Nuestro análisis comparó las tasas de infección estimadas en los centros de detención del ICE con las tasas de infección en las prisiones y entre la población general. Cuando los casos de covid-19 aumentaron el pasado mes de junio, los centros de detención del ICE tenían una tasa de infección promedio cinco veces mayor que la de las prisiones y veinte veces mayor que la de la población general.
Para entender los riesgos que suponían las instalaciones del ICE, hablamos con exdetenidos, científicos de datos, abogados, funcionarios del condado y la familia de un antiguo contratista del ICE sobre la propagación de la COVID-19 dentro y fuera de los centros de detención de esta agencia. También revisamos documentos judiciales, registros médicos de los detenidos e informes de inspección del gobierno desde junio de 2020 hasta marzo de 2021. Esto es lo que encontramos.
Sandra Esqueda, anteriormente detenida por el ICE
Sandra Esqueda lleva más de 30 años viviendo en Estados Unidos y aquí crecieron sus siete hijos. Es una inmigrante mexicana y vive en el país de manera ilegal.
En abril de 2020, Esqueda regresaba de una vacación familiar cuando fue detenida en un punto de revisión migratoria en Nuevo México.
La llevaron al Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso, un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde estuvo durante casi siete meses.
“Cuando llegué ahí, no había distanciamiento social. Nadie usaba cubrebocas”, recordó. “La mayoría del tiempo, había entre 40 y 50 personas en el mismo recinto”.
Los detenidos denunciaron condiciones similares en las instalaciones de todo el país como parte de una demanda federal. Apenas unos días antes de la detención de Esqueda, un tribunal federal dijo que el ICE mostraba una “indiferencia insensible” hacia la seguridad y el bienestar de sus detenidos y ordenó a la agencia que empezara a liberar a las personas que corrían un mayor riesgo de morir a causa del covid-19.
En una declaración, el ICE nos dijo que había trabajado para reducir la cantidad de las personas que se encontraban bajo su custodia y afirmó haber tomado extensas medidas para salvaguardar a los detenidos, al personal y a los contratistas. Sin embargo, abogados y activistas dijeron que a los detenidos se les negó la liberación de manera sistemática hasta el verano de 2020.
Rosa De Jong, asistente legal del Centro de Defensa del Inmigrante de Las Américas, trabajó para liberar a Esqueda: “Sabía que iba a contagiarse”, dijo De Jong. “Solo que no sabía si podría sacarla antes de que sucediera”.
Esqueda empezó a presentar síntomas de COVID-19 en septiembre de 2020. Acudió a la clínica el 11 de septiembre, donde dijo que había tenido fiebre la noche anterior y que se sentía mal, pero le negaron la prueba de COVID-19 y la enviaron de vuelta a los dormitorios. Le hicieron la prueba cinco días después. Los resultados fueron positivos.
“Todo el mundo se infectó”, dijo. “Eran más de 25 chicas”.
Nataly García, hija de una exenfermera
“Nunca imaginé que sucedería esto”, comentó Nataly García. “Que perdería a mi madre a causa de esto”.
Durante 20 años, la madre de Nataly García, Blanca García, trabajó como enfermera en el Centro de Detención del Condado de Webb en Laredo, Texas, una instalación de ICE gestionada por el contratista privado CoreCivic.
“Quería ser enfermera por ella, que era mi gran inspiración”, dijo García mientras contenía las lágrimas. “Ella era mi mejor amiga y hablábamos de todo”.
Su madre enfermó de covid-19 en agosto de 2020, poco después de que el centro de detención fuera puesto en cuarentena obligatoria debido a un brote entre los detenidos. Blanca García murió pocas semanas después.
En la mesa de la cocina en la casa de sus padres, Nataly García colocó una bolsa biomédica con las pertenencias que se encontraban en el casillero de su madre, que le entregó CoreCivic. En su interior —una cápsula de tiempo de la pandemia y de la carrera de su madre en la empresa—; entre otros artículos, había un cubrebocas con manchas de maquillaje, un certificado de empleada del mes y una tarjeta de “Recupérate pronto” de sus compañeros de trabajo.
Tras la muerte de su madre, García se puso en contacto con CoreCivic para solicitar la indemnización para los trabajadores, que le pagaría una pensión vitalicia a su padre. Sin embargo, el proveedor de seguros de la empresa negó la solicitud, dado que concluyó que no había una “relación causal” entre el diagnóstico de covid-19 de su madre y su empleo en CoreCivic.
“Ella tenía turnos de doce horas, tres días a la semana”, comentó García, quien recordó que su madre salía de la casa solo para ir a trabajar, mientras ella y su padre se quedaban en casa.
“Que alguien nos diga lo contrario, que no se enfermó por el trabajo”, dijo García, “es como una bofetada”.
CoreCivic enfrenta al menos tres demandas de exempleados que afirman que la empresa los puso en peligro al no seguir los protocolos básicos contra la COVID-19. La empresa ha negado las demandas; también se negó a comentar las circunstancias específicas de la muerte de Blanca García, pero dijo que no había encontrado indicios de que hubiera contraído el virus en el trabajo.
Su hija está trabajando con un abogado especializado en indemnizaciones laborales para presentar una apelación.
José Asunción, comisionado del condado de Frío
En abril de 2020, no había casos documentados de covid-19 en el condado rural de Frío en Texas.
“Pero luego los casos comenzaron a presentarse solo en el centro de detención”, explicó José Asunción, comisionado del condado.
El condado de Frío tiene una población de unos 20.000 habitantes, pero alberga dos instalaciones de detención de ICE.
Para el 5 de mayo de 2020, se tenía conocimiento de diez casos de COVID-19 en el condado, todos vinculados con el Centro de Procesamiento del ICE del sur de Texas. Tres días después, el número de casos se había triplicado.
“Era evidente que el ojo el huracán era el centro de detención” afirmó Asunción. “Y era inevitable que se extendiera a la comunidad”.
En una medida poco habitual, Asunción y otros ocho funcionarios locales escribieron una carta abierta al grupo GEO, la empresa penitenciaria privada que el ICE contrata para gestionar el Centro de Procesamiento del Sur de Texas.
“Lo primero que queríamos era solo información”, dijo Asunción. “Y no estábamos recibiendo ninguna respuesta”. Y añadió: “El único recurso que teníamos era la presión pública”.
La carta incluía una lista de 20 preguntas sobre las pruebas, el equipo de protección individual y los protocolos de seguridad de los empleados. La empresa respondió en una breve carta, en la que confirmaba que cinco empleados de las instalaciones habían dado positivo por covid-19, pero no facilitó ninguna de las demás cifras que Asunción y sus colegas habían solicitado. GEO es una empresa privada y no está obligada a hacer pública esta información.
En un comunicado, GEO dijo que la empresa ha seguido las directrices del ICE y de los CDC y divulgó toda la información relacionada con la COVID-19 a los funcionarios de salud locales y al ICE. Asunción dijo que nunca recibió las actualizaciones que él y sus colegas solicitaron a la empresa.
“Hay mucha gente que ve el problema que suponen estas prisiones privadas”, comentó Asunción. “Pero, ¿quién quiere poner en riesgo lo que otras personas ven como una oportunidad? ¿Quién quiere poner en peligro su propio trabajo?”, preguntó.
En julio, el condado de Frío se encontraba entre los peores condados del país en cuanto a la COVID-19. Hoy, uno de cada siete residentes se ha infectado.
