Según Satterthwaite, las acciones penales promovidas en contra del exjuez y la exfiscal “son un ataque al estado de derecho” y las calificó como represalia hacia ambos por su trabajo anticorrupción.
La experta de la ONU hizo referencia al caso en el que Gálvez dictaminó que nueve militares y policías en condición de retiro sean juzgado por delitos de lesa humanidad en el caso conocido como Diario Militar.
Debido a esa resolución, Satterthwaite reconoció que como resultado, Gálvez denunció haber sido objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento, lo que motivó a que el juez renunciará a su cargo y saliera al exilio.
“Se está abusando del derecho penal para atacar a los servidores públicos y operadores de justicia, quienes protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”, enfatizó Satterthwaite.
La relatora dijo que los fiscales “no deben ser criminalizados por cumplir con sus funciones en la lucha contra la corrupción”.
“Estoy extremadamente preocupada por estos casos en particular y por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo Satterthwaite.
Sobre el caso de Laparra, exfiscal anticorrupción, las Naciones Unidas hizo mención de los dos procesos seguidos “que se han caracterizado por violaciones al debido proceso, incluyendo dilaciones indebidas y uso excesivo de la prisión preventiva”, dijo la experta.
Satterthwaite instó a las autoridades a garantizar la protección e independencia de los operadores de justicia para que “no sufran ataques”.
