Con las declaraciones dadas por Castresana, en conferencia de prensa en un hotel capitalino, el comisionado quitó toda la responsabilidad al presidente Álvaro Colom y a su esposa, Sandra Torres, quienes fueron señalados en un video grabado por Rosenberg y que fue distribuido un día después de su muerte.
También habían sido señalados Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, y funcionarios de Banrural, Anacafé y Fedecocagua, entre otras personas.
Asimismo, Castresana dio a conocer el engaño que se tramó para vincular a miembros del Partido Patriota con el hecho, pero que después se había demostrado la falsedad de un supuesto testigo.
De acuerdo con la versión de la Cicig, el desenlace fatal se pudo haber debido a las decepciones que había afrontado el extinto abogado, como la muerte de su madre, un divorcio, la separación de sus hijos y la muerte de Marjorie Musa, con quien sostenía una relación sentimental.
Tras el asesinato de los Musa, a quienes Rosenberg representaba legalmente, el profesional entró en una situación emocional de mucha desesperación.
Castresana detalló: “Rosenberg se sentía culpable del asesinato de los Musa, pues fue él quien le recomendó a Khalil renunciar al cargo que le ofrecían en Anacafé”.
“Rosenberg inicia una indagación desesperada en todas partes para dar con los asesinos de los Musa; obtiene información del nombramiento de Khalil, pero no recibe ninguna prueba”, aseveró Castresana.
El asesinato lo planificó en 20 días, y para ello contactó a amigos y familiares, a quienes habría engañado diciéndoles que estaba siendo extorsionado y que necesitaba asesinar al responsable.
“Tenemos que concluir que fue el propio Rosenberg quien pidió ayuda a primos de su primera esposa, amigos muy íntimos, a quienes él dice: Tengo un extorsionador que me está amenazando, y lo quiero matar. Ellos reciben el encargo y buscan a alguien capaz de hacerlo”, agregó el jefe de la Cicig.
Lo que los sicarios nunca supieron es que la persona que les daba las indicaciones de dónde y cómo estaba vestida la víctima era el propio Rosenberg.
Según las pruebas científicas presentadas, el abogado ordenó a su piloto Luis López la compra de dos teléfonos celulares que solo funcionaron del 5 al 10 de mayo.
Según la declaración de López, la compra debía hacerse en diferentes lugares y las facturas debían emitirse como consumidor final. Sin embargo, el piloto no lo hizo así, e incluso fue grabado por las cámaras de un centro comercial cuando bajaba del vehículo de Rosenberg y adquiría los aparatos.
Uno de los teléfonos —53720265— terminó en manos de los sicarios, mientras el otro le quedó a Rosenberg, y según el análisis de los expertos, este efectuó diversas llamadas a su número particular —55100115— simulando las amenazas.
“De acuerdo con las lecturas de cobertura realizadas por ingenieros de radiofrecuencias, existe una alta probabilidad de que el celular de las amenazas efectuó y recibió llamadas desde el interior del apartamento de Rosenberg”, aseguró Castresana.
Cuando tuvo los teléfonos, el abogado contactó a los hermanos Valdés Paiz para que se encargaran de quien supuestamente lo extorsionaba.
Fue así como envió con su piloto uno de los celulares a los hermanos Valdés, quienes después lo entregaron a los sicarios.
Los empresarios le pidieron a su guardaespaldas Nelson Wilfredo Santos Estrada que los ayudara en contactar a quienes cometerían el asesinato.
Santos buscó a Jesús Manuel Cardona Medina, quien a su vez contactó a toda la organización delictiva liderada por William Gilberto Santos Divas.
De acuerdo con las pesquisas, Rosenberg esperó sentado su muerte. Una vez ejecutado el hecho, los hermanos Valdés pagaron Q300 mil a los miembros de la banda.
A criterio de Castresana, los hermanos Valdés se prestaron para planificar la muerte de “alguien”, por lo que son sindicados de asesinato y podrán tener acceso al expediente una vez se presenten en los tribunales.
