de Hernández por la muerte de la joven. En el caso de los otros detenidos irían a debate, pero por encubrimiento.

A criterio de la Fiscalía de Amatitlán, el recluso presentaba características propias de un sicópata, además de un récord delictivo voluminoso. La hermana menor de Hernández Martínez comentó que éste se comportaba normal de niño, además relató que hizo el intento por convencerlo de que se entregara a las autoridades pero no le hizo caso.

Desenlace

A las 4.50 horas del 7 de julio, Hernández Martínez logró que se le proporcionaran un vehículo y pidió al comisario Julio César Lone, quien iba de piloto, que se dirigiera a Puerto de San José. 

Al llegar al kilómetro 76, Lone detuvo la marcha del picop de la PNC y le dijo: “Si querés tu libertad, pelate ahorita”. 

Pero el reo, quien aún permanecía bajo los efectos de la droga que había consumido por la madrugada, prefirió continuar en el automóvil con los rehenes que ya se veían agotados por la intensa jornada. 


Eloísa Martínez, madre del reo, llegó a las 7.30 horas para convencerlo de que se entregara, pero éste se negó y le pidió que se retirase. 

A las 8.30 horas, se presentó personal de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, Minugua, con el objetivo de ayudar en las negociaciones, labor que sin embargo, no fructificó en ese momento.

Durante 22 horas, el reo Hernández Martínez decía constantemente: “Mi vida no vale nada”, y estaba dispuesto a quitársela junto con sus rehenes, con la amenaza de detonar la granada.

El desenlace faltal ocurrió a las 10.12 horas, en el kilómetro 76 de la ruta a Puerto Quetzal, donde primero liberó a sus víctimas y luego hizo estallar la granada. En prevención de que aún estuviera con vida, el comisario Ramiro Florián le disparó varias veces al picop donde yacía el cuerpo del reo. 

Sistema vulnerable

El incidente puso en evidencia la endeble seguridad y la escasa capacidad de reacción del Sistema Penitenciario guatemalteco ya que en esos días se habían registrado cinco casos de agresiones físicas y verbales en contra de testigos, policías, fiscales y jueces, protagonizadas por reos que asistían a los tribunales.


Casos sonados fueron los del reo Napoléon Soriano, de la banda AR-15, quien se fugó durante una diligencia judicial; también Víctor Ibarra, alias “el Canguro”, escapó de sus guardias cuando se dirigía a un juzgado. Marlon Oliver Salazar mató a un policía cuando rescataba a su hermano de un hospital, donde éste estaba detenido.

Otros hechos similares se producirían años después ya que aún persiste el traslado de reos hacia los juzgados y hospitales públicos, quienes han protagonizado hechos armados que han tenido como consecuencia muerte de terceras personas y hasta mismo personal penitenciario, a pesar de que han aumentado las medidas de seguridad. 

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