En el caso del ex presidente Álvaro Colom, el 14 de julio de 2008 se publicó la encuesta que evaluó sus primeros seis meses en el Ejecutivo. La mayoría de los ciudadanos encuestados consideraron que hizo menos de lo esperado y que no había cumplido sus promesas. La nota periodística interpretando los resultados destacaba:
El desánimo parece haber calado en la población guatemalteca, cuyo 87 por ciento opina que el país va por mal camino. Este pesimismo se traslada a la opinión que tienen del gobierno de Álvaro Colom en sus primeros seis meses, el cual es desaprobado por 68.5 por ciento de los encuestados.
Aunque los funcionarios públicos consideran que seis meses es muy poco tiempo para poder evaluar su trabajo, el 64.8 por ciento de los entrevistados opinan todo lo contrario, que ya se deberían ver cambios positivos, frente a 35.3 por ciento que lo consideran algo apresurado.
Pareciera, por las respuestas de la encuesta, que los guatemaltecos se han vuelto más exigentes o que se les ha terminado la paciencia.
En el área rural, los porcentajes de negativismo son mayores, y la gestión del mandatario sale peor evaluada en el campo que en la ciudad, a pesar de que el bastión de voto de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha estado siempre en la provincia.
Mientras 85.7 por ciento general dice que el presidente ha hecho menos de lo que esperaban, en el área rural sube el porcentaje dos puntos. Lo que podría entenderse, unido a otras respuestas que van en la misma tónica —subidas de dos puntos en el nivel de exigencia del área rural sobre la urbana—, como mayor esperanza de la gente del campo en la administración de la UNE.
Igualmente sucede cuando se analizan por separado respuestas de indígenas y de ladinos. Aunque Colom se ha mostrado públicamente muy cercano a las demandas de los pueblos indígenas, éstos se sienten decepcionados por la falta de cumplimiento de las promesas de campaña.
El 79.3 por ciento de los entrevistados asegura que Colom no ha cumplido con lo prometido, pero el porcentaje sube un punto entre los indígenas, y entre los ladinos, baja. La misma línea sigue la respuesta sobre la gestión del presidente, la cual es mejor vista entre ladinos que entre indígenas, con tres puntos de diferencia entre ambos colectivos.
La gestión de Colom es calificada como regular por 67 por ciento. Aunque también habría que destacar que el 55.3 por ciento de los encuestados le da poca importancia a las decisiones o actividades del mandatario, frente a 43.8 por ciento que afirma que sí la tiene.
A medida que disminuye la escolaridad de los entrevistados, se reduce la importancia que le dan al presidente.
Poca definición entre errores y aciertos de Colom
Los encuestados no tienen mucha claridad sobre la gestión gubernamental, así que no han podido responder con certeza cuál ha sido la mejor acción de esta administración en los últimos seis meses.
El 58.9 por ciento no puede identificar ningún logro; 14.8 por ciento no sabe o no responde, y los pocos que dan una respuesta positiva no superan 3 por ciento por respuesta. Aún así, entre ese reducido baremo de 3 por ciento, se encuentra combatir la delincuencia y ayudar a los pobres.
Si se tienen en cuenta solo las repuestas de los indígenas o de las personas mayores de 56 años, hay un poco más de reconocimiento por las medidas para luchar contra la pobreza.
Pero ni siquiera al analizar las respuestas por nivel de escolaridad de encuestados hay diferencias sustanciales. Los universitarios responden en 4.6 por ciento que el logro ha sido intervenir en la educación, pero las demás respuestas son igual de vagas que las de los encuestados con escasa escolaridad.
Cuando la pregunta se realiza a la inversa, es decir, qué es lo peor que ha hecho el gobierno de Álvaro Colom, curiosamente las respuestas son las mismas, pero ahora sí, en mayor porcentaje de certidumbre.
Veintidós por ciento dice que el alza de la canasta básica, 13.5 por ciento, el incremento de la violencia y 7.4 por ciento, no cumplir con sus promesas.
El porcentaje más alto de respuesta es la de no sabe o no responde, con 25 por ciento de la muestra.
En el área rural, como ya ha quedado reflejado en encuestas previas, lo recriminan más por el alto costo de vida que por la inseguridad, mientras en el área urbana ambos problemas están casi al mismo nivel.
