La Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Xela dio con lugar el antejuicio en contra de la funcionaria. De acuerdo con la resolución de los magistrados, hay indicios de que Ávila intervino cuando habían sido despedidos 15 trabajadores del Registro y que esto no es su función, según establece la Ley del Organismo Ejecutivo.
Según el expediente del antejuicio, en octubre de 2016 ingresó una denuncia anónima a la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en la que se denunciaba que la gobernadora estaba en el Registro para influir en favor de los colaboradores, entre ellos su padre Roderico Ávila.
El expediente de la PDH fue trasladado al Ministerio Público (MP), que solicitó el antejuicio.
“Los magistrados se basaron en pruebas fotográficas y las declaraciones de los testigos, entre las cuales está la del
Registrador”, dijo Genner Hurtado, oficial de la Sala Quinta de Apelaciones.
Agregó que están en proceso para notificar la resolución de los magistrados y posteriormente será el MP el encargado de determinar el delito en el que habría incurrido la gobernadora.
Declaración
En su declaración ante la jueza pesquisidora, durante el tiempo de investigación del antejuicio, la funcionaria aseguró que llegó a la referida entidad, para constatar la razón por la que había agentes de la Policía Nacional Civil en el lugar, pero fue abordada por los trabajadores.
Al principio se informó que el padre de Ávila había sido destituido, lo que no fue confirmado y a la fecha continúa con su labor en el Segundo Registro.
Hasta el momento no se han tipificado delitos, pero de acuerdo con la denuncia ingresada a la PDH, la acción podría encuadrarse en tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El proceso será remitido al Juzgado de Primera Instancia Penal de Xela, para que el juez a cargo decida la continuidad del proceso.
Ávila indicó que aún no ha sido informada de la resolución de la Sala, por lo que no podía emitir opinión al respecto.
