En noviembre de 2007 fue condenado a 9 años de prisión y al pago de Q3 millones el ex ministro de Gobernación del gobierno de Alfonso Portillo, Byron Barrientos, por peculado y falsificación de documentos. Junto a Barrientos fue condenado el ex viceministro Luis Dávila. Las pesquisas lograron comprobar que de agosto del 2000 a diciembre del 2001, Barrientos autorizó el desvío del dinero a cuentas de particulares y de la falsificación de firmas de una de las cuentas.
Los Q81 millones no se recuperaron y Barrientos cumplió únicamente cuatro años de prisión al solicitar redención de penas.
En 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, se destapó la estafa por Q40 millones a Gobernación por la empresa Proyectos Maskana, una empresa de cartón. El dinero estaba destinado para compra de vales de combustible para la Policía Nacional Civil, (PNC). Maskana recibió los fondos y los repartió a 18 empresas vinculadas de Panamá, Brasil y Estados Unidos.
Por este caso fue condenado el exdirector de la PNC, Baltazar Gómez Barrios, a cinco años de prisión; Héctor Lapoyeu, exdirector y exjefe de Logística de la PNC, a dos años; el exministro de Gobernación Raúl Velásquez aún enfrenta el proceso por abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.
En el mismo año se firma un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, por Q17.5 millones. El exministro Salvador Gándara firmó el contrato. Posteriormente el exministro Raúl Velásquez autorizó el traslado de reos de alta peligrosidad a pesar de no haberse finalizado la remodelación. En Mayo de 2010, a raíz de un motín en Fraijanes 2, quedó en evidencia el fraude de la constructora encargada de los trabajos ya que peritos del Ministerio Público en una inspección encontraron deficiencias en las instalaciones.
Por el caso de Fraijanes 2 fueron procesados Gándara y Velásquez; el primero fue dejado en libertad y Velásquez fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, continúa preso por el proceso pendiente en su contra por el caso Maskana.
Ante la ausencia de una ley anticorrupción, la cual es una de las propuestas de la plataforma para la reforma del Estado, los casos seguirán dándose con total impunidad, como quedó evidenciado este martes 23 de junio, con la captura de una estructura dentro de la PNC sindicada de desvío de fondos.
