Sin embargo, las unidades que se encargarían de entregar esos datos funcionarán a partir del 2009. Los congresistas calificaron la aprobación de esa norma como un paso adelante en el camino de la transparencia, aunque recordaron que el acceso a la información del Estado es un derecho reconocido en la Constitución, que hasta ahora no se ha garantizado.
“Solo estamos regulando ese derecho; pero no hay excusa para que, en tanto esta ley cobre vigencia, se le niegue información a nadie”, explicó Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala y una de las ponentes de esa norma.
La ley establece que es libre el acceso a información respecto de cómo se administran los recursos públicos. Así, los ciudadanos podrán pedir datos acerca del personal contratado por cada institución y sus sueldos, la forma como ejecutan su presupuesto, cuánto se gasta en viajes y viáticos, y el avance de obras y programas, entre otros.
Contiene, además, sanciones para quienes no entreguen esa información. “Nos sentimos muy satisfechos, pues esta ley la pedía a gritos la sociedad, y al fin pudimos aprobarla”, expresó Jaime Martínez, jefe de bancada de la Gran Alianza Nacional.
Disputa por plazo
La aprobación de esa norma —que se convirtió en el decreto 57-2008— había transcurrido con tranquilidad, incluida la de las enmiendas, consensuadas semanas atrás por los jefes de bloques. Sin embargo, cuando se llegó al artículo 70, que se refiere al plazo en que esa ley cobrará vigor, se generó una discusión cuando el Partido Patriota (PP) propuso que se redujera de 180 a 90 días.
“Queremos dar tiempo para que las entidades públicas y privadas se preparen y no incurran en delitos cuando esa ley cobre vigencia, ya que deberán contar con unidades específicas para entregar los documentos solicitados, y no todas pueden hacerlo de inmediato”, argumentó la diputada Rosa María De Frade, en favor de que se dejarán 180 días.
“Para ser transparente no se necesita tiempo; se es o no”, criticó Roxana Baldetti, jefa de bloque del PP. Al final, no consiguió respaldo para reducir el plazo.
En detalle
Algunos datos a los que se tendrá acceso:
- Información respecto del presupuesto asignado y cómo se ejecuta, incluidos sueldos de empleados, viáticos y otros. Además, sobre manejo de recursos del Estado, a cargo de entidades privadas.
- Los ciudadanos podrán pedir esos documentos, que son gratuitos, a través de solicitud verbal, escrita o electrónica.
- En los 10 días siguientes, la entidad debe entregar la información requerida, pedir prórroga o negarla si tales documentos están clasificados como reservados o confidenciales, según esa ley.
- En caso de negativa, se podrá interponer un recurso de revisión, ante la máxima autoridad de la institución.
- Quienes nieguen la información, sin justificación, incurrirán en delitos y enfrentarán multas y prisión.
Largo camino
La ley de acceso a la información debió recorrer un largo camino para ver la luz, tras 10 años de haberse propuesto por primera vez.
- 01/01/1998 Propuesta: Se presentó la primera iniciativa para el libre acceso a la información pública. Otras le siguieron, pero sin éxito.
- 26/02/2008 Nuevo intento: Nineth Montenegro entregó un nuevo proyecto de ley, y un mes después lo hizo Rosa María de Frade.
- 24/06/2008 Dictamen: Esas dos propuestas se unificaron; tras varios meses de análisis, se dictaminó a favor de un solo texto.
- 04/07/2008 Sin apoyo: Se conoció en el pleno, pero no tuvo apoyo para ser aprobada de urgencia nacional. Fue necesario consensuar enmiendas.
