Así comenzó el Jueves Negro y el Viernes de Luto debido a la negativa de las autoridades de permitir la participación de Ríos Montt en elecciones democráticas. La Constitución se lo prohibía, por haber promovido el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982.
Durante la legislatura de 2001, presidida por la bancada del Frente Republicano Guatemalteco, el FRG pretendían introducir reformas a la Ley Electoral para permitir que Ríos Montt pudiera ser candidato presidencial, entre éstas las que apelaban a derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
Este punto significaría que la legislatura nacional que contiene limitaciones para quienes llegaron al poder por medio de golpe de Estado quedaban subordinadas a tratados Internacionales.
Reveses
El 7 de junio de 2003 Ríos Montt, precandidato del FRG, recibe el primer revés político, al ser rechazada su inscripción debido a que había gobernado de facto en 1982/83.
El 13 de junio de 2003 los magistrados Ángel Alfredo Figueroa, Óscar Bolaños, Raymundo Caz, Roberto Valenzuela y Luis Guerra Cervantes dan la segunda respuesta negativa a la candidatura de Ríos Montt.
Óscar Bolaños, presidente del TSE, informó posteriormente sobre la decisión de esa entidad de denegar por tercera vez la solicitud de inscripción de Ríos Montt, y que el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia a la cual el FRG presentaría un amparo para que el general participara en el proceso electoral.
El 5 de julio 2003, los magistrado de la CSJ, presidida por Carlos Larios Ochaita, deniegan el amparo presentado a favor de Ríos Montt, quien no podría participar en los comicios electorales para ejercer la primera magistratura del país.
El 15 de julio, Ríos Montt dijo que en la CC “estoy 4 a 3”. La Corte de Constitucionalidad (CC) “casualmente” con ese mismo marcador revierte todos los fallos dictados en contra de la inscripción del líder del FRG, como candidato presidencial.
El 21 de julio de 2003 miles de guatemaltecos salen a las calles para manifestar en contra del fallo de la CC que permitía la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial.
La inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial del FRG es detenida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a causa de un amparo provisional declarado a favor de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Reformador.
Disturbios
El jueves 24 de julio, simpatizantes de Ríos Montt, dirigidos por encapuchados, protagonizaron una protesta para exigir la inscripción del general.
Centenares de eferregistas tomaron varias calles y sectores de la capital. Con los rostros cubiertos y armados, con palos, piedras, machetes y armas de fuego exigieron la inscripción de Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG.
Los movimientos comenzaron desde la madrugada. Alrededor de 50 buses procedentes principalmente de Quiché, Totonicapán, Jalapa Jutiapa y las Verapaces arribaron a la capital a las 5 de la mañana, con cientos de campesinos simpatizantes del FRG y se dirigieron a puntos estratégicos de la ciudad.
Las concentraciones se llevaron a cabo en el Hipódromo del Norte, en la zona 2, avenida de Las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico.
Los campesinos se dirigieron al Centro Empresarial, ubicado en la 5a. avenida, entre 15 y 16 calles de la zona 10. La elección no fue obra de la casualidad. En el piso 12 se encontraban las oficinas del empresario Dionisio Gutiérrez, quien se había convertido en una de las principales opositores a la candidatura de Ríos Montt.
Estrategia militar
Los simpatizantes del FRG usaron estrategia militar debido a que todo fue organizado con disciplina. Un grupo de encapuchados armados custodiaba los alrededores de El Obelisco y los vehículos que transportaban los insumos utilizados en la protesta.
Los manifestantes fueron divididos en grupos, los cuales cumplieron horarios con régimen militar.
Juan Carlos Torres, reportero gráfico de elPeriódico intentaba fotografiar los hechos, cuando un manifestante lo agredió y lo roció con gasolina, con la intención de quemarlo.
Muere reportero X
Héctor Ramirez quien se desempeñaba cono periodistas hacia 40 años era conocido como el reportero X, durante sus inciso trabajo en una radio emisora. Desoyes continuo su trabajo reportero en la radio La Voz de Las Américas, luego seria contratado por el telenoticiero Aquí el Mundo en los años 70. Durante una cobertura de un operativo el la Colonia Valle del Sol recibió un balazo en el pecho salvando milagrosamente ya que la bala dio en un bolígrafo que portaba.
