Un mes después, el 23 de febrero de 2004 se conocía sobre un desfalco de por lo menos Q60 millones, provinientes de impuestos por parte de Abadío Molina.
La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó una denuncia en el Ministerio Público el 20 de febrero, por lo que de inmediato se inició la investigación por lavado de dinero. Las primeras revisiones de los documentos presentados a la Fiscalía sorprendieron a los investigadores. Existía cierto temor de que el fiscal general del Ministerio Público (MP), Carlos de León, obstaculizara el caso por la amistad que tenía con el acusado.
Operación Abadío
Prensa Libre realizó en ese entonces una investigación en la SAT y estableció el procedimiento utilizado, algo que para algunos empleados se conoció como “Operación Abadío”.
Abadío, en contubernio con sus hijos Byron y Junior, montaron una red de 24 personas, en su mayoría mujeres. Entre los implicados figuraban familiares, como el hermano del ex funcionario, Miguel Ángel Abadío Molina, esposas, nueras y algunos amigos.
Estas personas reportaron que vendieron o prestaron servicios a la SAT, sacaron el dinero de las arcas de la institución y lo colocaron en sus cuentas personales en bancos privados, para luego trasladarlo a depósitos de Abadío y su familia. Por ejemplo, una de las colaboradoras fingía que vendía cortinas a la SAT y cobró una factura por Q3 millones.
El dinero era depositado en la cuenta personal de la supuesta vendedora. Pasados dos o tres días, ésta trasladaba los fondos a alguna cuenta personal de Abadío o de sus hijos, y se quedaba con una jugosa comisión. En este ejemplo, si la colaboradora recibía por su supuesta venta Q3 millones, se quedaba con unos Q200 mil.
En ocasiones, las compras o servicios fueron fingidos; en otros, los precios sobrevaluados. Varias de estas operaciones fueron respaldadas con facturas de las empresas de la familia Abadío.
Las cuentas
Según la denuncia que se presentó al MP, parte del dinero se encontraba distribuido en diferentes bancos del sistema, en depósitos a plazo fijo. Prensa Libre estableció que a nombre de Junior Vinicio Abadío Carrillo se detectaron poco más de Q20 millones de lo saqueado; mientras, en dos de las cuentas de Abadío se logró rastrear al menos Q5 millones.
El resto del dinero se distribuyó en las cuentas de Byron René Abadío Carrillo y otros familiares. Empleados de la SAT aseguraban que el plan de saqueo comenzó el mismo 25 de octubre de 2002, cuando Abadío fue nombrado para dirigir esa institución.
Mientras el ex funcionario manejó la SAT, nunca se alcanzó la meta de recaudación. Antes de hacerse cargo de la SAT, Abadío fue Contralor General de Cuentas por cuatro años, y durante toda su gestión fue señalado de anomalías.
Obstáculos
Investigadores del MP comentaron que esperaban que De León Argueta, fiscal general, no entorpeciera las investigaciones contra Abadío Molina, como lo había hecho en otros casos.
De León Argueta anunció en conferencia de prensa que embargaría las cuentas y otros bienes de Abadío un día antes. “No se le avisa a un sospechoso que se le va a capturar un día antes, para darle tiempo a que se fugue”, afirmó uno de los investigadores.
Esta no era la primera vez que se señalaba a De León de obstaculizar investigaciones de corrupción. Por ejemplo, en el desfalco millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, De León habría encubierto la participación de Óscar Dubón Palma, contralor general en ese entonces, quien fue denunciado en este caso por haber recibido dinero de una de las empresas involucradas en esa estafa.
Otros casos en los que se le señaló de haber intervenido fue en el caso Panamá, donde se involucró al ex presidente Alfonso Portillo; el ex vicepresidente, Juan Francisco Reyes, y algunos de sus colaboradores. Se criticó también la lentitud en el caso del Jueves Negro, cuando las hordas del Frente Republicano Guatemalteco tomaron violentamente la capital, para exigir la inscripción de su líder Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia.
Otro funcionario que también fue señalado por su poca acción en el caso del saqueo en la SAT fue el contralor general de cuentas, Óscar Dubón Palma, ya que no dio ninguna alerta sobre el desfalco, tal y como pasó con el caso del IGSS, a pesar de contar con una delegación en esas instalaciones.
Proceso
Al presentarse la denuncia en el MP se inició el proceso judicial y se dictó arraigo, embargo de bienes y de cuentas bancarias de Abadío Molina. Desde su renuncia a la SAT en enero de 2004 no se sabía nada de él hasta el 14 de julio del mismo año, día en que fue caputrado en una residencia de la zona 17.
La investigación reveló finalmente que Abadío Molina lavó dinero por Q64.5 millones y extendió el proceso en contra de sus hijos, Junior Vinicio y Byron Abadío Carrillo, Carlos Barrera Rodas, ex subgerente de la SAT; Carlos Lucero Paz, Alba de León Chávez y Ana Angélica Díaz Fajardo. El grupo se encontró en prisión durante el juicio.
El 7 de febrero de 2007 empezó el juicio por el saqueo en la SAT en contra de los Abadío y compañía. Los delitos que se les imputaron fueron los siguientes: Marco Tulio Abadío Molina, concusión, fraude, peculado y lavado de dinero; Junior Abadío Carrillo, caso especial de estafa y lavado de dinero; Byron Abadío Carrillo, lavado de dinero, Carlos Lucero Paz, ex asesor jurídico de la SAT, incumplimiento de deberes y usurpación de atribuciones; Ana Angélica Díaz y Alba Alicia de León, propietarias de las empresas donde Abadío aparentemente efectuaba compras para la SAT, lavado de dinero.
El 20 de abril de 2007 Abadío Molina fue condenado a 30 años de prisión y al pago de Q24 millones por responsabilidades civiles, una multa de Q90 mil, por concusión, fraude y lavado de dinero. Sus hijos Junior y Byron a 15 y 6 años de cárcel, respectivamente. A Barrera Rodas se le impuso una pena de 6 años y 6 meses, al igual que a Ana Angélica Díaz Fajardo.
Carlos Lucero Paz y Alba de León Chávez fueron absueltos porque no se comprobó su participación en los delitos.
La defensa de los acusados apeló la sentencia, pero esta quedó en firme el 7 de enero de 2008. El hijo de Abadío Molina, Junior, recobró su libertad en 2010 al haber cumplido la mitad de su condena y tras haber solicitado la redención de la pena.
Por su parte el ex jefe de la SAT, Marco Tulio Abadío recuperó su libertad por “buena conducta” el 19 de abril de 2017.
