En la sesión del 15 de enero de 1985 los diputados constituyentes concluyeron que los medios de comunicación social son de interés público y que en ningún caso podrían ser expropiados por faltas o delitos relativos a la libre emisión del pensamiento.
El artículo 35 también indicaba que el gobierno no podrá intervenir los medios de comunicación en caso de estados de excepción. El libre acceso a las fuentes de información también quedó garantizado.
Amenazas
La libertad de expresión ha sido y continúa amenazada en diferentes épocas de la actual era democrática. Cabe recordar que durante el golpe de Estado propiciado por el ex presidente Jorge Serrano Elías el 25 de mayo de 1993 suspendió las garantías e intentó censurar los medios de comunicación, entre ellos Prensa Libre, donde envió censores a revisar los textos durante dicho periodo.
En años recientes, concretamente en 2015, surgió una institución que buscaba reprimir a la Prensa, denominada Fundación contra el Terrorismo Mediático. Uno de sus objetivos era el de “la lucha contra la información de medios de comunicación que demeriten el derecho de la persona humana, la institucionalidad pública y privada”.
La denominada Fundación contradecía el artículo 35 de la constitución y varias normas que garantizan el libre ejercicio periodístico. Tras la protesta de diferentes sectores, el Ministerio de Gobernación derogó el acuerdo de creación de la fugaz institución.
Pero la persecución a la libre expresión es latente también a través de la amenaza a la práctica del ejercicio periodístico por parte de los periodistas que denuncian la corrupción. Ejemplo lamentable lo encontramos el caso del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar en marzo de 2015 tras denunciar la corrupción en comunas del departamento de Suchitepéquez.
A pesar del peligro de la aplicación del ejercicio periodístico, existen instituciones que velan por la protección a los periodistas, resaltan la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Unidad de Delitos contra Periodistas, parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Situación alarmante
En 2017 se registraron 37 casos de agresiones contra periodistas en el país, según un estudio sobre la situación de la prensa en Guatemala. Según Alamilla, entre los principales actores que amedentran a la prensa figuran “funcionarios y autoridades con posibles vínculos a actividades criminales”. La situación es alarmante, concluyó.