Todos los vehículos usados en la protesta circularon con las placas cubiertas con nylon o lodo.
Ríos Montt se presentó con su compañero de fórmula Edín Barrientos, el jefe de la bancada oficial Arístides Crespo, su hija Zury y otros dirigentes.
Algunos dirigentes de su partido fueron reconocidos a pesar de llevar pasamontañas, como el diputado Juan Santa Cruz.
Reacciones
La sociedad civil responsabilizó al FRG de lo ocurrido. Movimientos sociales, partidos políticos y empresarios señalaron que los actos vandálicos fueron provocados y organizados por el oficialismo, que días atrás había advertido al respecto.
La comunidad internacional condenó de manera enérgica los disturbios y manifestaciones “antidemocráticas” a favor de Efraín Ríos Montt. Algunos representantes responsabilizaron al FRG de haber causado el desorden público.
Los diplomáticos calificaron de “grave y lamentable” la situación de anarquía que se vivió en la capital.
Expertos en el campo jurídico señalaron que las turbas dirigidas por activistas del FRG que provocaron caos y destrucción en la capital, incurrieron en 34 delitos, y el Gobierno, en 12, por no haber impedido la ola de violencia que provocó la muerte de un periodista, heridos y daños a la propiedad pública y privada.
Un análisis del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecón) señala que en los dos días de desorden, los seguidores del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) también incurrieron en violaciones a la Constitución tipificadas en el Código Penal.
Agregó que los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad cometieron 12 delitos, que incluyen la violación de 17 garantías constitucionales, al argumentar que las acciones violentas de los manifestantes ameritaban capturas inmediatas.
El Gobierno violó, además, el artículo 135 constitucional, que se refiere a servir y defender a la Patria, y cumplir y velar porque se cumpla la Constitución.
El primer delito que destacó el Cedecon fue homicidio preterintencional (artículo 126 del Código Penal) contra Héctor Ramírez, reportero de un noticiero local, quien murió de paro cardíaco cuando huía de una turba enardecida que lo persiguió con palos y machetes.
Sin embargo, durante la jornada también se cometieron los delitos de agresión, disparos con arma de fuego, lesiones, plagio o secuestro, detenciones ilegales, coacción y amenazas.
Los anteriores hechos ilícitos se refieren a la toma del Centro Empresarial, zona 10, donde los simpatizantes eferregistas agredieron y dispararon contra los periodistas, y retuvieroan a más de 900 personas.
Sedición y terrorismo
Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, expresó que el partido oficial y Ríos Montt “se encuentran involucrados en los delitos de sedición y terrorismo”.
Durante los disturbios, el Gobierno y la turba cometieron varios delitos, entre éstos homicidio preterintencional, agresión, disparos, lesiones, plagio o secuestro y detención ilegal.
También coacción, amenazas, coacción contra la libertad política, daño, daño agravado, fabricación y tenencia de material explosivo, rebelión, sedición y terrorismo, entre otros 34.
Ese día, como si se tratara de una reunión familiar, el diputado del FRG por Escuintla, Leopoldo Cruz, desayunó en un restaurante de comida rápida cerca de la CSJ, y desde su celular daba órdenes a los bochincheros.
A las 10 horas, unos 25 agentes del Grupo de Acción Rápida estuvieron a punto de desalojar a los manifestantes; sin embargo, un policía indicó que una orden superior detuvo la acción.
Aunque la mayoría de parlamentarios que coordinaban los disturbios utilizaron gorros pasamontañas, la prensa detectó a los legisladores Juan Santa Cruz, Leopoldo Cruz y Jorge Arévalo. También a una secretaria de Zury Ríos.
Empleados del Congreso y de los ministerios de Finanzas y Economía también participaron.
Incluso, casas de funcionarios del FRG fueron utilizadas para proveer de llantas, bombas pirotécnicas y armas de fuego.
Culpables
El 29 de julio de 2003, como si se tratara de un juego, Gobernación y Defensa se lanzaron la pelota de la responsabilidad por la falta de acción contra la turba que provocó los disturbios del “Jueves Negro”.
En medio de señalamientos, se ordenó la destitución de Raúl Manchamé, director de la Policía Nacional Civil.
Al Congreso de la República fueron citados los ministros de Gobernación, Adolfo Reyes Calderón, y de la Defensa, Robin Macloni Morán, para que explicaran las razones de la inoperancia de las fuerzas de seguridad.