La Sala Primera de Apelaciones ordenó ayer amparar provisionalmente a uno de los hermanos. El criterio de la sala es que “las circunstancias lo hacen aconsejable” y da plazo de 48 horas para que las partes se pronuncien.
El 6 de julio se estableció el envío desde Panamá de un cheque por US$40 mil de Luis Alejos, secretario privado de la Presidencia, a Rosenberg.
El remitente era Durling & Durling, enviado por la oficina de DHL Express Panamá. El documento fue consignado a Rosenberg-Marzano-Marroquín, en la Ciudad de Guatemala.
Personal de DHL indicó que intentaron entregar el documento varias veces, pero la oficina de Rosenberg estaba cerrada y había una nota que señalaba que la dirección de entrega era incorrecta.
El documento fue entregado finalmente el 13 de mayo, a las 17.56 horas, en la oficina de Rosenberg, pero su secretaria tenía instrucciones de remitirlo a los hermanos Valdés. El cheque nunca fue cobrado.
Según la Cicig, se pudo comprobar que Rosenberg preparó el camino para que se creyera que lo habían mandado a asesinar. El abogado le comentó a su amigo Luis Mendizábal que era amenazado de muerte desde el número telefónico 57759747; también se lo dijo a Mario Fuentes Destarac y a Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, quienes le aconsejaron que se fuera del país.
Luego pidió ayuda a los hermanos Valdés, para “anticiparse” al asesinato de una persona que lo extorsionaba, sin que estos sospecharan de que se trataba de él mismo.
“Aquí no hay ningún político, ni ministro ni jefe de Policía; no hubo conspiración, actuó solo. Pagó un precio de sangre”, aseguró Castresana.
El 10 de mayo por la mañana, minutos antes de su asesinato, llamó a Aziza Musa, hija de Khalil Musa y hermana de Marjorie, y le comentó que daría “una gran vuelta en bicicleta para desestresarse”, con lo que se despedía de ella.
A pesar de todo, Castresana aseguró que Rosenberg “era una persona honorable” y que fue envuelto por varias circunstancias y hechos que ocurrieron en su vida.
El Cuerpo Diplomático presente ayer en la conferencia de prensa le dio su apoyo incondicional a la Cicig.
Michelle Ramis, embajadora de Francia, dijo: “Confiamos en la Cicig, en su investigación y su profesionalismo. Ahora es la justicia la que debe terminar su trabajo, pero consideramos que fue una labor profesional y confiable. Este caso demuestra que con técnicas profesionales y voluntad se puede establecer un crimen”.
El embajador de EE. UU., Stephen MacFarland, explicó que su gobierno tiene un especial interés en el caso, debido a que Marjorie era ciudadana estadounidense, y que por ello están actuando los investigadores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
Roberto Alejos, presidente del Congreso, expresó: “Nos sentimos congratulados de que el trabajo de la Cicig está dando resultados. Que quede claro que no fue ni el presidente ni su esposa, ni los otros mencionados los responsables, y vamos a seguir observando”.
Agregó que siempre estuvo seguro de la inocencia de su hermano, Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, quien era uno de los señalados en el video que grabó Rosenberg días antes de su muerte.
“Tenemos que concluir que fue el propio Rodrigo Rosenberg quien pidió ayuda a primos de su primera esposa, amigos muy íntimos, a quienes él dice: Tengo un extorsionador que me está amenazando, y lo quiero matar”.
“Aquí no hay ningún político, ni ministro ni jefe de Policía… hacer un video no es un delito… no hubo conspiración, actuó solo; pagó un precio de sangre”.
“Esta etapa la consideramos cerrada; creemos que los responsables de la muerte de Rodrigo Rosenberg son las personas que ya mencionamos —sicarios y autores intelectuales—, pero el caso estará completamente cerrado cuando se dicte en los juzgados”.
