Prensa Libre publicó la noticia el 10 de julio de ese año. En el texto se indicaba que Mendoza Andrés presentó varios documentos del juzgado de primera instancia de paz de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, en los que manifiestan los actos de intimidación que han sufrido durante varios meses por ocupar y cultivar terrenos que reclaman personas originarias de Ponjom.
El denunciante narró que la turba llegó, en horas de la noche, para golpear a varios habitantes del caserío Martín y los obligaron a abandonar sus viviendas.
Luego, rociaron gasolina en los 42 ranchos y prendieron fuego, dijo. “Más de 300 personas, entre mujeres, hombres y niños corrieron para refugiarse en las montañas, pues un buen grupo de malhechores (encapuchados) rociaban balas en todos los lugares. Entre tanto de un disparo murió un joven, quien no fue identificado”, expresó, con voz titubeante, el campesino.
Estos maleantes -continuó- tienen intenciones de apoderarse de los terrenos donde vivimos (propiedad del Instituto Nacional de Transformación Agraria), a pesar que la municipalidad autorizó la construcción del caserío. Los atacantes también se llevaron varios objetos, animales, así como cosechas de maíz, dijo.
Informó que dieron aviso a la zona militar de la región, pero no han investigado. “Pedimos a la Procuraduría de Derechos Humanos, Congreso, así como otras entidades para que nos proporcionen apoyo y víveres para sobrevivir, pues prácticamente no tenemos más que nuestras vidas”, agregó.
El diputado Oliverio García Rodas inmediatamente se comunicó vía telefónica con el magistrado de conciencia, Mario García Laguardia, para solicitarle que recibiera al denunciante.
Ayer, en horas de la tarde, en la Procuraduría de Derechos Humanos informaron que investigarán a fondo el hecho y solicitaron información detallada a la extensión de la Procuraduría de Derechos Humanos en ese departamento.
Problema añejo
El problema de límites y posesión de tierra en Guatemala tiene más de dos siglos de existencia. De hecho, muchos municipios del país, incluidos varios del departamento de Guatemala, viven en tensión por asuntos limítrofes.
Por ejemplo, la comuna capitalina mantiene un lío territorial con Santa Catarina Pinula. En tanto el primer municipio aleja que el segundo se extralimitó en su demarcación, éste retiene posesiones ancestrales que provienen de la Época Colonial.
Un dato curioso en torno a los límites es también la posesión por parte de familias, que detentan la propiedad de terrenos casi a título hereditario.
El problema se extiende a productos del suelo, fuentes de agua y otros elementos propios del tema agrario. Ante un registro de propiedad y administración municipales que han sido deficientes en el país, han surgido propuestas como redefinición de límites territoriales y reavalúo de tierras, ideas que muchas veces no encajan o no son suficientemente consistentes con la tenencia de la tierra, el subregistro de propiedades o la carencia de documentos.
Uno de los elementos de discusión ha sido la propiedad “de palabra”, es decir, cuando una persona o comunidad indica que ha recibido en heredad cierto territorio o finca pero no cuenta con un documento impreso.
Para comprender mejor la problemática de la tierra en Guatemala es necesario adentrarse en los señoríos precolombinos y luego en el sistema de distribución y apropiación de tierras que los conquistadores implantaron.
Dichos sistemas de propiedad de tierras también incluyen las propiedades comunitarias o ejidos cuyos productos también pertenecen a los comunitarios.
Otro caso más reciente
El 15 de noviembre de 2012, unas 200 familias que habían invadido la finca Secamquim, en Cahabón, Alta Verapaz, fueron desalojadas la Policía Nacional Civil (PNC).
Gerson Aguilar, de la Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos (Copredeh), Copredeh, informó que el desalojo fue de manera pacífica, pero indicó que hay un detenido.
Agregó que ahora se trasladan a las Xelajú y el Paraíso Secamquim, en dónde se tiene conocimiento que los invasores no pueblan la tierra, sino que utilizan la tierra para siembras.
Aguilar expresó que los comunitarios no colocaron resistencia, “se agotó las vías de diálogos, desde ayer (miércoles) incluso hoy (jueves) por la mañana se les hizo dos propuestas que la Secretaria de Asuntos Agrarios y el Presidente plantearon, pero los pobladores no salieron”, indicó.
Por aparte, Gilberto Cucul, comunicador de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, expresó que tienen conocimiento que fueron quemadas casas y cosechas, y que los policías llegaron con armas de fuego y lanzaron gases lacrimógenos. “Fueron dos los detenidos, la gente está preocupada porque están desaparecidos dos niños; además el gobierno no dio ninguna opción a los desalojados, que eran 400 familias”, aseguró.
Desalojo en finca de Retalhuleu, en 2011. (Video: tomado de Youtube)