“No supe de esa sublevación, y el Ejército sí salió a las cinco de la tarde a patrullar”, explicó Enrique Ríos Sosa, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional e hijo del líder del FRG, Efraín Ríos Montt.
Ríos Sosa acompañó a Macloni a la cita en el Congreso, y reconoció que ni siquiera se convocó a un gabinete urgente de seguridad para coordinar acciones.
Aunque aseguró que el Ejército sí salió el jueves a patrullar, Reyes manifestó que ese día no hicieron nada, porque sólo contaban con 2 mil151 agentes.
Otros delitos
Líderes y miembros del FRG que dirigieron las protestas fueron acusados de homicidio preterintencional, sedición, reuniones y manifestaciones ilícitas.
Mario Morales, candidato a diputado del FRG por Zacapa, era uno de los que agitaban la turba.
Juan Santa Cruz, del FRG, quien estaba a acompañado por sus guardaespaldas, era uno de los agitadores que con el rostro cubierto con un gorro pasamontañas daba órdenes.
Carlos Hernandez, hijo del diputado Carlos H Rubio, fue el encargado de activar las protestas.
Ingrid Argueta Sosa, sobrina de Ríos Montt, dirigió ataque contra periodistas.
Arévalo negó su participación a pesar de tener parte del rostro cubierto durante la protesta.
Leopoldo Cruz, diputado del FRG, junto a su hijo Erick Milton Cruz Colindres, quien estaba armado, fueron los que dirigieron a las turbas desde un restaurante
Jorge Arévalo ex diputado del FRG fue el principal responsable de los disturbios del jueves negro.
A la lista de responsables se sumó a Ríos Montt, entonces presidente del Congreso de la República; Reyes Calderón, ministro de Gobernación; Manchamé, director de la PNC, Juan Pablo Ríos, nieto de Ríos Montt; José Brigido Luna, Mirna Magalí López, José Adolfo López, Heleno de la Cruz Salazar, Bety Morales de González, Hugo Gilberto López, Luisa Fernanda Sosa, Etna Marisol Catalán y José Dolores Uluán Vásquez.
También fueron investigados Waleska Sánchez, secretaria de Zury Ríos, quien estuvo desde temprano coordinando la manifestación en los alrededores del Obelisco junto a su padre, Emilio Sánchez.
Beneficiados
Todos los señalados fueron beneficiados con medidas sustitutivas de Q100 mil.
El 28 de enero de 2006, Ríos Montt consiguió que el MP lo desvinculara de su presunta participación en los disturbios del Jueves Negro. En audiencia, la institución pidió al juez que clausurara el caso, lo que a juicio del querellante era el resultado de una componenda política.
Contra Juan Pablo Ríos Rittscher y Luisa Fernanda Sosa, nieto y sobrina de Ríos Montt, Mirna López, Etna Marisol de Franco, Waleska Sánchez, José Brígido Luna y Jorge Arévalo ex diputado del FRG, la fiscal pidió procedimiento abreviado por el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas.
Lo mismo solicitó para José Adolfo Salazar, Hugo Gilberto López, Betty Itén Morales, José Dolores Uluán, Francisco Uluán, Ingrid Argueta y Eleno de la Cruz, a fin de que a todos se les condenara a dos años de prisión conmutables, sin necesidad de ir a debate.
Solo en el caso de Manchamé, director de la PNC, se pidió juicio, porque él no aceptó procedimiento abreviado.?
Reyes Calderón, entonces ministro de Gobernación, acusado de no haber dado auxilio cuando las turbas tomaron las calles de la capital, también se vio beneficiado, aunque no como Ríos Montt.
En su caso, el MP pidió procedimiento abreviado por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores dijeron que sus clientes participaron en las manifestaciones, y que aceptaron el procedimiento abreviado por economía procesal y así evitar el juicio oral.
Walter Robles y Mario Menchú, abogados de la familia del periodista fallecido Héctor Ramírez, reaccionaron indignados ante el actuar del MP y afirmaron que era el resultado de arreglos políticos entre el oficialismo y el FRG.
La imposibilidad de obtener un historial clínico de Ramírez fue uno de los argumentos de la Fiscalía para pedir la clausura del caso.
