Esa tensión llevó al mandatario a decir anoche que podría remover al jefe del Ministerio Público, para no perder “la buena relación” que tiene con la comunidad internacional.
La situación se complicó desde el mediodía, cuando Castresana ofreció una conferencia de prensa en la que anunció su dimisión como jefe de la Cicig y aseguró que había tomado esa decisión por el nombramiento de Reyes como fiscal general, de quien dijo que “tiene historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”.
Expresó que la designación de ese funcionario fue producto de pactos entre despachos de abogados dedicados a adopciones ilegales y defensa de narcotraficantes. “Grupos criminales que están enfrentados entre sí han cerrado filas contra la Comisión porque han entendido que el peligro era compartido y común (…) y la forma que encontraron para detener la acción de la Cicig fue destruir mi imagen, recuperar los espacios perdidos y la filtración de estructuras criminales en las instituciones de justicia”, aseveró Castresana.
Puntualizó en que las estructuras criminales iniciaron estos ataques porque habían perdido espacios de poder en el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario.
De acuerdo con Castresana, el temor de estos grupos aumentó por el trabajo que está efectuando la Cicig en el país, el cual resumió en 140 órdenes de captura. “Por primera vez en la historia de Guatemala, la Cicig toca a los intocables, acusa y encarcela a personas que hasta ahora habían estado por encima de la ley”, enfatizó.
Las campañas
Castresana aseguró que la campaña de los grupos paralelos para detener el accionar de la Cicig se intensificó el 26 de enero último, después de la detención del ex presidente Alfonso Portillo. Identificó tres diferentes campañas de desprestigio. En la primera incluyó a profesionales de mercadeo que pretenden destruir su imagen, para que la Cicig desaparezca. La segunda la describió con ataques sistemáticos contra su vida privada, que calificó de falsedad, pero se abstuvo de dar detalles.
“Hay filtración interesada de información confidencial de nuestras investigaciones antes de que podamos desarrollar las acciones procesales y penales oportunas en la desarticulación de esas estructuras criminales”, expresó. Para ello, señaló, estos grupos han activado sus mecanismos de infiltración en las instituciones de justicia, que incluso podrían estar dentro de la misma Cicig.
“También se evidenciaron otras conductas complementarias de descrédito, desgaste y hasta chistes con el mismo objetivo”, comentó. Castresana acusó a diputados de estar vinculados con estos grupos, que han pretendido obstruir el trabajo de la Comisión para combatir la impunidad en el país.
Reveló que esa acción se evidencia en el Legislativo con la congelación de 11 iniciativas de ley propuestas por la Cicig, las cuales fueron excluidas de la agenda y a la fecha no se ha programado su discusión. “Retiraron la financiación para el sistema de seguridad y justicia, y el ejemplo más evidente fue la aprobación de Q4 mil 500 millones en bonos del Tesoro, de los cuales no se destinó nada para este sector”, aseveró.
Castresana aseguró que a ello se suma la falta de ejecución de los compromisos pendientes, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Cicig y la cárcel de alta seguridad. “La única manera de frenar esa campaña de descrédito y de desgaste a la Comisión es relevar al individuo (…) La regla de la ONU señala que cada dos años se tiene que relevar a los jefes de misión, más aún cuando se trata de exposiciones de alto riesgo y desgaste”, expuso.
Agregó: “A nivel personal siento que ya no puedo hacer más por Guatemala que lo que he hecho en estos dos años y medio, y la convicción que me llevó ante el secretario de la ONU a presentar mi renuncia fue que le sirvo más a Guatemala y a la Cicig afuera que dentro”.
El jefe de la Cicig afirmó que dimitió a la Cicig ante Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, el 4 de junio último, en Nueva York. En un comunicado, Ki-Moon manifestó que procederá al nombramiento del sustituto de Castresana, a efecto de que la Cicig continúe con los logros alcanzados en el país.
Instó a las autoridades guatemaltecas a brindar el apoyo necesario para que el nuevo comisionado finalice el mandato de la Cicig, en septiembre del 2011.
Pide renuncia del Fiscal
Castresana manifestó que tiene la responsabilidad de que los grupos criminales no recuperen el terreno perdido, por lo que aseguró que el domingo último le pidió al presidente Colom la destitución de Reyes como fiscal general.
“Pedimos al presidente la destitución del fiscal general, Reyes, porque no es la persona que el MP necesita. (…) Es una persona que tiene récord de corrupción en su historia personal, y en el tiempo que ha estado al frente del MP, ha mostrado compromisos particulares, y no con el estado de Derecho y con los intereses de los guatemaltecos”, añadió.
