María Avilés Torres, ahora de 63 años, narró en su idioma natal que los militares llegaron en enero de 1982 a su hogar en San Juan Cotzal, municipio del departamento (provincia) de Quiché, situado unos 250 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y quemaron sus mazorcas y su ropa.
Junto a María rindió testimonio su hermana menor, Juana, de 59 años. Ataviadas con la indumentaria indígena, explicaron en su idioma que los militares ingresaron a su hogar y asesinaron a sus padres Diego Avilés y Catarina Cruz Torres.
“Primero”, a la madre de ambas, “la violaron, la mataron y luego la quemaron“, aseguraron las hermanas, con cierta dificultad dada la carga emotiva y apoyadas en un intérprete.
Las hermanas se salvaron de morir ya que se encontraban lejos de su vivienda en ese momento, trabajando como agricultoras en un campo de siembra de maíz.
El testimonio tuvo lugar este martes en el juicio que enfrenta Lucas García, de 91 años, acusado de dirigir entre 1981 y 1982 operaciones militares en el noroeste de Guatemala, donde murieron más de 1 mil 770 indígenas a manos del Estado.
Todo ello en la etapa más sangrienta del conflicto armado interno en Guatemala, que durante 36 años (1960-1996) dejó más de 240 mil personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a informes de organismos internacionales.
El debate oral y público fue instalado el pasado viernes y se lleva a cabo en el Tribunal de Mayor Riesgo “A” del Organismo Judicial.
Lucas García, preso desde 2018 por otro caso vinculado al conflicto armado interno, sigue el juicio de manera virtual desde el hospital militar donde está internado.
El general retirado es acusado por la Fiscalía de ser el responsable de la muerte de 844 indígenas, puesto que era el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala durante la dictadura militar de su hermano, Romeo Lucas García (1978-1982), según ha explicado el Ministerio Público en el debate oral y público.
Como Jefe del Estado Mayor del Ejército, Lucas García identificó como “el enemigo interno” a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicados en Quiché, y se ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región.
“El 13 % de las víctimas de este genocidio eran niños entre 0 a 3 años, fueron muertas mujeres embarazadas y ancianos desarmados por considerarlos afines a la guerrilla”, indicó en la apertura del juicio la fiscal, Cándida Morales Santos.
Al menos unas 50 familias indígenas golpeadas por las masacres cometidas en estos pueblos del norte de Guatemala forman parte del proceso penal contra Lucas García por medio de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).
Otras más de 926 personas masacradas se atribuyen a la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien fue sentenciado por el genocidio del pueblo maya ixil por la continuidad entre 1982 y 1983 de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García en 1981.
Sin embargo, la condena de 80 años impuesta contra Ríos Montt fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma y tras pronunciamientos de los principales grupos económicos contra la sentencia.
