El argumento de Herrera, juez quinto de instancia Penal, es que no hay pruebas en contra del líder del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que lo vinculen a la muerte del periodista, ocurrida durante los disturbios del 24 julio de 2003. Además, ordenó que se levante el arraigo y el arresto domiciliario dictados desde hace más de un año contra Ríos Montt.
Quienes tampoco irán a debate, porque también el juez accedió a lo solicitado por el MP, son 15 eferregistas, a quienes se aplicó un procedimiento abreviado; en consecuencia, deberán pagar Q14 mil 687 por reuniones y manifestaciones ilícitas, por lo cual se les aplicó un año y medio de prisión conmutables, ya que aceptaron los hechos. En el caso de Adolfo Reyes Calderón, ex ministro de Gobernación, la suma a cancelar es de Q18 mil 250 por incumplimiento de deberes, para conmutar dos años de cárcel.
Por sedición, coacción, amenazas, asociaciones ilícitas y agrupaciones de gente armada, el caso quedó clausurado provisionalmente, decidió el juez, quien en 2005 ocupó primeras planas en los diarios por haberse reportado enfermo cuando se pidió la extradición del ex presidente Alfonso Portillo.
Querellantes y acusados estuvieron en la sala de la audiencia, no así la fiscal Gudiel. Mientras, nadie podía dar respuesta a Héctor Ramírez, hijo, quien se preguntaba por qué el MP el año pasado pidió que todos fueran a juicio y ahora que se cerrara.
Dos días de terror
El jueves 24 y viernes 25 de 2003, turbas eferregistas acarreadas en autobuses tomaron las calles de la capital, y armadas con piedras y palos atacaron edificios públicos, exigiendo la inscripción de Ríos Montt como candidato a la Presidencia. Los protestantes, en su mayoría encapuchados, corrieron a periodistas que cubrían las manifestaciones. Al intentar huir y refugiarse en una casa particular, Ramírez sufrió un paro cardíaco.
Para Raúl Manchamé, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC), la situación fue distinta, pues irá a juicio por incumplimiento de deberes. Él se opuso al procedimiento abreviado, ya que su defensa adujo que nunca incumplió con su trabajo —se le señala de no haber destacado a la fuerza policial para controlar los disturbios de eferregistas—.
Una de las que estaba en la audiencia era la analista de la nueva Ingrid Argueta, sobrina de Ríos Montt, quien el día de los hechos fue vista en las manifestaciones con gorro pasamontañas. También el ex diputado Jorge Arévalo.
La seguridad fue redoblada en la sala por agentes del Organismo Judicial (OJ), quienes ayudaron a los guardaespaldas de Ríos Montt para evadir a los reporteros. El líder eferregista se limitó a decir: “Esto no ha terminado”.
Al finalizar la audiencia, reporteros fueron agredidos por seguidores del FRG que llegaron al tribunal, ante la mirada indiferente de los agentes del OJ.
Criterio del juez
Hay un video del 24 de julio de 2003, y en éste no hay pruebas de que los sindicados hayan estado en el lugar donde murió el periodista. Otro, de una conferencia de prensa —21 de julio—, donde Ríos Montt advierte que pueden salir de control del Comité Ejecutivo del FRG acciones de simpatizantes. El juez adujo que esa no es una prueba.
Atendiendo a que la mayoría aceptó haber participado en manifestaciones, se accedió a procedimiento abreviado. En cuanto a daños a edificios públicos y privados, no hubo pronunciamiento.
Evidencias
Videos y fotos de los sindicados donde aparecen con palos y gorros pasamontañas. Videos de dos conferencias de prensa, una de éstas del 26 de julio de 2003, en la que el líder eferregista anuncia que ordenó suspender las manifestaciones.
Cuarenta declaraciones de testigos presenciales, entre ellos, periodistas y vecinos de la zona 10, donde hubo daños contra el Centro Empresarial. Dictamen forense en el que se señala que Ramírez muió a causa de un paro cardíaco.
Presidente opina
El presidente Óscar Berger criticó la decisión del MP, que pidió desvincular a Efraín Ríos Montt del caso Jueves Negro. “Hay cosas que uno no se explica”, señaló Berger. Descartó que la Gana hubiera negociado con el FRG.
“Si allí están quitando los vetos —Congreso— y no hay apoyo, no hay nada. Los poderes son independientes”, señaló. “No es por culpa de él —Juan Luis Florido, fiscal general—, el MP es una de las instituciones que recibimos en estado caótico”, afirmó. Florido descartó que hubiese algún pacto político en el que el Ministerio Público estuviera inmiscuido.
“Rechazo cualquier pacto, no es cierto, no existe; la fiscal no tenía suficiente evidencia para ir a debate, hay que ver que se lograron 15 condenas”, adujo el fiscal.
Frustración
La decisión judicial dejó un sentimiento de frustración en la familia del periodista fallecido durante los disturbios del Jueves Negro.
Héctor Ramírez, hijo de la víctima indicó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el caso, pues en Guatemala existe negación de justicia.
Entre lágrimas, los familiares se mostraron atónitos ante el fallo dictado. “La fiscal Alba Gudiel y la Fiscalía de Derechos Humanos demostraron su incapacidad para presentar pruebas en contra de los asesinos de mi padre”, aseveró Ramírez.
Un culpable
El 24 de junio de 2010 trascendía la sentencia en contra de Raúl Manchamé, director de la PNC cuando ocurrieron los disturbios del Jueves Negro y Viernes de Luto.
Manchamé fue condenado a dos años y medio de prisión conmutables, por no haber cumplido con sus deberes.