La situación económica mundial ha entrado en un período difícil y se ha reflejado profundamente en Guatemala, sobre todo, en las familias de escasos recursos. El 93 por ciento de los entrevistados asegura que ha tenido que ajustarse el cinturón en los últimos meses. El porcentaje aumenta a medida que disminuyen los ingresos de los encuestados, pero se puede determinar que la gran mayoría de la población ha sentido la crisis.
La diferencia entre las áreas urbana y rural también se hace notar, con seis puntos de diferencia entre ambas, de las cuales la rural es la más afectada por el alza.
Unido a esto, el 83.4 considera que la administración de Colom le falta mucho por hacer para paliar los efectos de esta crisis, frente a 16.3 por ciento que dice que ha hecho todo lo posible.
En relación con la reforma fiscal, la respuesta a si estaría dispuesto a que se aumentaran impuestos para poder recibir mejores servicios básicos es no entre el 86.3 por ciento, frente a un 13.6 por ciento que estaría de acuerdo. No obstante, la medida es más favorable a mayor nivel educativo del encuestado.
Ven incremento en inseguridad
Para la mayoría de los entrevistados, el Gobierno no ha hecho mucho por paliar los problemas del país, que siguen siendo, en su mayoría, los mismos. La inseguridad es lo único en que ven cambios: ésta ha aumentado en los últimos meses, consideraron.
A pesar de que en la última campaña electoral el presidente Álvaro Colom prometió combatir la violencia “con inteligencia”, y que los cambios se percibirían en las zonas rojas a partir del quinto mes de su administración, para 47.75 por ciento de encuestados este sigue siendo el principal problema del país.
El 69.9 por ciento de entrevistados estimó que en los últimos seis meses la delincuencia ha aumentado; 24.5 por ciento, que sigue igual, y solo 4.8 por ciento que ha disminuido. La percepción de inseguridad es mayor entre los ladinos (72.7 por ciento), los mayores de 56 años (75.9 por ciento), las mujeres (70.8 por ciento) y quienes habitan en áreas urbanas (74.2 por ciento).
En relación con los secuestros, 42.8 por ciento opinó que también han ido en aumento; 41.6 por ciento, que siguen igual que antes, y 12 por ciento, que han disminuido. En este caso, es en el área rural donde más han impactado, pues 46.1 por ciento aseguró que se han incrementado y 43.8 por ciento, que siguen igual. En el sur del país, 61.8 por ciento afirmó que hay más secuestros que antes, y, en el altiplano, 53.2 por ciento.
En el combate contra el narcotráfico tampoco se perciben logros significativos, pues 45 por ciento ve que este problema sigue igual que antes, y 39 por ciento, que ha aumentado. En el sur del país, 50 por ciento estimó que ha empeorado, y en el altiplano, 48.2 por ciento. Solo 11.2 por ciento consideró que el narcotráfico ha disminuido.
Tareas pendientes de Colom
Durante la campaña, Colom ofreció combatir la inseguridad con el incremento de las oportunidades laborales y el acceso de la población a los servicios básicos, como salud y educación. Para el 56.3 por ciento de la población, la cobertura y la atención en salud sigue igual que siempre; 17.4 por ciento cree que ha empeorado, y 23.3 por ciento, que ha mejorado.
En cuanto a la educación pública, 62 por ciento aseguró que sigue igual; 14.2 por ciento, que ha empeorado, y 21.7 por ciento, que es mejor. La percepción es similar entre indígenas y ladinos, y entre quienes habitan áreas rurales y urbanas.
En cuanto a empleo, 5.3 por ciento estimó que hay más empleos que antes; 47.2 por ciento dijo que se mantiene igual, y 45.1 por ciento, que hay menos oportunidades. De los ladinos, 50.1 por ciento respondió que la situación ha empeorado.
La situación de los indígenas tampoco ha tenido mejoras, según el 53.3 por ciento de entrevistados; 16.1 por ciento cree que ha empeorado, y 19 por ciento, que ha mejorado. El 56.2 por ciento de los indígenas encuestados cree que siguen igual; 20.9 por ciento, que sus problemas son peores, y 18.4 por ciento, que sí hay mejoras. Este fue uno de los sectores en los que el mandatario enfocó su campaña y de los que recibió mayor apoyo. A 36.3 por ciento les preocupa el alto costo de la vida.
