Corrupción, elecciones fraudulentas y el avance de la insurgencia fueron supuestamente parte de los motivos que llevaron a oficiales jóvenes del Ejército a derrocar a Lucas García.
Antes del golpe de Estado, el país vivía un ambiente de inestabilidad debido a los atentados de la guerrilla y el acoso del Ejército contra poblados civiles, sobre todo en áreas rurales. El conflicto armado interno que vivía el país era más intenso en la provincia, pero pocas noticias llegaban a la metrópoli o se imponía silencio obligado.
La tensión subió al conocerse que las elecciones presidenciales las había ganado el candidato oficialista, el exministro de la Defensa, general Aníbal Guevara, el 7 de marzo de 1982.
El descontento fue generalizado de distintos sectores, que presionaron para favorecer la salida de Lucas García, considerado altamente represivo.
Descontento
Ese descontento, que irónicamente surgió dentro de las filas del mismo Ejército, puso contra la pared a gran cantidad de líderes militares. El poder civil era casi nulo.
Manifestaciones impulsadas por líderes de ultrataderecha como Mario Sandoval Alarcón y Leonel Sisniega Otero, empujaron la caída de Lucas García, ya que además se oponían a que Guevara asumiera.
En esa época existía presión para que los militares ganaran la guerra a la insurgencia, pero también para que cedieran el poder a civiles, lo cual todavía estaba lejos de suceder.
Los dirigentes de los alzados buscaron a Efraín Ríos Montt para que encabezara la junta militar golpista.
Ríos Montt había sido candidato presidencial en 1974, pero supuestamente había perdido las elecciones mediante fraude, y en 1982 era un influyente ministro religioso de una iglesia evangélica.
Oportunidad
Ríos Montt vio en el golpe de Estado una oportunidad para reivindicarse y cobrar notoriedad, ya que había sido apartado de toda la esfera política y orillado a puestos de segunda categoría.
Aquel 23 de marzo, la junta de gobierno, formada por Ríos Montt, el general Horacio Maldonado Schaad y el coronel Francisco Luis Gordillo, anunciaron que convocarían a nuevas elecciones, pero no precisaron la fecha.
A las 17 horas de ese día, Ríos Montt dio su primera conferencia de prensa como jefe de Estado. En ella indicó que el golpe era exclusivamente militar y remarcó que el Ejército llegaba como “salvador” de los valores del pueblo.
La junta de gobierno disolvió el Congreso y abolió la Constitución. Días después esta junta militar queda desintegrada y deja al mando a Ríos Montt.
“Quería informarles: el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento integramos la junta de gobierno tres personas, el general Horacio Maldonado Schaad, el coronel Francisco Gordillo Martínez y yo”.
“Los propósitos que animan a la junta son los siguientes: en primer lugar, decirle a Guatemala que tiene una institución; la respaldará su calidad de ciudadanos”.
“En segundo lugar, queremos manifestar al pueblo que el movimiento es exclusivamente institucional, para revitalizar las instituciones y para revalorizar los valores”.
“Los valores morales se han quebrantado, las instituciones se han quebrado y los hombres las han ensuciado”.
Un año y tres meses después, Ríos Montt fue depuesto por su ministro de la Defensa, Óscar Mejía Víctores, el 8 de agosto de 1983.
¿Qué fue de Ríos Montt?
Aunque se alejó del escenario político, Ríos Montt todavía está pendiente de enfrentar juicio por varias masacres cometidas en la década de 1980 en el Triángulo Ixil, Quiché, durante el conflicto armado interno.
El 10 de mayo del 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión al declararlo culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
Diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, por errores en el procedimiento.
Unido a lo anterior, Ríos Montt ha conseguido retrasar el proceso, que busca juzgarlo de forma individual y no unido al de otros actores que formaron parte de su régimen de facto.
Hasta finales de 2016, en el caso del Triángulo Ixil se habían recolectado 806 medios de prueba, de los cuales 736 son documentos, 40 peritos y 30 testigos.
En enero de 2015, Zury Ríos Sosa, exdiputada e hija de Ríos Montt, lo llevó en camilla a la audiencia para demostrar que no estaba en posibilidad de declarar, y luego quiso actuar como tutora de este en noviembre de 2016.
El 9 de octubre del 2015 y 2 de febrero de 2016, el general fue examinado físicamente como parte del proceso.
El 25 de agosto de 2016 fue sometido al último procedimiento, por orden judicial. Las conclusiones de los médicos fueron que no se encuentra en el uso de sus facultades mentales y que no puede valerse por sí mismo.
El 1 de febrero de 2017 se corrió el rumor de que había fallecido, lo cual fue desmentido por su familia.
