Sin embargo, no prosperó el proyecto el cual se retoma concretamente al momento de redactar la actual Constitución Política, en 1985 cuando se dio a conocer un proyecto de Ley referente al tema. Sobre la propuesta original se consiguió que el Régimen del Agua quedara plasmado en el artículo 127 de la Constitución el que indica que “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.
La propuesta más cerca de ser aprobada fue en 1993, pero el día en que el pleno la conocería ocurrió el autogolpe de Estado propiciado por Jorge Serrano.
Las propuestas de ley coinciden en que se debe determinar lo siguiente:
- Que el agua es de dominio público
- Se debe hacer un inventario nacional de aguas.
- Requisitos que debe tener el nuevo ente rector del recurso hídrico.
- Un orden en el uso del líquido.
- Incentivos para evitar la contaminación de fuentes hídricas.
Amenazas
La mayoría de afluentes están contaminadas por el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial, señalan expertos; lo preocupante es que no hay acciones concretas para evitar el proceso de contaminación.
Algunas actividades como las productivas en suelos no aptos, la utilización excesiva de agroquímicos, ganadería extensiva y el auge agroindustrial y el crecimiento acelerado y sin planificación de asentamientos humanos, producen tres tipos fundamentales de contaminación señala un estudio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
En las últimas décadas los drenajes domésticos y los desechos industriales contaminaron los ríos cercanos a la capital. De los grandes ríos del país, el más contaminado es el Motagua, el cual recibe aproximadamente el 85 por ciento de las aguas servidas de la capital. Otros ríos como Las Vacas, Michatoya, Villalobo, Coyolate, Guacalate y Samalá están entre los más contaminados, como consecuencia de la falta de plantas de tratamiento.
Otra amenaza es la falta de regulación del caudal de los ríos, lo cual arbitrariamente se realiza en beneficio de fincas especialmente en la costa sur.
Grandes plantaciones de banano, piña o palma de aceite se observan en el recorrido de ríos como Madre Vieja, Coyolate, Nahualate o Suchiate, caudales que han tenido la mala suerte de ser el recurso perfecto para alimentar las necesidades de las fincas.
El río Coyolate, de unos 70 kilómetros de longitud, es desviado hacia varias fincas. Cuando vuelve a su cauce, llega casi sin agua. Peor es el caso del Madre Vieja, que, pese a ser uno de los más caudalosos de la costa sur, ya no llega al mar.
En 2004 se denunció que el río Ocosito, que separa Retalhuleu de Quetzaltenango, tenía dos grandes presas en su curso, que lo desvían durante kilómetros para alimentar las fincas de banano, las cuales quedan lejos del cauce original. Como no se construyeron canalizaciones adecuadas, el 45 por ciento del agua se pierde en el transcurso.
En el presente año se denunció nuevamente el abuso en el desvío de ríos y se pudieron verificar varios cauces secos, lo cual causó repudio en los diferentes sectores ante la impunidad de estos casos.
Inconformidad
Los proyectos de Ley de Aguas han sido engavetados también por presiones sociales. En el año 2005 las comunidades de Totonicapán realizaron bloqueos y manifestaciones en algunos casos en forma violenta donde exigían la no aprobación de la Ley de Aguas, en virtud de que no era de su conveniencia.
Ellos argumentaban que las fuentes hídricas de Totonicapán son parte del patrimonio que les dejaron sus antepasados, por lo que una legislación general no les convenía. Desde 1881, indicaron en dicha oportunidad, está inscrito como propiedad de las comunidades un bosque comunal de unas 327 caballerías y que el pueblo es el que administra el recurso natural.
Agregaban que están organizados en formal tal, que cada año ponen en práctica programas de reforestación, y sancionan a quienes hacen mal uso del agua.
Otros sectores que han cuestionado la Ley de Aguas han sido las municipalidades, ya que al existir un ente rector del recurso hídrico temen perder autonomía porque el Estado podría concesionar los ríos sin consultar a las comunas y además no se han definido mecanismos para hacer cumplir la ley, y temor a que se politice el ente rector del agua, entre otras razones. Aunque no se han opuesto a la ley esperan que las comunas tengan su lugar de acuerdo a la Constitución.
