Un hecho “fortuito” complicó la investigación, pues el 17 de junio de ese año ardió el almacén 11 del polvorín El Aceituno, de la Brigada Mariscal Zavala, zona 17. El Ejército manejó con hermetismo el incidente.
Montenegro presentó documentación que señalaba a miembros de la institución, entre ellos Francisco Ortega y Manuel Callejas, como accionistas de Maya Químicos, vendedora de clorato de potasio a empresas, incluidas coheterías clandestinas. Maya Químicos negó tener el monopolio, ya que solo cubría el 20 por ciento del mercado.
¿A cargo de quién?
La comercialización, transporte y uso del clorato de potasio está regulado por el decreto Ley 123-85, Ley de Especies Estancadas que indica que “es responsabilidad del Ministerio de la Defensa extender licencias para su compra y venta”.
Defensa aseguró que sólo autorizaba licencias, y que correspondía al Ministerio de Economía autorizar empresas de pirotecnia; sin embargo, esa cartera no llevaba registro de empresas que vendían el químico.
El entonces presidente Óscar Berger, dijo que la importación y uso del clorato pasaría a Economía, aunque solo quedó en una promesa.
Intimidaciones
Días después de presentar la denuncia sobre el negocio oscuro del clorato, la diputada Montenegro informó que había recibido amenazas junto a su familia. “Han estado preguntando mi dirección exacta, argumentando que van a colocarme un vidrio, y están vigilando mis movimientos”, dijo la diputada.
Montenegro señaló que la situación surgió luego de su denuncia del contrabando del químico para explosivos en el que se involucra a militares señalados de violaciones a los derechos humanos.
La denuncia de esta situación creó confusión entre los fabricantes de juegos pirotécnicos de San Pedro Sacatepéquez y San Raymundo quienes vinieron a la capital a manifestar en contra de la iniciativa que regula la importación y venta de clorato de potasio. La diputada les expuso sus puntos de vista ya que ella no estaba en contra de la artesanía cohetera, sino que estaba en contra de la poca transparencia de la institución castrense en el manejo de este asunto delicado.
Sin solución
Se consultó a la diputada Montenegro en días recientes sobre la resolución de la denuncia que interpuso en el año 2005 y manifestó que no prosperó.
“Las autoridades del Ministerio Público nos acompañaron a verificar la forma ilegal en que se vendía el clorato, venden desde Q10 en palanganas, pero no hubo nada más”, expresó la congresista.
Debido a la falta de acción del Ministerio Público, la bancada inició una labor personal con organizaciones de la niñez para apoyar a los menores a obtener becas y así dejaran de trabajar en las coheterías que se transformó en una iniciativa de ley para regular y endurecer los controles del uso y la venta del clorato de potasio, agregó Montenegro.
“El tema es lamentable, días después de que se hizo la visita con la gente del MP hubo una explosión en una cohetería clandestina, principales consumidores del clorato de potasio, en donde falleció un menor y otro perdió sus dedos. Se agarraron varios furgones con el material de contrabando, pero no pasó más”, lamentó la diputada.
