Guatemala no fue ajena a estas situaciones en especial durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250 mil muertes y 45 mil detenidos según las demandas de las organizaciones de derechos humanos.
Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.
Desde el periodo de la firma de la paz hasta hace unos años atrás el clamor por la aparición de las personas desaparecidas no tenía eco por el clima de impunidad. Sin embargo una luz al final del tunel abrió una esperanza.
En julio del 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) descubrió 80 millones de folios en el Archivo de la extinta Policía Nacional (PN), la cual había funcionado desde 1881 hasta 1997 cuando fue sustituida por la Policía Nacional Civil. La existencia del archivo de la PN había sido negada durante años por el mismo Estado.
La documentación fue entregada por la PDH al Ministerio de Cultura, bajo la rectoría del Archivo General de Centroamérica, quien tiene a su cargo el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).
El objetivo de la creación del AHPN es el de aportar pruebas en casos de masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Además del resguardo, conservación y digitalización de los folios.
En una primera fase el AHPN entregó al Ministerio Público un archivo con cientos de documentos históricos sobre desapariciones de líderes estudiantiles ocurridas entre 1978 y 1980, régimen de Romeo Lucas García, el cual tenía una estrategia policial y militar contrainsurgente que se concentró en eliminar al movimiento social urbano y rural, según señala el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron los más afectados y reprimidos por medio de capturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Represión
El informe presentado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) cita en forma textual: “Durante los años 1979 y 1985, la espiral de violencia aumentó hasta alcanzar niveles inimaginables”.
“Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no solo a combatir a la guerrilla, sino atacar sistemáticamente al movimiento social”. “Con Lucas García (1978-82), la estrategia se concentró en eliminar al movimiento social, tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente”.
Ese documento responsabiliza de la violencia al régimen de Lucas García, a su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y al coronel Germán Chupina.
La CEH señala que la toma de la Embajada de España, con saldo de 37 muertos, fue la cúspide del clima de agitación política de la época. También se registró la desaparición forzada de 27 miembros de la Central Nacional de Trabajadores.
Justicia tardía
Pasarían 26 años para que un caso de desaparición forzada obtuviera justicia. El 28 de octubre de 2010 fueron declarados culpables Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes eran miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional en 1984, por la desaparición forzada del dirigente estudiantil y sindical Fernando García, ocurrida el 18 de febrero de ese año.
Una de las pruebas presentadas fue un documento descubierto en el AHPN que señalaba una propuesta de condecoración a agentes de la PN por la captura de supuestos subversivos.
Según el documento, fechado el 24 de julio de 1984 por el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN, los agentes habían detenido a dos personas consideradas subversivas a inmedicaiones del mercado del Guarda, entre las que se encontraba Fernando García. A pesar de la sentencia, el paradero de García nunca fue aclarado.
Otro caso que obtuvo justicia es el de la desaparición de Édgar Enrique Sáenz Calito, sucedida el 4 de marzo de 1981 en la zona 9. El ex jefe del Cuerpo de Detectives de la PN, Pedro García Arredondo, fue condenado a 70 años de prisión por la desaparición de Sáenz Calito y sentenciado por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. García Arredondo sería condenado posteriormente por la quema de la Embajada de España en 1980.
Sáenz Calito era estudiante de la Facultad de Agronomía de la USAC cuando fue detenido, supuestamente por haber atentado contra la seguridad interna de la Nación, ya que según los agentes que lo detuvieron, le encontraron propaganda de la Organización del Pueblo en Armas. Sin embargo, una sala de Apelaciones ordenó su libertad porque no encontró evidencia de su culpabilidad.
El estudiante tendría que haber sido liberado el 9 de junio de 1981 junto a otros 11 presos, los cuales salieron una hora antes de lo establecido. Sáenz Calito salió a las 6 de la tarde. Según un documento localizado en el AHPN, tres minutos después de haber abandonado el Segundo Cuerpo y cuando había caminado unos 123 metros, la víctima fue capturada de nuevo y desaparecida hasta la fecha.
Un comando de hombres fuertemente armados vestidos de civil, forma de operar del Comando Seis, le salió al paso y lo introdujo en un vehículo.
Otras condenas
Los tribunales del país han dictado pocas sentencias por hechos perpetrados durante el conflicto armado.
- Diciembre de 2009: 53 años de prisión por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, Chiquimula.
- Agosto de 2009: 150 años de prisión por la desaparición de seis personas en Choatalum, Chimaltenango.
- Agosto de 2008: 780 años de cárcel por la masacre de 26 personas en Río Negro.
- Marzo de 2013: 50 años de prisión a Isidro Cardona, excomisionado militar de Chiquimula, por la desaparición de Édgar Leonel Paredes Chegüen, en 1982.
- Febrero 2016: Dos militares fueron condenados por deberes contra la humanidad por la masacre de Sepur Zarco.
