La entidad pasó de conceder créditos de Q40 millones mensuales a otorgar arriba de Q160 millones en noviembre y Q80 millones en diciembre, lo cual aumentó su cartera de préstamos en alrededor de Q300 millones.
“Esto consumió las disponibilidades que tenía el banco en un período bastante corto”, explicó, en conferencia de prensa, el jefe de la Superintendencia de Bancos, Willy Zapata, quien, junta a la presidenta de la Junta Monetaria, María Antonieta Del Cid de Bonilla, oficializ�� el cierre del BC.
Por qué dieron tantos créditos, es la pregunta. “Esa es la incógnita que tenemos”, expuso Zapata. Sin embargo, fuentes allegadas al banco aseguran que los accionistas facilitaron esos préstamos a empresas vinculadas con los dueños.
Motivos de la suspensión
Los administradores argumentaron a las autoridades monetarias, según Zapata, que la entidad se quedó sin liquidez porque en los últimos meses bajaron los depósitos del público.
Ante ese problema, el presidente y gerente del BC, Jorge Ibarra Rivera y Carlos Abularach Zablah, respectivamente, prefirieron entregar las llaves de la entidad y solicitar la suspensión de operaciones, días atrás.
No obstante, Zapata dijo que las razones expuestas por ambos banqueros no eran ciertas, pues, en realidad, los depósitos de la institución se habían mantenido en un mismo nivel, no así el promedio de los montos de créditos otorgados, los cuales se cuadruplicaron en el último trimestre de 2006.
“Tiene que hacerse el análisis, es parte de la auditoría forense, y deducir responsabilidades”, afirmó Zapata. Agregó que ese trabajo estará a cargo de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos.
El desbalance entre ingresos y egresos de las arcas del banco provocó que desde diciembre su posición diaria de encaje fuera negativa. Eso sucede cuando se registran más retiros que depósitos.
El mismo procedimiento
Zapata y De Bonilla garantizaron que todos los ahorros corrientes y otro tipo de depósitos del público serán cubiertos en el cien por ciento. El procedimiento será el mismo que en el caso Bancafé.
Los funcionarios admitieron que para responder a los depositantes, será necesario utilizar US$50 millones (Q384 millones) de un préstamo otorgado por el Banco Mundial. Este crédito se contrajo desde 2002, para apoyar este tipo de urgencias, asignado a un programa llamado fondo de capitalización bancaria.
Sin embargo, este dinero no alcanzará, porque los depósitos en el BC superaban los Q900 millones. Para atender la totalidad, se complementará con Q76 millones que tiene el Fondo para la Protección del Ahorro (Fopa) y el resto será cubierto con activos que tenía el BC.
Este proceso estará a cargo de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, la cual quedó integrada por: Patricia Castillo (abogada), Luis Brol (contador público) y Fernando Diéguez (economista), todos funcionarios de la SB.
La junta trasladará los activos a un fideicomiso, que podría ser administrado por la Corporación Financiera Nacional. Uno o dos bancos del sistema se harán cargo de las cuentas, lo cual se anunciará en los próximos días.
“Hay varios bancos que tienen interés”, señaló Zapata. Entre éstos se encuentra el Industrial. Zapata aseguró que no se demorarán más de una semana en el traslado de los depósitos.
Drama de los cuentahabientes
Al conocerse la noticia numerosos usuarios del banco se presentaron a las diferentes agencias para retirar su dinero, muchos manifestaron su malestar porque no pudieron hacer ninguna operación ya que otro banco tendría que encargarse de las cuentas, situación que tomaría varios días.
Sin embargo días después trascendía el temor de muchos usuarios al confirmarse que los títulos denominados “certificados de custodia de inversión de valores” no se registraron en la contabilidad del banco, en consecuencia dichos depósitos no podrían ser recuperados.
El 18 de enero de 2007 se conocía que un usuario del banco, Roberto Lemus Alvarado se había suicidado al enterarse que había perdido más de Q1 millón que había depositado en el Banco de Comercio en certificados de custodia de inversión en valores. La depresión al confirmar de que había perdido su dinero lo motivó a tomar la fatal decisión.
Los cuentahabientes iniciaron acciones legales y la primera semana el Ministerio Público recibió 500 denuncias en cotra de los ejecutivos del Banco y de la Junta Monetaria. Durante semanas manifestaron frente al Congreso, cerraron calles y avenidas exigiendo su dinero.
Fraude de la década
Conforme avanzaba la investigación se descubrió que el Banco de Comercio había captado al menos Q1 mil 800 millones, cantidad trasladada a la offshore Organizadora de Comercio. Las operaciones habían superado con creces los casos de estafas en los bancos Empresarial, Promotor y Metropolitano.
Estas entidades, que fueron cerradas en 2001, trasladaron el dinero del público a empresas vinculadas hasta que la JM salió al rescate y les aprobó créditos de unos Q1 mil 600 millones.
Con estos fondos, que salieron de las arcas del banco central, fueron cubiertas las cuentas de ahorro de miles de guatemaltecos.
Las captaciones paralelas del BC también superan a las de Vipasa (offshore de Bancafé) que, según la SB, no llegan a los Q350 millones.
Proceso
Diez años después el proceso judicial continúa y el único condenado por la estafa a los cuentahabientes de Banco de Comercio fue Roberto Manuel Segovia Olivotto, ex vicepresidente de la entidad, a quien se le impuso una sanción de 33 años con cuatro meses de prisión.
El pasado 28 de octubre de 2016 fueron capturadas 12 personas vinculadas con el fraude. El Tribunal Sexto Penal ordenó en noviembre mantener abierta la investigación y determinar quienes más y cómo participaron en la estafa.
Actualmente 17 personas enfrentarán a la justicia por lavado de dinero, intermediación financiera y encubrimiento propio. Únicamente tres personas se encuentran en prisión en el Preventivo para Hombres de la zona 18, el resto fueron beneficiados con libertad bajo pago de fianza.
Wálter Guillermo Chamalé Marroquín, Jorge Antulio Dardón Santiago y Miguel Rosales López enfrentarán la justicia por lavado de dinero e intermediación financiera.
Mientras que por lavado de dinero serán investigados Mercedes Patricia Guerra, Carlos Enrique González Cochran, Enrique Javier Argeñal Zamora, Rosa Estela Salazar García, Mynor David Carrillo Bran, Guillermo Rodolfo Estrada Crespo, Víctor Manuel López Saravia, José Bernardo Estrada Escobar, Carlos Luarca Gil, Virgilio Estacuy Coroxon, Héctor Leonel Velásquez, Rosa María Chavarría y María Figueroa de Pérez.
Por encubrimiento propio será procesada Elizabeth Pérez Chacón, esposa del notario Jorge Alfredo Sactic Estrada, apoderado judicial del banco, quien también enfrenta a la justicia por el mismo caso.