Castresana aseguró que la primera acción que efectuó Reyes fue contratar para el servicio de seguridad del MP a personas vinculadas con Carlos Quintanilla, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, quien está procesado por espionaje.
“Esas personas han tomado el control inmediato de las escuchas telefónicas, principalmente las que persiguen a los sindicados de narcotráfico, así como el control de la Fiscalía Especial para la Cicig, tomando de antemano el archivo de algunas acusaciones; por ejemplo, la que se dirige contra Álvaro Matus —ex fiscal de Delitos contra la Vida—”, denunció Castresana.
A ello se suma, comentó, el desmantelamiento del equipo profesional que había producido los resultados en las investigaciones del 2009. Castresana también pidió a la Corte de Constitucionalidad resolver en definitiva varios amparos, para dejar sin efecto la nómina de los seis candidatos, entre los que fue electo Reyes como jefe del MP.
¿Camino a la destitución?
Después de la dimisión de Castresana, unos cien activistas de sectores sociales se reunieron frente a la Casa Presidencial para manifestarle su apoyo y exigir la destitución de Reyes. Representantes de esos grupos, entre ellos Rigoberta Menchú, Helen Mack, Iduvina Hernández y Norma Cruz, ingresaron en la residencia oficial para hablar con el presidente Colom, a quien le reiteraron su demanda de destitución de Reyes, a quien calificaron de “fiscal de la impunidad”.
Posteriormente, el gobernante aseguró que la salida de Reyes dependerá de un informe circunstanciado que le solicitó al fiscal general para hoy respecto de los señalamientos de Castresana, así como de dos reuniones consultivas que sostendrá también este día.
“Los señalamientos son para tomarlos en serio, y habrá que esclarecer lo que haya que esclarecer. (…). Sus declaraciones son muy duras”, expresó el mandatario, visiblemente tenso.
Aseguró que la renuncia de Castresana significará una “reflexión” para los tres poderes del Estado y un llamado “a la conciencia” del sistema y aparato de justicia.
“A veces no se puede hacer todo lo que solicitan”, dijo. Colom informó que instruyó al embajador guatemalteco en las Naciones Unidas para que informe que el país continúa apoyando a la Cicig, y que se espera a una persona idónea. El gobernante no quiso precisar con quiénes serán las dos reuniones, aunque una fuente cercana a la Presidencia aseguró que una de ellas es con la comunidad internacional, con la que, resaltó Colom, “tiene una buena relación”.
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Casos trascendentales
Estos son algunos de los casos a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) durante la dirección de Carlos Castresana.
- CASO PORTILLO: El ex presidente Alfonso Portillo está detenido por el delito de peculado de Q120 millones y es reclamado por las autoridades de EE. UU. y Francia, que lo sindican de conspiración para lavado de dinero.
- ASESINATO ROSENBERG: La Cicig investigó el crimen contra Rodrigo Rosenberg, quien dejó un video en el cual acusaba del hecho al presidente Colom y a otros funcionarios. Las pesquisas de la Cicig señalan que Rosenberg planificó su muerte.
- ESTRUCTURAS: En 11 meses de investigación, la Cicig desarticuló una estructura clandestina dedicada al tráfico de drogas incrustada en la Policía. Fue detenido Baltazar Gómez, ex director de esa institución.
- LIMPIEZA EN EL MP: La depuración en el Ministerio Público se inició con el proceso contra el ex fiscal Álvaro Matus, a quien la Cicig sindica de haber obstruido el caso del crimen contra Víctor Rivera, ex asesor de Gobernación.
- MAFIA: Cuatro meses después de la masacre de 15 nicaragüenses, ocurrida en el 2008, en Zacapa, la Cicig y la Fiscalía descubrieron la mafia responsable. Se solicitó la captura de 11 personas.
- MILITARES: Al menos 13 militares y ex funcionarios del gobierno de Portillo están ligados al caso del desvío de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, entre ellos Eduardo Arévalo Lacs y Enrique Ríos Sosa.
- CASO RIVERA: Dos años después del crimen, fue capturado en EE. UU. Juan José Vásquez, ex policía privado, sindicado de haber ultimado a Víctor Rivera. La Cicig reunió las evidencias.
- PROCESOS DE ELECCIÓN: La Cicig ha participado en los procesos de elección para magistrados del Organismo Judicial, fiscal general y director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Ha vetado a candidatos no idóneos.
Perfil
Carlos Castresana ha tenido una larga carrera judicial. Nació en Madrid, España, en 1957.
De 1995 al 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción. Fue miembro por oposición de la Carrera Fiscal en su país y en el 2005 recibió el nombramiento de fiscal del Tribunal Supremo de España.
En septiembre del 2007, el secretario general de la ONU lo designó como jefe de la Cicig, cargo al cual renunció ayer.