Evaluación del gobierno de Otto Pérez Molina
Dos meses y 23 días después de la primera medición, publicada el 23 de abril y donde el 82% aprobó los primeros cien días de gobierno, la población comienza a reducir el respaldo a la administración del Partido Patriota (PP), encabezada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, al caer 13 puntos la aprobación.
El 69 por ciento lo aprueba, pero el 31 por ciento de los guatemaltecos encuestados cree que Pérez Molina no hace un buen gobierno, según la Encuesta Libre realizada por Prodatos para Prensa Libre, por haberse cumplido el sábado último el primer semestre de las nuevas autoridades en el poder.
La calificación para el gobierno del PP es normal al tomar en cuenta el tiempo que lleva, y hasta cierto punto “positiva”, considera Marco Antonio Barahona, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, aunque afirma que deben mejorar la gestión gubernamental.
“Hay una dificultad para echar a andar la maquinaria, la ejecución presupuestaria ha sido relativamente baja y también hay problemas para integrar el equipo”, expresa el analista.
Barahona recordó la interpelación al ministro de Finanzas, Pavel Centeno; las dudas por compras en Salud Pública, el enfrentamiento de los últimos días entre el Ministerio de Educación y estudiantes normalistas, y los retrasos en la entrega de fertilizantes.
Luego de seis meses del nuevo gobierno, el 61 por ciento de los guatemaltecos perciben la inseguridad como el principal flagelo del país. El alto costo de la vida y el desempleo se ubican como la segunda preocupación de la población, según los datos de la Encuesta Libre realizada por Prodatos para Prensa Libre entre el 2 y el 8 de julio de 2012.
Aunque los datos del estudio de Prodatos permiten concluir que la sensación de inseguridad es un problema general, este se agrava en las áreas urbanas, tanto de la provincia como en la capital.
Analistas resaltan que la información obtenida contrasta con el plan de gobierno de Otto Pérez Molina, que durante campaña y los últimos seis meses ha priorizado acciones para combatir la inseguridad y el crimen organizado.
Un segundo pilar de la política gubernamental incluye el desarrollo económico competitivo.
Aumenta temor
El 67 por ciento de los ciudadanos en la capital percibían inseguridad en la encuesta de abril de este año. Ahora el 72 por ciento dice tener temor ante el crimen.
Asimismo, el 55 por ciento de los guatemaltecos en las áreas urbanas de los departamentos se sentían inseguros en abril pasado, y el 63 por ciento en abril del 2011, aún durante el gobierno anterior, pero esa cifra sube cuatro puntos en la actual administración.
Solo en las áreas rurales de la provincia la inseguridad fue más alta en el 2011 —66%—, que ahora baja —52%—, debido a que hoy el principal problema para esta población es la economía. Sin embargo, si se compara con abril último sube dos puntos porcentuales.
Encuesta Libre evidencia que el índice de exposición a asaltos es muy alto en los cascos urbanos, pero nada se compara con la capital, donde el 54% reporta haber sufrido de cerca un atraco.
Así, uno de cada dos capitalinos dicen que en los últimos seis meses lo han asaltado a él o ella o a alguien que vive en su hogar.
En el sector urbano del interior y áreas rurales, el 30% y 20%, respectivamente, asegura haber sufrido un atraco en el último semestre.
Aunque los asaltos son frecuentes en todos los sectores, los datos señalan que las más afectadas son las personas ubicadas en la clase media y alta.
Según datos de la Policía Nacional Civil, en el primer semestre de este año aumentó el robo de motos, a residencias, a peatones y de armas, en comparación con el mismo período del año pasado. El robo de vehículos es de los pocos delitos contra el patrimonio que disminuyeron —aunque en forma leve— este semestre.
La información policial refiere que en el primer semestre del año último hubo ocho mil 217 delitos contra el patrimonio a escala nacional, contra ocho mil 794 este año.
En contraste, 453 homicidios menos se registraron en los seis primeros meses de este año, comparado con el del 2011, cuando llegaron a ser tres mil 144 y dos mil 956 este año.
La politóloga independiente Paulina Cruz expresa que la abismal diferencia de la inseguridad con el resto de problemas se debe a que la primera es un fenómeno que afecta a todos los sectores y no distingue clase social, edad, raza o sexo.
“La violencia no mira género ni clases sociales. Un sujeto de clase media alta es tan vulnerable a los problemas de la inseguridad como alguien humilde en el campo”, expone Cruz.
