Benedicto Lucas aprovechó la experiencia recogida en Malasia durante la ocupación inglesa y los destacamentos de la Legión Extranjera, en Francia.
Sin embargo, tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, encabezado por Efraín Ríos Montt, se reforzó el concepto de las PAC dentro de la operación Fusiles y Frijoles, que puso en marcha el ex jefe de Estado de facto en las zonas de conflicto, como parte del programa denominado Seguridad y Desarrollo. El objetivo principal era combatir a los insurgentes en lo militar y social. Llegó a tener hasta 900 mil campesinos entre sus filas en esa década.
En ese año 1996, las entidades de Derechos Humanos estimaban que existían 400 mil patrulleros civiles, de una edad de 15 a 60 años, quienes estaban diseminados en Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, San Marcos y Sololá, bajo la supervisión del Ejército.
Sin embargo, el coronel Edgar Noé Palacios, subjefe del Departamento de Información y Divulgación del Ejército, DIDE, expresaba que la cifra oficial era de 2 mil 400 comités voluntarios, conformado por 202 mil 702 patrulleros, de los cuales el 99 por ciento era indígena.
Días atrás algunos patrulleros ya habían entregado sus armas, sin embargo la movilización oficial se realizó en Colotenango, Huehuetenango, donde más de 700 patrulleros entregarán sus armas a jefes militares.
Historial violento
Las PAC tienen en su historia una lista de violaciones a los Derechos Humanos, casi desde su creación en 1981.
Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, las PAC surgieron como consecuencia del conflicto armado interno, pero luego fueron diseñadas para realizar funciones paramilitares. Después fueron transformadas en comités de defensa civil, cuyo objetivo era alcanzar niveles de desarrollo, paz y tranquilidad en sus comunidades.
Un informe del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, sobre las PAC, refería que éstas continuaban violando los Derechos Humanos. Los miembros de las PAC, “matan, detienen y amenazan a los miembros de sus comunidades”, indicaba la entidad.
Muchos integrantes de las PAC son víctimas de abusos de sus derechos. La índole del servicio forzado de las patrullas constituye una violación del derecho internacional y de la Constitución guatemalteca, y los patrulleros que tratan de salirse del sistema son castigados físicamente o por medios monetarios, indicaba el informe.
A las PAC se les atribuyen numerosas masacres durante el conflicto. Pocas obtuvieron justicia años después, por ejemplo, en 2012 fueron condenados un ex comisionado y cuatro ex pac por la masacre de 256 personas en la aldea Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz en 1982.
El ex comisionado militar Cándido Noriega, recientemente fallecido, fue condenado en el año 2000 a 220 años de prisión por la muerte de ocho personas entre 1982 y 1983.
Botín político
Las hoy ex PAC fueron utilizadas como botín para los partidos políticos al ofrecérseles compensación económica por sus “servicios prestados”.
- El ex presidente Alfonso Portillo comenzó con estos ofrecimientos indicando que ellos eran otro tipo de víctimas del conflicto armado, porque habían patrullado obligatoriamente. Mediante el acuerdo gubernativo 228-2003 se fijó una compensación para los exPAC por Q5 mil cien.
- En el 2005, durante el gobierno de Óscar Berger se creó el fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia, el cual tenía como fin crear un programa que obligara a los ex patrulleros a trabajar para recibir los fondos.
- El desembolso de esta compensación duró más de una década y en varias ocasiones los exPAC presionaron con bloqueos y protestas ante el incumplimiento del pago.
- Durante el gobierno de Otto Pérez Molina se desembolsaron Q88.8 millones en 2012.
- En la pasada campaña electoral de 2015, los exPAC se reunieron con el partido FCN-Nación para mostrarles su apoyo.
