Sin embargo, este convenio duró poco, ya que la guerra entre Francia y España contra Inglaterra se reinicia y finaliza con la firma del Tratado de Versalles en 1783, definiendo los límites de dominación española.
En 1786 la corona española rectifica el límite territorial estableciéndolo desde el Río Sibún hasta el Río Hondo, afectando los intereses de los británicos.
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Al firmarse la independencia en 1821 y los subsiguientes años de formación de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, distrajo a las autoridades de la situación del territorio ocupado por los británicos.
El 19 de abril de 1850 se firma el Tratado Clayton – Bulwer entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en el que ambas naciones se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar ningún territorio centroamericano. Sin embargo, Gran Bretaña alegó que el territorio de Belice le había sido concedido en usufructo por la Corona Española. Estados Unidos aceptó la reclamación pero no reconoció ni rechazó la legitimidad de los derechos reclamados por los británicos.
En 1856 se firma el Tratado de Dallas – Clarendon que no fue ratificado. Años después, en 1859, se firma el tratado Aycinena – Wyke por el cual Guatemala cedió el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún, a cambio de una compensación, en el que se ratificaron los límites sin violar los tratados firmados en 1850.
Lo pactado en el Tratado de 1859 no fue cumplido por Gran Bretaña, en consecuencia se firma una nueva Convención en 1863 donde los británicos se comprometen a pagar la cantidad de cincuenta mil libras esterlinas para dar cumplimiento a lo establecido en 1859. Sin embargo Gran Bretaña reclama que Guatemala no ratificó la Convención y automáticamente quedaba exonerada de cualquier obligación con Guatemala.
El 5 de abril de 1884, Guatemala protesta por la ocupación de Gran Bretaña sobre el territorio guatemalteco de Belice y el incumplimiento del Tratado de 1859.
En 1931 Gran Bretaña y Guatemala intercambian correspondencia unilateralmente ante la Sociedad de Naciones, lo cual no significa que se trate de un tratado internacional, ya que fue una acción unilateral por parte de Gran Bretaña.
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En los años 30 Guatemala hizo una serie de propuestas entre ellas las de que le sea devuelto el territorio cedido por la corona española contra pago de cuatrocientas mil libras esterlinas o de lo contrario Gran Bretaña realizar el pago descrito anteriormente y una faja de territorio al sur de Belice para que Petén tuviera salida al mar y las islas e islotes no afectos a los Tratados históricos. Además se propone la elevación de la reclama a una Corte Internacional.
En 1960 la Asamblea General de la ONU apoyó la independencia de los territorios con ocupación colonial, en el caso de los territorios británicos se organizaron como una Mancomunidad Británica o Commonwealth.
Un avance en las negociaciones fue la firma de las Bases de Entendimiento entre Belice y Guatemala el 11 de marzo de 1981, en las que Guatemala tendría que aceptar la independencia de Belice y solucionar el diferendo territorial. Meses después, el 21 de septiembre de 1981, Belice obtiene su Independencia estableciendo en su Constitución los límites establecidos en los Tratados de 1859.
El 14 de agosto de 1991, durante el gobierno de Jorge Serrano, se reconoce el derecho del pueblo beliceño a su autodeterminación, sin renunciar a las negociaciones para encontrar una solución al diferendo territorial.
Durante los siguientes gobiernos se ha avanzado en las negociaciones con el gobierno beliceño, siendo notables el acuerdo alcanzado en 2008 llamado “Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo a la Corte Internacional de Justicia, firmado el 8 de diciembre de 2008, estando pendiente la consulta popular a los pueblos guatemalteco y beliceño de ratificar la elevación del diferendo a la Corte Internacional de Justicia.
El 25 de mayo de 2015, los cancilleres de Guatemala, Carlos Raúl Morales, y de Belice, Wilfred Erlington, firmaron un documento que permitiría efectuar consultas populares en diferentes fechas, según conveniencia de los dos países.
Es el Acuerdo de Protocolo Especial, que garantiza las consultas en ambos países.
En Guatemala, la consulta se propuso realizarse el pasado 25 de octubre, día de la segunda vuelta electoral, con el objetivo de ahorrar hasta Q500 millones pero no prosperó, estando a la espera de realizarse como un paso más para el avance del caso.
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