El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, en aquella oportunidad dijo que “Estados Unidos desea expresar su profunda decepción por la falta de decisión del gobierno guatemalteco para proteger los Derechos Humanos”.
?El último caso fue el asesinato de 13 civiles en Santiago Atitlán por soldados luego de que los indígenas se opusieron a la detención de un líder comunitario, ya que era ilegal.
?El gobierno del presidente Vinicio Cerezo se había comprometido a castigar a los responsables, pero el oficial y los soldados acusados no habían sido enjuiciados.
Estados Unidos también criticó enérgicamente al Gobierno por no tomar acciones efectivas por el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine, ocurrido el 8 de junio de 1990 en Petén. Devine tenía 30 años de residir en Guatemala.
Protesta del gobierno
El 23 de diciembre de 1990, Cerezo dijo que la medida de Estados Unidos era drástica.
La calificó como una “resolución muy drástica”, mientras los sectores de oposición la consideraron como una “advertencia hacia el nuevo gobierno” para que se respetaran los derechos fundamentales del ser humano.
Cerezo dijo que la medida era una represalia contra la Democracia Cristiana por no asumir una actitud dura contra Nicaragua durante el período sandinista.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Oliverio García, dijo que la postura de Washington es “un reproche o condena moral” a la negligencia del gobierno por mejorar la situación de los derechos humanos.
García, dirigente político de la Unión del Centro Nacional (UCN), indicó que más que afectar a Cerezo, quien terminó su gestión el 14 de enero de 1991, la medida era una advertencia para el próximo gobierno.
El Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la decisión fue tomada porque se observaban violaciones a los derechos humanos en Guatemala y la falta de juicios y castigo contra los responsables, entre ellos los militares, quienes eran los mas señalados.
“Estados Unidos desea expresar su profunda desilusión por la falta de compromiso de proteger los derechos humanos por el gobierno de Guatemala”, indicó el comunicado.
“Durante los seis meses hemos tenido reuniones regulares con el presidente Cerezo y el ministro de Defensa, general Juan Leonel Bolaños, para instar a que se aprese y enjuicie a aquéllos que asesinaron al ciudadano americano Michael Devine”, se indicó en el documento.
“Algunas acciones iniciales llevaron a la detención de seis sospechosos, entre ellos cinco militares pero desa- fortunadamente no se ha avanzado en la investigación”, se advirtió.
El gobierno guatemalteco, que dijo que la ayuda militar era simbólica, lamentó la medida y lanzó una crítica, aduciendo que el propio Departamento de Estado había reconocido los esfuerzos de Guatemala en materia de derechos humanos, por lo cual le pareció contradictorio lo que decía en el documento enviado por el gobierno norteamericano .
Sobre el caso Devine, el Gobierno reconoció en aquella época que existían dificultades “inherentes a todo hecho criminal” debido a los “obstáculos jurídicos impuestos por un anticuado código procesal penal”.
El gobierno insinuó que la decisión de Washington no obedecía a un interés por los derechos humanos, y por eso esperaba que este acto contra Guatemala, el asesinato de un ciudadano norteamericano, no fuera otra incomprensión y desaire a la política internacional de Guatemala, vista con disgusto en el pasado por el Departamento de Estado, dice un comunicado oficial.
24 de diciembre de 1990
El mandatario dijo que en 1989 que la ayuda militar había sido de US$2 millones y que se recibiría dentro de 4 o 5 a años, aunque se mencionaba que la cantidad sería de US$1.9 millones en ayuda a Guatemala
Cerezo dijo que eso no incidía en nada, porque “es tan poca la ayuda militar que nos da Estados Unidos, que si ésta llega a perderse no incidirá en el esquema de seguridad nacional”.
Preocupación
El Gobierno vio con preocupación la resolución drástica del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica acerca del cese de la ayuda militar a Guatemala, se afirmó en un boletín de Prensa.
Se explicó que era un hecho conocido por la opinión pública nacional e internacional que hay grupos de personas desafectas al régimen que realizan acciones atentatorias contra los Derechos Humanos.
El Gobierno de la República admitió el 27 de diciembre las dificultades inherentes a todo hecho criminal, para avanzar en las investigaciones y los obstáculos jurídicos impuestos por un anticuado Código Penal; a pesar de ello en los últimos cinco años ha sido evidente la voluntad política de Guatemala, para aclarar casos violatorios contra las personas.
Versión de vocera
Claudia Arenas, portavoz del Gobierno, informó que en el caso del norteamericano Michael Devine se tenían acciones concretas, se detuvo a varios sindicados o los que supuestamente tenían información del hecho.
La vocera añadió que los sindicados habían sido consignados a los tribunales y continuaban las investigaciones para determinar quiénes eran los responsables. Al respecto, se solicitaron declaraciones e información a algunos oficiales del Ejército que estuvieron cerca del área donde ocurrió el crimen.
Recomendación a turistas
Arenas dijo que a la fecha no se había dado seguimiento a la declaración inicial de Cerezo en torno a una advertencia a los viajeros que visitaban Estados Unidos.
Cerezo ha recibido información de algunas personas que viajaron a ese país y fueron objeto de robos y atracos en la vía pública.
Declara Frank La Rue
El 30 de diciembre de 1990, el fundador del Centro para la Acción Legal para los Derechos Humanos, Frank La Rue, dijo que el recorte de la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala era insuficiente para detener las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército.
La Rue opinó que “aunque es un paso importante, expresa una señal al Ejército de Guatemala que el gobierno norteamericano será vigilante para que se respeten los Derechos Humanos”.
El analista guatemalteco dijo que la decisión del Departamento de Estado apuntaba a que podría reanudarse la asistencia al próximo gobierno para que respetara los Derechos Humanos, pero que era importante decirle al próximo gobernante que las violaciones a los Derechos Humanos tenían que ser juzgadas judicialmente, aunque fueran cometidas por oficiales de alto rango del Ejército.
El problema fundamental que atraviesan los Derechos Humanos en Guatemala es la impunidad de las fuerzas armadas,. Debe considerarse inaceptable que el próximo gobierno otorgue amnistía a los militares, enfatizó La Rue.
