La iniciativa ?pretende garantizar el acceso de los habitantes del país a la información en poder de los organismos y entidades estatales?, indica el documento en su exposición de motivos.
Luis Mijangos, secretario general de la Presidencia, informó que el anteproyecto suscrito por el presidente, Alfonso Portillo, permitiría a particulares obtener información personal contenida en archivos o registros estatales y privados.
El documento también regula las limitaciones a los derechos de acceso a la información, las cuales se califican de excepcionales, pues el espíritu de la normativa es privilegiar la publicidad.
Ese proyecto, fruto de los acuerdos de paz, será enviado por Portillo a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, durante una reunión que esa entidad realizará el presente año.
La preparación del anteproyecto estuvo a cargo del secretario de Análisis Estratégico, Edgar Gutiérrez.
Una de cal y otra de arena
Mientras el Ejecutivo busca permitir el acceso a la información en el Estado, el Congreso de la República hace todo lo contrario.
El FRG aprobó la semana última la Ley de Colegiación Obligatoria, que según entidades de prensa, sociedad civil y colegios profesionales, atenta contra la libertad de expresión e información en el país.
La nueva ley sustituyó el Decreto 62-9l. El mismo consignaba que se debía mantener ?el principio constitucional de la libre emisión del pensamiento y el derecho de ser informado?.
Esa mutilación de la ley ha sido recibida con poco ánimo por diversos sectores y analistas, quienes tras rechazarla, solicitaron al presidente Portillo que la vete.
