Un total de 86 de cada 100 guatemaltecos estuvo de acuerdo con ella y que se aplicara en casos de secuestros.
Un 73 por ciento consideró que la ejecución de varios condenados haría disminuir la delincuencia, un pensamiento que estaba más arraigado entre los jóvenes de entre 18 y 25 años.
Se preguntó a los guatemaltecos si perdonarían la vida a Martínez Coronado, condenado por haber dado muerte a una familia en Chiquimula, y apenas un 18 por ciento dijo que sí, mientras que un 79 por ciento se mostró inflexible y enfatizó que no lo haría.
Los guatemaltecos se mostraban inflexibles sobre el tema, al extremo de que un 82 por ciento estuvo de acuerdo con que se aplicara la pena de muerte a las mujeres por delitos graves, como asesinato y secuestro.
Fusilamiento
No obstante que Martínez Coronado no sería el primer ejecutado con la aplicación de inyección letal, un 75 por ciento opinó que lo mejor era que continuara el fusilamiento, mientras que apenas un 23 por ciento aprobó el nuevo método.
El punto donde hubo más controversia fue que si debía transmitir por televisión las ejecuciones; un 48 por ciento opinó que sí, mientras que un 51 por ciento dijo que no.?
Otro aspecto que se comprobó con la encuesta es que la mayoría, un 65 por ciento, estaba a favor de denunciar el Pacto de San José para que se pudiera aplicar la pena de muerte a los secuestradores, hasta ahora protegidos por este convenio internacional de Derechos Humanos.
Finalmente, un 88 por ciento de los guatemaltecos rechazó cualquier intervención de organismos internacionales en la ejecución de Martínez Coronado.
La encuesta
Se hizo por medio del método de entrevista cara a cara, y se contempló que la misma fuera de acuerdo con los niveles de población socioeconómicos.
Los grupos de edad se contemplaron de la siguiente manera: 18-25 años; 26-35 años; 36-45 años; 46-55 años, y más de 56 años.
La metodología utilizada permite garantizar una pureza en el resultado con un margen de error de más menos cinco por ciento, que se considera adecuado para este tipo de análisis.
Abolir pena de muerte
La mayoría de países del mundo abandonan el sistema de la pena de muerte como castigo, pero el debate Internacional no termina.
Estados Unidos, un crítico a las violaciones de Derechos Humanos en otros países era fuertemente señalado debido a que aplicaba la pena de muerte, violando así numerosas normas internacionales.
De acuerdo a estadísticas de Amnistía Internacional (AI) más de la mitad de los países del mundo ya no aplicaban la pena de muerte.
Al menos 58 países han abolido la pena capital para todos los delitos. 15 más lo han hecho para delitos comunes y 27 más se consideran abolicionistas.
Entre estos había varios que mantenían la pena de muerte en su legislación, pero no la aplicaban por haber suscrito tratados internacionales, como el caso del Pacto de San José.
En Estados Unidos había en 1998 más de 3 mil condenados a muerte en 34 estados, una cifra sin precedentes, aunque en torno a la mayoría de estos casos se libraba toda una batalla jurídica.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Resolución 1997/12, aprobada el 3 de abril de 1997, según la cual, la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo pedía a los países donde todavía se imponía la pena capital que consideraran suspender las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte.
Show morboso
El entonces jefe de la Oficina de Información del Arzobispado, Carlos Aldana, se mostró en contra de la pena de muerte por considerar que no solucionaría el problema de la criminalidad en el país.
Sin embargo, hizo ver que si no se podía abolir, la inyección letal era la mejor opción, pues evitaría el morbo y es humanitaria.
María Estela de Aguirre, de la agrupación Madres Angustiadas, dijo en aquella ocasión que los condenados a pena de muerte no merecían consideración, porque ellos no fueron humanitarios con las personas a las que dañaron, señaló.
Alejandra García de Álvarez, madre de una niña de cuatro años violada y asesinada, dijo: “ Yo no quiero que los fusilen; quiero que les arranquen un dedo, luego un brazo y, poco a poco, otras partes del cuerpo para que de verdad sientan y que paguen lo que le hicieron a mi hijita”.
