Mifapro aumentó la lista de favorecidos, aunque se sabía que no contaban con los recursos asignados para ello. Su presupuesto alcanzaba para atender a 742 mil 368 beneficiarios, pero la nómina llegó a los 876 mil 800, lo cual incrementó la deuda.
Las autoridades de Mifapro intentaron obtener fondos de otros ministerios para cubrir los gastos, mediante transferencias internas, a pesar de que el presupuesto tenía restricciones legales para hacerlo. Un amparo otorgado por la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal, en abril del 2011, a la diputada Nineth Montenegro revirtió las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación para Mifapro.
La segunda denuncia es contra el Maga, ya que la CGC estableció que gastó Q100 millones en alimentos destinados para el programa “damnificados de la tormenta Ágatha y el Volcán de Pacaya” y los trasladó al programa Bolsa Solidaria, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Silvia Palomo, quien dirigía ese órgano, también fue denunciada.
Esos movimientos dejaron sin protección a cientos de familias damnificadas por los fenómenos naturales que ocurrieron en el 2010.
En la denuncia no se consignan nombres, ya que el MP deberá deducir responsabilidades.
Forma de operar
En el 2010, la Secretaría renovó un convenio con el Maga, el cual fue modificado en enero del año pasado.
Al modificar ese documento, la Secretaría le pidió al Maga que los Q100 millones fueran utilizados para la compra de alimentos que se incluyen en las bolsas solidarias.
La CGC determinó que los alimentos comprados fueron entregados y trasladados a las bodegas que la Secretaría tiene en Chimaltenango y Fraijanes, así como en la Ayudantía del Ejército. Los productos nunca les fueron entregados a los damnificados.
Montenegro denunció en su oportunidad que esas compras violentaban la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber efectuado licitación, sino compras directas y bajo el formato de excepción.
En Fonapaz
De la misma manera que en el Maga, la Secretaría renovó un convenio que firmó en el 2010 con Fonapaz, cuando ya había vencido.
Ambas instituciones ampliaron los acuerdos y modificaron su estructura, de manera que la Secretaría contara con dinero ilimitado para lo que se le pidiera.
Al igual que el Maga, Fonapaz utilizó de su presupuesto más de Q113 millones para la Bolsa Solidaria, de los cuales se destinaron Q107 millones para la compra de alimentos, Q4.2 en renta de vehículos y Q1.7 millones en contratación de personal.
En esta denuncia están vinculados Palomo y los dos ex subdirectores de Fonapaz.
Clientelismo
El presidente Otto Pérez Molina denunció el 1 de febrero varias irregularidades descubiertas durante una visita a la sede del programa Bolsa Solidaria.
Los hallazgos a los que Pérez Molina se refirió van desde boletas de empadronamiento hasta la ausencia de datos informáticos.
Las supuestas anomalías causaron que la entrega de ese beneficio se suspenda, al menos hasta marzo, indicó el mandatario.
El presidente dijo que analizaba contratar una auditoría externa, además de la revisión que hace la ministra de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, para determinar las irregularidades.
Pérez Molina expresó: “Aquí hay gente que se prestó y gente que hizo las cosas fuera de lugar, y que se prestó para las órdenes que ella estaba dando —en referencia a Sandra Torres, exesposa del exmandatario Álvaro Colom—.
Torres, quien coordinó los programas sociales del Consejo de Cohesión Social, enfrenta una denuncia penal por no haber rendido cuentas al Congreso sobre los fondos utilizados en esos programas.
Se defiende
La exsecretaria de Bienestar Social Silvia Palomo dijo que no se pronunciará sobre la denuncia, ya que la desconoce.
Añadió que de ser como se señala en la acusación, cada institución, tanto el Maga como Fonapaz, ejecutan su presupuesto.
“No debería de ser así, ya que ambas instituciones ejecutan sus propios fondos. Las bodegas de las que se habla pertenecen al Maga, y, en efecto, están en Chimaltenango y Fraijanes. Desconozco la denuncia presentada, por lo que mejor no me pronuncio”, expresó por vía telefónica.
Neftalí Hernández, exdirector del programa Mifapro, no emitió opinión sobre las acusaciones.
Sobrevaloración
Las denuncias contra el TSE se refieren a la sobrevaloración del papel adquirido y del pago excesivo por la impresión de las papeletas electorales para corporaciones municipales.
La CGC aún tiene en marcha varias auditorías en las instituciones del Estado, y en el caso de los programas sociales el presidente Pérez Molina ha insistido en que se investigará cualquier irregularidad en el manejo de recursos.
