Control y descontrol
El presidente de Compañías de Seguridad, Saúl Hernández, informó que cuentan con 106 empresas agremiadas, pero que existen algunas “fantasma” que carecen de control, y cuyo número de elementos no puede ser cuantificado.
Hernández aseguró que las empresas del gremio han evolucionado bajo control del Ministerio de Gobernación, y que el personal está completamente identificado ante la PNC, lo cual garantiza que deben estar solventes de antecedentes penales y policíacos.
Sin embargo, grupos pro Derechos Humanos ven con preocupación el incremento de firmas vigilancia particular, pues las consideran un riesgo para la ciudadanía.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, señala que éstas “son fuente de delincuencia organizada, pues tienen la posibilidad legal de portar armas”.
Bruce Harris, de Casa Alianza, denunció que la mayor parte de abusos contra los niños de la calle son ahora cometidos por agentes particulares.
Por su parte, el director de la PNC, Angel Conte, dio a conocer que en octubre de 1998 hubo depuración de las compañías de vigilancia; 18 que no estaban apegadas a la ley fueron remitidas al Ministerio Público, por lo que se estima que sólo unas 10 quedan en proceso de investigación.
Sólo 13 consignados
De acuerdo con datos registrados en la PNC, en 1998 fueron consignados 13 policías particulares acusados de delitos contra la propiedad, asalto, robo y robo de vehículos y ebriedad; además, cuando portaban uniforme, vendieron el arma de su equipo y lesionaron a particulares.
Al respecto, Juan Murúa, asesor en sistemas de seguridad, indicó que no es suficiente la carencia de antecedentes para reclutar al personal policial. Es necesario, además, efectuar, periódicamente, pruebas sicológicas y de estabilidad emocional a los agentes, para garantizar verdadera seguridad ciudadana.
Sin embargo, el presidente de la gremial aseguró que los agentes no portan armas en la calle en horas que no son de trabajo, y que hay un departamento de supervisión interna que vela por la honestidad de los empleados.
Cambio de uniformes
El director de la PNC, Angel Conte Cojulún, reconoció ayer que algunos agentes de seguridad privada han sido confundidos con miembros de esa institución policíaca, por la similitud de los uniformes.
Sin embargo, señaló que a través de reuniones con autoridades de la Gremial de Empresas de Seguridad se acordó que a partir del 1 de marzo, los miembros de policías privadas dejarán de vestir uniformes similares a los de la PNC.
“Ahora bien, si hay empresas no autorizadas que aún funcionan, vamos a capturar a esos agentes, y serán consignados a los tribunales de justicia”, puntualizó el funcionario.
Conte añadió que otro elemento positivo será la elaboración conjunta de un manual, para que lo hagan del conocimiento de cada agente privado, concerniente a las funciones que le competen.
“Será un documento que describa el conocimiento de las leyes, portación de armas, y Derechos Humanos”, destacó Conte.
Empresas de seguridad privada que cuentan con autorización, como Scorpio, Segusa, Segurisa y Metropol, brindan protección de todo tipo, a bancos, fábricas, colonias, camiones de distintas empresas y hasta casas particulares, en la capital y el interior.
Requisitos mínimos
- Norma: para optar a una plaza de policía particular se solicita únicamente haber cursado, por lo menos, sexto grado de primaria, y haber cumplido con el servicio militar.
- Armas: los agentes particulares sólo están autorizados para portar revólver calibre .38 mm, o escopeta calibre .12.
- Salario: perciben salario mensual de Q1,300 a Q1,500, mientras que los policías nacionales civiles devengan Q2,900, y los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, Q2,500.
Tendencia continuó
La Dirección de Servicio de Seguridad Privada (DGSSP) reportó en noviembre de 2017 que 17 mil 647 personas tenían acreditación para ser guardias privados, aunque el número podría aumentar hasta 150 mil personas que prestan sus servicios entre guardaespaldas y agentes de seguridad.
La cifra contrasta con los 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil según informes del Ministerio de Gobernación.