Por este hecho fueron condenados a la pena de muerte por medio de fusilamiento los campesinos Roberto Girón y Pedro Castillo.
El entonces presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Manuel Humberto Toledo Solares, manifestó que aunque su misión es proteger y salvar vidas, consideraba que la pena de muerte era algo necesario para la sociedad.
Martínez Coronado
Martinez Coronado fue sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. En aquella ocasión (1998) fue trasladado a una celda ubicada en el módulo de ejecución, para pasar allí sus últimas 48 horas de vida.
Según el entonces Inspector General de Presidios, Ever Flores, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, dijo que Martínez se encontraba tranquilo, pues pasaba muchas horas leyendo la Biblia y recibió la visita de pastores evangélicos.
Según la ley, Martínez debería ser trasladado al lugar donde sería ejecutado.
Martínez fue hallado culpable en todas las instancias legales de la masacre de siete miembros de una familia perpetrada el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, Quezaltepeque, Chiquimula.
Las víctimas fueron Juan Bautista Arias, de 58 años: su esposa, Rosalbina Miguel, 30: sus hijos Francisca, 12: Joyita, 8: Arnoldo, 5, y Aníbal, 2, así como la tía de los niños Emilia Arias, 68.
Un tercer implicado en el múltiple crimen fue Roberto Coronado, prófugo de la justicia y hermanastro del condenado a muerte.
Últimos fusilamientos
En Guatemala, el 13 de septiembre de 1996, Pedro Castillo y Roberto Girón, acusados de la muerte y violación de una niña, fueron llevados al paredón para ser fusilados por un pelotón de la Guardia Penitenciaria.
Quienes fueron los primeros
Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, de la banda Los Pasaco, fueron los primeros en ser ejecutados por la inyección letal tras ser condenados a la pena capital por estar acusados del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.
Sentencias similares
Caso Beverly
El 31 de agosto 2000 el Tribunal Sexto de Sentencia condenó a la pena de muerte a Gustavo Adolfo Carranza, Carlos Enrique Chun Choc y Douglas Montt Solórzano, por el secuestro y asesinato de Beverly Ann Sandoval Richardson, y también por los secuestros de Salomón del Cid, Cristóbal Mendoza Tipaz, María del Carmen Chavarría Coy, los hermanos Jorge, Fernando Salazar Nájera, y Melvin González Santacruz.
Banda Agosto Negro
22 de marzo 2000 el Tribunal de Retalhuleu dicta pena de muerte contra Carlos Amílcar González Díaz, Audelio Díaz González, Tirso Román Valenzuela Ávila, José Luis López Galindo, Waldemar Hidalgo Marroquín y Jaime Quesada Corzo por asesinato de la fiscal Shilvia Jerez de Herrera.
Además, Pedro Rax Cucul es sentenciado por haber dado muerte a machetazos a María Tec Chub en la aldea Chipoc , Cahabón, Alta Verapaz.
Banda El Tejano
El 18 de junio de 1999 el Tribunal de Sentencia de Mixco condena a la pena capital a Moisés Esteban Santizo Olay y Edward Mike Pineda Morales integrantes de la banda acusados del secuestro de dos personas en los años 1996 y 1997
Patrulla 603
Los ex policia nacionales (PN) de la autopatrulla 603, Aníbal Archila Pérez, Miguel Angel López Caló y Miguel Angel Rodríguez Revolorio, quienes secuestraron y a Luis Pedro Choc y Estuardo Motta, quien sobrevivió luego que los implicados los sacar de un bar ubicado en la calle Martí zona 6 donde les dispararon y dejaron abandonado en el bulevar Austriaco, zona 16.
Fermín Ramírez Ordóñez
El 6 de marzo de 1998 el Tribunal de Sentecia de Escuintla condena a la pena de muerte por medio de la inyección letal a Fermín Ramírez por haber sesinado y violado a la niña Grindi Yasmín Franco Torres de 10 años, hecho ocurrido en Escuitla en el año 1997.
Caso Corzo y Spillari
El 28 de agosto de 1998 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a muerte a José Luis Barahona, Alfredo Carrillo, Jorge Antonio Alvarado Fredy Avila Ruano García, y Hugo Avila Lemus , responsables de los plagios del empresario Enrique Corzo de la Cerda, su hijo de 6 años Enrique Corzo Spillari y del empresario Roberto Robles y Mateo Ramazzini.
