Aunque el regreso a la institucionalidad había avanzado con la proclamación de la Constitución en mayo de 1985, ésta tomaría vigencia hasta enero del siguiente año, el alto costo de la vida y el aumento al valor de los servicios básicos, en especial el transporte presagiaban un estallido social.
En varias zonas de la capital se registraron manifestaciones, que fueron subiendo de intensidad y las cuales fueron reprimidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad causando fuertes disturbios. Ante la situación los centros educativos decidieron suspender las clases por seguridad de los alumnos.
La cauda de las violentas manifestaciones la noche anterior, según reportaba Prensa Libre era de dos hombres y dos niños muertos, nueve heridos de bala y unos 600 detenidos. Además el pelotón antomotines del Ejército se apostó en los alrededores del Palacio Nacional para evitar que las manifestaciones se acercara.
Ejército ocupa la USAC
La noche del 3 de septiembre de ese año el Ejército entró violentamente al campus central de la Ciudad Universitaria en la zona doce de la capital, destruyendo las puertas y mallas perimetrales. Doce convoyes militares ingresaron al recinto en medio de una fuerte censura ya que no permitieron el paso de la prensa mientras los efectivos registraban todas las instalaciones universitarias.
Unos 500 soldados penetraron las instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y de la Escuela de Profesores de Enseñanza Media, sin dar mayores explicaciones a los periodistas.
Al conocerse la noticia el rector de la época, doctor Eduardo Meyer Maldonado declaró que no aceptaba la intervención militar en la USAC y que se suspendían todas las actividades académicas y solicitó una audiencia al Jefe de Estado, Óscar Mejía Víctores para que diera una explicación.
Centro de narcotráfico
Como un centro de narcotráfico y subversión calificó el Ejército a la Universidad de San Carlos en una conferencia de prensa el día 5 de septiembre, al mostrar los resultados del operativo de ocupación que sufrió la ciudad Universitaria.
Los militares indicaron que contaban con un estado mayor especializado, constituido por profesionales universitarios en diferentes disciplinas quienes en todo momento presentaron su asesoría profesional a los efectivos militares durante la operación.
Con lujo de detalles el expositor castrense mostró a la prensa armas que supuestamente fueron encontradas en el interior del campus, las cuales eran de fabricación israelita, rusa y norteamericana, además de literatura marxista-leninista y propaganda subversiva.
A pesar de lo incautado el Ejército no sindicaría a las autoridades o estudiantes de que las mismas hayan sido utilizadas para fines terroristas y de narcotráfico, según manifestaron.
Por su parte el rector Meyer rechazó la acción militar y dijo que “era una farsa para engañar al pueblo y evadir la explosiva realidad nacional ocasionada por los problemas económicos y sociales”.
Ese mismo día 5 de septiembre el Consejo Superior Universitario recuperó la Ciudad Universitaria e hizo un recorrido para hacer un recuento de los daños causados por la violenta ocupación.
Meyer rechazó también de que en su despacho existieran armas, según indicó el vocero del Ejército, Marco Antonio Castellanos y responsabilizó a la institución castrense de los daños ocasionados. “Como lo pueden comprobar y lo he reiterado en diferentes ocasiones, la única arma que los universitarios tenemos es el intelecto”, agregó el rector.
La prensa y las autoridades universitarias observaron archivos por los suelos, laboratorios dañados, mensajes soeces se observaban en los edificios de las diferentes facultades.
“No cabe la menor duda que se trata de justificar la ocupación, que ha sido el peor error de este gobierno. Ni siquiera en la época de Lucas, cuando hubo una gran represión contra la Universidad, ocurrió el allanamiento y la opucación del Alma Mater”, puntualizó Meyer.
Condena unánime
Diferentes sectores condenaron la ocupación militar de la USAC y la calificaron como un error mayor. Por ejemplo, el arzobispo metropolitano, monseñor Próspero Penados del Barrio manifestó que la acción es uno de los mayores errores que ha cometido el gobierno, en vista de que el Gobierno violó el Estatuto Fundamental de Gobierno que contemplaba la máxima autonomía de la Universidad de San Carlos.
Los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente también expresaron su pena y protesta en una carta dirigida al jefe de Estado. La misiva fue firmada por los diputados de todas las bancadas y aprobada en el pleno por 51 diputados que estaban presentes. “Con profunda pena hemos visto la acción militar de ayer en las instalaciones universitarias. Este hecho que ha conmovido a la comunidad académica del país conlleva nuestra protesta, como representantes del pueblo de Guatemala. Lo anterior viola flagrantemente la autonomía universitaria…” indicaba la nota.
En respuesta al rechazo el jefe de Estado Mejía Víctores expresó que no tenía por qué pedir permiso para ocupar la USAC, ya que no se trata de un territorio aparte. Mejía respondió a todas las preguntas que se le hicieron en conferencia de prensa, algunas de manera tajante.
Mejía Víctores atribuyó a los estudiantes de estar detrás de las protestas en contra del alza al precio del pasaje del transporte y que además tenían información de que habían armas en el interior del campus, sin dar mayores explicaciones de la ocupación militar.
