Según dijeron testigos, cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para proteger la escena del crimen, fueron apedreados por varias personas que estaban en el lugar, supuestamente pandilleros y familiares de las víctimas.
Los agentes tuvieron que salir del lugar y pedir refuerzos. Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) y del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (Gril) acuerparon a los agentes de la PNC y a los agentes del MP.
Buscaban intimidarlos
Mientras el Ministerio Público hizo un apresurado trabajo para levantar el cadáver, algunos hombres, supuestos pandilleros, se acercaron a la escena del crimen y tomaron fotografías y grabaron video de los fiscales del MP y los agentes de la PNC.
Jorge Mario Rodríguez, analista de la Universidad de San Carlos, dijo que este caso es una muestra de que “el nivel de problemática social rebasa la posibilidad de las autoridades de poder reprimir o controlar”, porque son estructuras que mantienen dominio social.
Comentó que en esas zonas rojas existen las condiciones para que incluso no permitan el ingreso de la Policía ni ninguna institucionalidad del Estado.
“En esos contextos la autoridad no funciona, porque se supone que la sociedad tiene un nivel mínimo de gobernabilidad, de aceptación de valores comunes para que la autoridad pueda llegar a un lugar y en este caso algo tan indispensable como investigar”, dijo Rodríguez.
El analista en temas de gobernabilidad aseguró que “las fuerzas de seguridad manifiestan su miedo y temor ante estos grupos, porque saben que manejan recursos de violencia más fuertes que los del Estado”.
“Ellos -los policías-, sabiendo la situación de violencia, la falta de justicia, la poca atención que se le presta a ese tipo de violencia, sienten miedo. Es una reacción al propio tema de ingobernabilidad de manera que los ciudadanos quedan a su propio desamparo”, aseguró.
Para Rodríguez, había suficientes argumentos para que los agentes actuaran y capturaran a los hombres que con rostro encubierto les tomaban fotografías y los grababan, pero que al no haberlo hecho muestra que la PNC no se siente con el suficiente apoyo para realizar su tarea, que no tienen protección y están a su suerte.
“El hecho que no hayan actuado contra las personas que los estaban intimidando muestra la sensación de impotencia y vulnerabilidad que experimentamos todos los ciudadanos, incluso los del sector justicia. No se trata solo de la lucha contra la corrupción”, puntualizó.
Prensa Libre intentó conocer la posición de autoridades de la PNC, sin embargo, el director Nery Ramos no respondió las llamadas y el subdirector general de Investigación Criminal envió un mensaje indicando que el departamento de comunicación manifestaría una postura de la institución.
