Colom despejó dudas en cuanto a si esa opción la dejaba en manos del próximo gobierno y tomó la decisión la noche del lunes último, y ayer cumplió los trámites administrativos.
Aclaró que el tiempo para que Portillo sea entregado a EE. UU. lo definirá el Organismo Judicial en Guatemala.
“Hemos ordenado el trámite administrativo para cuatro extradiciones, todas a EE. UU., —entre ellas— la del ciudadano Alfonso Antonio Portillo Cabrera. El delito imputado es conspiración para lavado de dinero”, explicó Colom, en conferencia de prensa.
Los otros tres son Sergio Giovanni Ruano Marroquín, por asesinato y lesiones graves, Édgar Leonel Estrada Morales y Víctor Emilio Estrada Paredes, por narcotráfico.
El 27 de agosto último, la Corte de Constitucionalidad (CC) le denegó un amparo a Portillo, por lo que fue confirmada su condición de extraditable.
Según la resolución de la CC, la Procuraduría de Derechos Humanos vigilará la forma en que Portillo debe ser tratado y lo informará al Congreso y al Ejecutivo, entre otros puntos establecidos.
Lo que sigue
Portillo no puede ser extraditado de inmediato, sino hasta que finalice el juicio por peculado de Q120 millones, delito por el cual fue absuelto.
Este proceso se encuentra en la Sala Tercera de Apelaciones, a la espera de que se conozcan los recursos planteados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra la absolución del tribunal.
La Sala puede confirmar el fallo a favor de Portillo, puede modificarlo y emitir una condena, o anular el proceso y ordenar un nuevo juicio.
En todas las opciones la defensa del exgobernante y las partes acusadoras pueden apelar en la Corte Suprema de Justicia y, en última instancia, en la CC.
El expediente de apelación se encuentra en la CC, en donde debe resolverse una querella contra el magistrado Ramiro Contreras, de la Sala Tercera, a quien Portillo pide que sea retirado del caso.
El tiempo que dure este juicio no afecta el trámite de extradición.
“La decisión que tomó la Presidencia está basada en la coherencia con la que hemos trabajado en la independencia de poderes”, dijo Colom y enumeró las convenciones, tratados y leyes en que se basó la firma del trámite.
“El Gobierno de Estados Unidos de América recibe con beneplácito la decisión. Las autoridades guatemaltecas han enviado un mensaje inequívoco de que nadie está por encima de la ley”, comunicó la Embajada de ese país.
“Esperamos continuar en esta colaboración con el nuevo gobierno en la lucha contra la impunidad”, afirmó el embajador Arnold Chacón, en la misma nota de prensa.
Colom indicó que quedan 11 “extraditables”, entre ellos Luciano Soto Chávez, Mauro Salomón Ramírez, Juan Alberto Ortiz, Waldemar Lorenzana, Víctor Arévalo, Byron Linares Cordón, Alma Lucrecia Hernández y Elio Lorenzana Cordón, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
