Ericastilla lamentó este jueves su destitución (en curso desde el 8 de julio) por supuestas anomalías cometidas como responsable del AHPN, pues desde julio del año pasado el Ministerio de Cultura la “aisló”.
Hasta hace un año, dijo, “no se me había señalado de nada y ahora lo hacen porque pareciera que no soy la persona apropiada para los planes que (el Gobierno) tiene para el Archivo Histórico”, que ha sido fundamental en juicios por crímenes cometidos por militares y policías durante el conflicto armado guatemalteco, sucedido entre 1960 y 1996.
En este sentido, recordó que la Corte Suprema de Justicia amparó provisionalmente a la Procuraduría de los Derechos Humanos diciendo que “el Archivo Histórico debe permanecer bajo el Ministerio de Cultura”, mientras el Gobierno buscaba “trasladarlo al Ministerio de Gobernación”, por lo que ahora “se me hacen señalamientos sin fundamento”.
En mayo, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, reconoció que buscaría que la Policía Nacional Civil tuviera algún tipo de participación en el Archivo Histórico policial, pese a que se trata de documentos de la extinta fuerza armada que se fundó en 1881 y se extinguió en 1997, tras la firma de los Acuerdos de Paz.
Ericastilla dijo tener la impresión de que el Archivo policial enfrenta un proceso de transición “que no es el más apropiado”, pues no hubo “transferencia de capacidades”, debido a que no se le dio participación en el proceso al Archivo General de Centroamérica, la matriz del acervo policial.
Mientras el Ministerio aisló a Ericastilla de toda actividad del Archivo Histórico en julio del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió al mismo tiempo no renovar el contrato del coordinador por 13 años, Gustavo Meoño.
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Este martes, la viceministra de Patrimonio Cultural, Gladys Palala, aseguró que Ericastilla no había respetado “leyes y reglamentos” y que no supo explicar el origen de una cuenta bancaria “paralela” al PNUD a nombre del Archivo Histórico para gestionar donaciones, aunque reconoció que esta no tuvo “mal uso”.
Ericastilla dijo que la cuenta bancaria fue abierta en el 2006, tres años antes de que ella fuera nombrada como responsable de la transferencia de la documentación de la Policía Nacional al Archivo General de la región.
Y recordó que el propio exministro Héctor Escobedo, que fungió durante el gobierno de Álvaro Colom, firmó un convenio con los Archivos Federales de Suiza en el 2010 “autorizando que se encargara de conservar una copia digital de los documentos como un respaldo”, algo que también recrimina Palala a Ericastilla.
Además, en el 2010 el ministro se reunió con delegados de la Universidad de Texas en Austin “y tuvo conocimiento del proceso (traslado de copias digitales para la consulta pública) y en ese momento -ni nunca- se vio como un hecho negativo y tampoco se ocultó”, detalló Ericastilla.
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A este propósito, insiste que no hay ninguna ley que prohíba la entrega de fotografías de documentos de una entidad “pública o privada” a nivel local o internacional, además de que “los documentos no fueron categorizados como secretos o reservados por la extinta Policía o por la PDH.”, entidad rectora de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información y fue hasta el 10 de junio de 2019 cuando el acervo del Archivo Histórico contó con “carácter patrimonial”.
Mientras, Degenhart reconoció que la actual Policía podría declarar alguna información del Archivo Histórico como “sensible” y “protegerla” para impedir su consulta, Ericastilla sostuvo que esto deberá analizarse por esa entidad, ya que la documentación “no puede ser declarada secreto de Estado porque la Policía Nacional dejó de existir en 1997” y existe un máximo de siete años para restringir documentos, lo cual “feneció en el 2004”.
En más de 14 años, el AHPN digitalizó más de 24 millones de documentos, en su mayoría de la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), disponibles al público a través del acceso a la información, salas de consulta y -una buena parte- en el sitio web de la Universidad de Texas.
El Archivo General de Centroamérica, que cuenta con documentos de toda la región que datan desde 1521, consta de un aproximado de 220 millones de documentos, resguardados y accesibles a la consulta pública.