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expresa: “Estamos hablando de un proceso de inseguridad o un proceso de deterioro de la seguridad que se ha dado en varios quinquenios. Entonces, así como se ha deteriorado, igual o más tiempo es lo que va a tardar el fortalecimiento del sistema de seguridad y la percepción ciudadana.
Malestar por economía
Más guatemaltecos señalan, según la Encuesta Libre, que los problemas económicos son su principal preocupación, en comparación con un estudio similar efectuado en abril del 2011. En la medición del año pasado, el 21% identificó el desempleo y el alto costo de la vida como su mayor preocupación, mientras que en julio de este año el 31% de los consultados indicó que estos son los principales problemas.
Esta percepción coincide con el alza en la canasta básica, calculada para una familia de 5.3 integrantes, que en comparación con el año último sufrió un incremento de Q226.50 y alcanzó los Q2 mil 534.
El índice de precios al consumidor (IPC) de enero a junio últimos revela un incremento de 1.55 por ciento en el precio de los productos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El alza de la carne de res, la papa y el tomate, entre otros productos, durante el último mes, también es un factor que parece afectar la percepción sobre el deterioro de la situación económica.
La falta de continuidad en las políticas sociales, retrasos en la implementación de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y la poca capacidad para desarrollar políticas de competitividad son factores que contribuyen a esta percepción negativa sobre la situación económica, afirma el politólogo independiente Luis Fernando Mack.
En abril del 2011, el 21% de la población de las áreas rurales señalaba la situación económica como el principal problema, mientras que en julio de este año el 38% de los encuestados aseguró lo mismo, lo que equivale a un incremento de 17 puntos porcentuales.
El aumento del malestar en las áreas rurales sobre la economía también podría ir de la mano con los recortes en los programas sociales. Mack refiere: “Mientras entraba en funcionamiento el Ministerio de Desarrollo Social quedaron en suspenso los programas sociales, lo cual también puede reflejarse en esta decepción”.
Entre los datos que brinda la Encuesta Libre figura que en el país solo el 15 por ciento de los encuestados reporta un incremento en su salario durante el último año.
El menor aumento es en el área rural, con el 13%, seguido por áreas urbanas de la provincia, con 18%, y la capital, con 22%.
Valoran combate del crimen
Aunque seis de cada 10 guatemaltecos identifican la inseguridad como el principal problema que afecta al país, cuatro de cada 10 reconocen el esfuerzo del Gobierno en materia de seguridad y lo ven como lo mejor que ha hecho la administración de Otto Pérez Molina luego de seis meses de gestión. El 39% de los guatemaltecos reconoce esta labor en dos renglones principales: sacar policías a la calle, 23%, y el combate de la delincuencia, 16%.
La ayuda social tiene 25% de aceptación, dividida en tres áreas principales: dar fertilizante, 12%; la bolsa segura, 10%, y ayudar a los campesinos, 3%. Sin embargo, el 31% de los encuestados no saben ni opinan.
Lo peor
Cuando se pregunta qué es lo peor que ha hecho el Gobierno hasta la fecha, la economía es el renglón peor calificado en la gestión de Pérez Molina, con 19%. Esto lo fundamentan en que todo subió de precio, 10%; seguido porque no ha generado trabajo y el aumento de impuestos y en energía eléctrica.
Sin embargo, el 14% de los encuestados considera negativo el abordaje de la seguridad, mientras que un alto porcentaje de encuestados, 43%, prefirió no opinar al respecto.
De acuerdo con el politólogo independiente Raúl Bolaños, la prioridad del Gobierno se ha centrado en las reformas al Estado.
“En una democracia corporativa y con un alto nivel de veto sectorial como la nuestra se puede limitar fuertemente a un gobierno a alcanzar la legitimidad si no se cuenta con respaldo significativo”, dice el analista.
En los primeros seis meses, en cuanto a los niveles de ejecución, indica Bolaños, la percepción ciudadana parece ver una agenda de gobierno que no termina de caminar en algunas parcelas.
“Arrancó con perspectivas fuertes logrando la actualización tributaria, la aprobación del Estatuto de Roma y apostando decididamente por la gestión de resultados. También la rendición de cuentas y la transparencia como norte en su gestión”, expresa.
Sin embargo, a su parecer, se denota falta de coordinación para lograr una eficacia pública que permita percibir logros tangibles en su gestión de gobierno.
