En medio de duros enfrentamientos verbales y una gran cantidad de opiniones encontradas, se inició la discusión en primer debate de la iniciativa de ley que contenía el nuevo Código de Salud, basado en los principios de solidaridad y equidad. Este además de legalizar los cobros en los centros de salud nacionales, establece una serie de regulaciones relacionadas con la práctica hospitalaria, consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, normas de sanidad y tratamiento de desechos sólidos.
El diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Arístides Crespo, indicó que desde un inicio su partido se ha mostrado en contra del proyecto, el cual tachó de inconstitucional, ya que viola el derecho que todos los guatemaltecos tienen a la salud. Esta opinión fue compartido por el jefe de bancada de la Democracia Cristiana Guatemalteca, Mario Hugo Miranda, al indicar que el Estado tiene la obligación de ofrecer el servicio de salud en forma gratuita, pues de lo contrario se estaría cometiendo un crimen de lesa humanidad.
El diputado independiente Rudio Lecsan Mérida señaló que el PAN se empecinó en actuar deliberadamente en contra de la economía de los guatemaltecos, lo cual no podemos permitir, ya que se está violando el principio constitucionalidad de subsidiaridad.
Panistas se defienden
La presidenta del Congreso de la República y diputada del PAN, Arabella Castro Quiñones, indicó que en ninguna parte del documento está escrito que se cobraría el servicio o que éste se limitara por falta de pago. “Únicamente estamos permitiendo a los hospitales estatales que, en beneficio de la población y en aras de una mejor atención, puedan recibir legalmente y en forma voluntaria fondos provenientes de la prestación de servicios”, agregó.
Por su parte, el viceministro de Salud, Salvador López Mendoza, justificó los cobros, al indicar que por años el Estado no ha sido capaz de dar los aportes necesarios para dotar de un buen servicio de salud a los guatemaltecos, por lo que se han visto obligados a solicitad donativos voluntarios, como una opción para obtener fondos y mejorar así la atención a los usuarios. López Mendoza señaló que en ese entonces los hospitales no estaban autorizados a cobrar por los servicios, e indicó que nada les impide solicitar aportes y donaciones a los usuarios.
Sin embargo, esto último se ha convertido en una obligación -y no en una voluntad- para los pacientes, a decir de los diputados opositores.
Donativos no compensan gastos
Los donativos que efectúan los pacientes del Hospital General San Juan de Dios solo cubren un cinco por ciento de los gastos generales que tiene la institución, indicó el director, Elmer Enrique Grijalva Barrascout. Los donativos que se perciben en comparación con los gastos del hospital son realmente bajos, pues equivalen a un cinco por ciento; sin embargo, es una ayuda que se tiene para mantener a este centro asistencial, agregó.
Privatización
La pretensión del nuevo Código de Salud es legislar los aportes y recaudaciones para quien pueda y quiera aportar al sistema de salud, expresó el presidente de la República, Álvaro Arzú. Lo que se busca, indicó, es el reordenamiento del sistema de salud, y hoy en día se hace en todo el mundo.
Por su parte, sindicalistas de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala y de la Central de Trabajadores del Campo, coincidieron en señalar que el cobro en los hospitales estatales es una forma de privatizar los servicios de salud. “Esto es una violación a los derechos humanos, pues garantizar la salud es una obligación del Gobierno. Aunque el Estado niegue que se privatizarán los hospitales, en el fondo, desde el momento que se hace un cobro, se está induciendo a esto”, indicaron.
Así como sucedió con Guatel, en donde los supuestos cambios beneficiarían al pueblo, ocurrió lo contrario, pues los cobros son excesivos, por lo cual se puede asegurar que es una verdadera privatización, además, las cuotas están al margen de la Ley, indicó el sindicalista Guillermo Cayax.
PAN impuso Código
Durante la discusión en el pleno, las siguientes semanas fue bastante confrontativ ya que la oposición insistía en que el texto de la ley podría prestarse a que el cobro de los servicios sería obligatorio. Finalmente el 2 de octubre de 1997 y tras cinco horas de acaloradas discusiones, el PAN impuso su mayoría parlamentaria y legalizó el cobro en los hospitales nacionales, contenido en el nuevo Código de Salud. De los 69 diputados que se encontraban en el pleno 43 votaron a favor y 26 en contra del referido documento.
La sesión transcurría con normalidad hasta que la secretaría de la Junta Directiva anunció la discusión del Código de Salud en su tercera lectura y redacción por artículos. El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado independiente Carlos Valladares, quien acusó a los panistas de querer enriquecerse a costa de la pobreza y enfermedad del pueblo de Guatemala. Esta opinión fue respaldada por la mayoría de los diputados de la oposición, quienes además insistían en afirmar que el documento es inconstitucional.
Castro insistió en que no se estaba violando el principio de gratuidad constitucional y que en el artículo cuarto del documento, se garantizaba la prestación de servicios gratuitos a aquellas personas y sus familias cuyos ingresos no les permitían costear parte o la totalidad de los servicios.
Días después, el presidente Arzú sancionó el nuevo Código de Salud, Decreto 90-97, a pesar de la oposición de muchos sectores. A la fecha, está vigente con reformas de 1998 en las cuales se eliminaron varios artículos, como el 22, referente al financiamiento del sector salud y el que motivó la discusión por el cobro de los servicios en hospitales, el cual fue declarado inconstitucional.
