Lamport indicó que en dichos documentos se menciona a funcionarios que han trabajado en el Ministerio de la Defensa Nacional así como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otros a quienes no mencionó.
Los documentos fueron enviados al Ministerio Público, MP, para su análisis. Lamport tuvo a su cuidado los documentos y un sobre de la Oficina de Supervisión de las Actividades de Inteliganecia, e indicó que en los documentos están contenidos más de 13 casos.
Entre más destacados figura la muerte del guerrillero Efraín Bámaca, el asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine, así como el caso de la monja Diana Ortiz.
“Hay documentos que mencionan a todas las personas que de una u otra forma han conocido los casos”, enfatizó Lamport, quien expresó que serían los tribunales los que decidirían qué procedía con ellos. Una fuente del gobierno indicó en aquel entonces que el paquete de expedientes es muy importante porque demuestran la penetración que ha tenido la CIA en los asuntos internos del país.
Este fue el segundo lote de documentos desclasificados por el gobierno de Bill Clinton, cuyos casos datan de 1954. La entrega se hizo en momentos en que los ojos de la opinión pública estaban centrados en el involucramiento del coronel Julio Roberto Alpírez en la muerte de Bámaca, pese a que el militar lo ha rechazado, lo mismo el que haya sido agente a sueldo de la CIA.
Militar espía
La coyuntura de esos días era la supuesta traición a la Patria de Alpírez por ser informante de la CIA. Esto fue desvelado en febrero de 1995, cuando el ex consejero del presidente Bill Clinton para Cuba, Richard Nuccio, encontró en los archivos de la CIA información secreta en la cual se detallaba que Alpírez había encubierto el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine, y había interrogado a Bámaca antes de morir. Además, se afirmaba que Alpírez era un hombre a sueldo de la CIA.
Nucci decidió compartir lo que sabía con el congresista Robert Torricelli, senador de Nueva Jersey y en ese entonces miembro del Comité de Información Secreta de la Cámara de Representantes, un comité encargado, entre otras cosas, de supervisar las actividades de la CIA.
Nuccio no había dicho nada sobre este caso en público, pero el congresista Torricelli sí lo hizo.
El senador, hombre vehemente y ardoroso, acusó públicamente a la CIA de los 2 asesinatos, identificó a Alpírez, envió una carta de denuncia al presidente Clinton y mandó la copia al diario The New York Times. El Departamento de Estado, ante este escándalo, amonestó a Nuccio y condicionó durante un año su autorización para consultar información secreta, lo cual fue condenado por varios medios de comunicación estadounidenses.
