El primero enfrenta proceso después de diez años de silencio judicial. Meyer Maldonado cumplió una sentencia de 3 años y el pago de Q10 mil.
Morales desvió Q16 millones y Meyer, Q82.8. Ambas cantidades fueron “invertidas” en una dudosa casa de bolsa llamada Mercados de Futuro. Estos fondos nunca fueron recuperados, porque las autoridades de la Casa alegaron que no tenían esos fondos disponibles a la hora de los reclamos.
Raúl Girón, representante de MDF, fue condenado en el 2012 a 24 años de prisión por el desvío de fondos durante la Gestión de Meyer.
Descrédito y desconfianza
Dos profesionales hablan al respecto. Uno de ellos pertenece a una institución dedicada a la investigación en el plano social. El otro es una mujer dedicada al monitoreo social, la denuncia de la corrupción y la defensa de la plena aplicación de la justicia.
“Los desvíos y corrupción en el Congreso han aumentado el descrédito y la desconfianza que ya viene arrastrando. Al respecto, hay crítica y denuncia social por la forma arbitraria como el Legislativo maneja los recursos”, opinó José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Sanabria agregó que a la discrecionalidad se suman una cultura pasiva de resignación y de conformismo de la población y de aceptación de “prácticas culturales”.
Un ejemplo de lo anterior es “saltarse” los procesos legales y no respetar las normas.
Esas prácticas, que muchas veces se toman como “normales”, gozan de tolerancia, lo cual hace más difícil la investigación y la aplicación de la ley.
“Amiguismo, compadrazgo y conectes se unen en casos como los del Congreso y continuarán afectando la imagen del país. Debemos transformar esa cultura de aceptación –de falta de ética- que salta del ambiente privado al público”, indicó.
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Denuncia
Debe hacer condena enérgica, cultura de denuncia y valoración de los recursos públicos. Además, la cultura de la legalidad debe ser la norma imperante, y para ello se necesita concientizar a todas las instituciones: la familia, la escuela, la empresa… sobre las buenas prácticas.
Sanabria reconoce, además, que la corrupción es un mal mundial, un fenómeno global. El caso del Congreso no es único porque como este hay decenas de casos en otros países.
Parece, entonces, que el mal está enraizado, pero ante esa situación urge coordinación de esfuerzos regionales e intrarregionales, con el objetivo de atacar el mal desde la raíz.
Más allá de sentirnos señalados como país, tenemos la oportunidad de cambiar esa situación, reflexionó el experto.
Auditoría social
Respecto de los desvíos en el Congreso, la activista del Movimiento pro Justicia Carmen Aída Ibarra opina que no hay límites para la fiscalización y la vigilancia del uso de los recursos públicos, solo aquellos que establece la legalidad.
“No hay cortapisas, solo las que indica la ley. Todos los actos del Gobierno son públicos”, indicó.
Un aspecto que resalta Ibarra es que los ciudadanos deben ejercer su derecho de conocer sobre los actos públicos, y esto lo garantiza el libre acceso a la información.
En tal sentido, no debe existir ámbito público que deniegue información, y son contados los casos de datos confidenciales o en reserva. Este acceso debe ser, por supuesto, con calidad técnica, pero sin obstáculos ni pretextos.
“Desvíos y desfalcos en el Congreso siempre ha habido, pero no nos hemos enterado. La diferencia es que en ahora hay más auditoría social”, dijo.
El Legislativo mismo debe mantener internamente mecanismos de monitoreo, y esto incluye la vigilancia administrativa. Por su parte, los ciudadanos deben verificar con qué seriedad se ejerce el control parlamentario, enfatizó Ibarra.
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Insultos e intercambio de palabras en el Congreso (Video: tomado de Youtube)