Banda Los Mazate
El 9 de febero de 1998 son condenados a la pena capital Jorge Arturo Mazate Paz, Bernardino Rodríguez Lara y Elmer Orlando Virula Marroquín, condenados a la pena capital por el secuestro de Rosario Elizabeth Villata, hecho ocurrido el 12 de febrero 1996 en Amatitlán .
Prófugo
El 9 de marzo de 1997 Ever Gabriel Alvarado, alias Lito el negociador, integrante de la banda de secuestradores Los Pasaco, se fuga del Centro Preventivo para hombres de la zona 18, Alvarado había sido condenado a la pena de muerte por el secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán, el 18 noviembre 1996.
Banda de El Canguro
Henry Geovanni Rosales Alarcón, presunto integrante de la banda de secuestradores El Canguro, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango a la pena de muerte el 6 de mayo 1997.
Los secuestradores Marco Antonio Fuentes Marroquín y César Augusto Soto Rivera fueron condenandos a la pena de muerte por el secuestro del finquero Adolfo Santizo Gramajo el 17 de octubre 1995.
Fechas claves
17 de octubre de 1997
El presidente del Organismo Judicial, Ángel Alfredo Figueroa, anuncia un anteproyecto de ley para abolir la pena de muerte
7 de agosto de 2002
El presidente, Alfonso Portillo, presenta al Congreso de la República una iniciativa para abolir la pena de muerte. En esa ocasión el mandatario la envía a la Comisión de Legislación para que emita dictamen.
6 de julio de 2005
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado el procedimiento de indulto para los condenados a muerte, y revoca la pena capital impuesta a Fermín Ramírez.
Comision de los 30
7 de febrero de 1985
El 7 de febrero de 1985 los diputados Rafael Arriaga Martínez, Telésforo Guerra Cahn, Édgar Gudiel Lemus, Carlos González Quezada, Alfonso Alonzo, Luis Alfonso López, Miguel Ángel Ponciano, quienes intrgraban la Comisión de los 30 de la Asamblea Nacional Constituyente redactaron la nueva carta magna y en uno de los puntos fue sobre la pena capital.
Los legisladores mencionados suprimieron el recurso de gracia para sentenciados a muerte.
También hicieron énfasis en que el recurso de gracia quedaba eliminado del anteproyecto de la Constitución.
Quienes no podían ser ejecutados
La comisión redactora decidió que la pena de muerte no podría aplicarse en los casos de presunciones, a mujeres , los mayores de 60 años, a reos de delitos políticos ni a reclusos cuya extradición habia sido concedida bajo esa condición.
También quedó claro que solo el Congreso de la República podía abolir la pena de muerte, con las dos terceras partes de sus miembros.
Lista de condenados a muerte
20 sentenciados por secuestro:
- Aurelio Díaz González
- Ronald Raxcacó
- Hugo Humberto Ruiz
- Carlos Enrique Chun
- Bernardino Rodríguez
- Pablo Arturo Ruiz
- Ligar Pineda
- Antonio Israel Jiménez
- Otto Sopón Bámaca
- Ramiro Padilla
- Gerson Alonso Escoto
- Gustavo Carranza
- Adolfo Rodas
- Samuel Cogox
- Humberto Portillo
- Marvin Ramos
- Dimas Samayoa
- Moisés Santizo
- Jorge Mazate
- ByronOrtiz
14 condenandos por asesinato:
- Mario Huales Ramírez
- Vicente Huales
- Édgar Ceseña
- Tirso Román Valenzuela
- Fermín Ramírez Ordóñez
- Santos Hernández
- Adolfo Siliézar
- Juan Pablo Eduardo
- Miguel Ángel López
- Miguel Ángel Revolorio
- José Luis López
- Waldemar Marroquín
- Jaime Quezada
- Douglas Montt
Los procesados en la lista se salvaron de ser ejecutados luego de ser suspendida la pena de muerte debido a los convenios internacionales firmados por el Estado guatemalteco, como el Pacto de San José.
