Cinco gobiernos latinoamericanos serían privados de toda ayuda, ya que estos habían renunciado con anterioridad a los créditos estadounidenses para la adquisición de material bélico, acusando al gobierno norteamericano de inmiscuirse en los asuntos internos de los países.
Al expresar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Argentina, la administración Carter redujo todos los créditos militares al gobierno argentino, los cuales alcanzaban los US$15 millones.
El gobierno argentino rechazó esta cantidad, señalando que la administración de Carter no tenía derecho a interferir en cuestiones domésticas.
Anteriormente, el parlamento norteamericano había decidido eliminar los programas de ayuda militar y reducir la ayuda económica a los gobiernos de Chile y Uruguay, tras examinar las denuncias que pesaban sobre esto, pues eran constantes las violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos de Brasil, El Salvador y Guatemala renunciaron a la ayuda estadounidense después de que se publicara un informe elaborado por la cancillería norteamericana sobre la situación de los derechos humanos en estos tres países .
En una nueva actitud de descontento por la actitud norteamericana, el gobierno brasileño informó sobre la cancelación de los tratados de cooperación militar entre los dos países que se remontaba a la Segunda Guerra Mundial.
Para los gobiernos de Brasil, Guatemala, El Salvador y Uruguay, la ley de ayuda externa firmada por el presidente norteamericano solo anulaba una ayuda que ya había sido rechazada por los cuatro países.
Argentina fue uno de los países más afectados debido a la nueva ley, la cual estipulaba la eliminación del programa de entrenamiento militar a oficiales de ese país en academias militares estadounidenses.
Un comunicado oficial daba cuenta que varios oficiales argentinos habían recibido entrenamiento en el pasado, en academias de guerra en la zona del Canal de Panamá y en Estados Unidos.
El programa de entrenamiento para 1978, prevía un presupuesto de US$700,000 para que fueran destinados al adiestramineto de 186 oficiales argentinos en diversas especialidades.
Sin embargo, el parlamento rechazó este presupuesto solicitado por el Gobierno, señalándolo de que este facilitaría a los militares argentinos a utilizarlo para represión interna.
La eliminación de la ayuda a militares latinoamericanos se debía a que se violaban los derechos humanos; esto fue criticado por altos oficiales militares estadounidenses quienes consideraron se perjudicaba la estrategia continental.
El presidente de la junta interamericana de defensa, general Gordon Summer, informó en Nueva York, que estos recortes de ayuda podían resquebrajar la unidad estratégica y permitir que aumentara la “amenaza comunista” en el continente.
Varios funcionarios del Pentágono solicitaron al comité de Estados Unidos que ejerciera influencia moderadora para que continuara la ayuda militar a los regímenes latinoamericanos.
Sin embargo, según estos funcionarios, la eliminación de la ayuda estadounidense solo produciría reacciones negativas entre los militares y no contribuía a mejorar la situación de los derechos humanos.
Expertos económicos estadounidenses también expresaron su preocupación, ante la decisión del gobierno del presidente Carter de utilizar su voto a los organismos crediticios internacionales para defender los derechos humanos.
Carter consigió que los parlamentarios no incluyeran ninguna enmienda a la ley de ayuda externa de 1978, por la que se hubiera obligado a los delegados norteamericanos, ante organizaciones como el Banco mundial y el Banco interamericano de desarrollo, a votar en contra de préstamos a países violadores de los derechos más elementales del ser humano.
Todos los regímenes militares latinoamericanos, con excepción de Perú y Ecuador, fueron los más señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Los proyectos de desarrollo de esos regímenes financiados en gran parte con préstamos de organizaciones crediticias internacionales, podrían verse gravemente afectadas si Estados Unidos llevaba a efecto su decisión de votar en contra de los créditos a los gobiernos acusados de violar los derechos humanos.
Reanudan ayuda militar
El Gobierno norteamericano anunció en 1981 la reanudación de la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala por medio de su portavoz del Departamento de Estado, Dean Fischer.
El propósito de la reanudación de la ayuda era para poder neutralizar la ayuda a la guerrilla guatemalteca.
El general retirado Vernon A. Walters, ex director adjunto de la CIA, en aquella ocasión visitó Guatemala luego de que su país cortara toda ayuda militar a Guatemala en 1977.
El presidente Romeo Lucas García rechazó en aquella ocasión la ayuda, tras las críticas de la Administración Carter al Gobierno guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos.
Entonces se percibía el recrudecimiento de la actividad guerrillera y la represión gubernamental contra todas las formaciones políticas. A ello se sumó la persecución militar contra campesinos de Quiché, lo cual provocó el éxodo hacia México.
Entrenamiento militar (Video: tomado de Youtube)
