A eso de las 15 horas ocurrió la retención. Howe y Medina estuvieron dentro de un vehículo sin poder moverse porque el grupo les pinchó las llantas y cerró el paso.
La Procuraduría los Derechos Humanos (PDH) informó que delegaron intervinieron en el incidente, lo que permitió la liberación.
De acuerdo con Dávila, el grupo estaba armado y amenazó con incendiar el carro.
En el lugar hubo presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dávila dijo que el grupo forma parte del movimiento que se opone a la actividad minera en San Rafael Las Flores.
Agregó que el grupo insiste en que la minera debe salir de esa región.
Aparte, otro grupo bloqueó el kilómetro 80 de la ruta a Casillas.
Reacciones
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, dijo a La Red que el sector empresarial condena este acto violento.
Lamentó que estas sean consecuencias de la falta de decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a la suspensión de operaciones de la minera.
“Es preocupante que se genere más pobreza, desempleo y pérdidas al país sino que hay actos violentos que ponen en riesgo la vida de dos trabajadores”, dijo Zepeda.
La Cámara del Agro dijo que los delitos cometidos por el grupo de opositores a la mina fueron flagrantes y no pueden seguir sucediendo. “Exigimos a las autoridades de justicia que se investigue a los autores materiales e intelectuales y se aplique el peso de la ley en contra quien resulte responsable”.
La minera
Las plantas están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Cuenta con alrededor de mil cien trabajadores. Debido a la paralización de operaciones por la falta de resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), en enero suspendió la relación laboral con 250 trabajadores.
Especial multimedia
Un total de Q1.1 millones diarios se dejan de percibir por impuestos y regalías. La cifra sube a Q5.1 millones diarios si se suman los sueldos caídos y pago de proveedores, según la Cámara de Industria.
Partes a la espera
La minera solicitó en vista pública de octubre pasado que se mantenga la decisión de la CSJ que les permite seguir operando y que siga vigente la licencia. Lleva 226 días sin operaciones.
El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), por su parte, pide el cierre definitivo de la mina y el reconocimiento de la existencia del pueblo xinca.
Manifestantes de comunidades de San Rafael Las Flores, Casillas y otras aledañas se mantienen en frente del edificio de la CC desde hace meses, a la espera de la sentencia.
