Eso según los reportes que han llegado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), que está comenzando un monitoreo en cada delegación San Carlista para conocer la situación de los trabajadores.
Está dinámica no es nueva dentro de la universidad, ya que con cada renovación de autoridades existen movimientos en puestos clave para presuntamente colocar al personal de mayor confianza.
El STUSC desconoce hasta ahora que tantos despidos se han notificado desde que tomó posesión Mazariegos como nuevo rector el pasado 1 de julio, fecha en la que se realizaron 36 nombramientos.
Según un integrante del Consejo Superior Universitario (CSU), que por motivos de seguridad prefirió no ser citado, Mazariegos ya llevaba una propuesta para la treintena de nombramientos y fue apoyado por la mayoría de consejeros.
Pero ante esta serie de despidos se consultó al nuevo rector de la USAC quien afirmó que todos los movimientos internos están en ley, amparados en los estatutos de la casa de estudios.
“Está reglamentado en la Ley Orgánica de la USAC que el CSU y rector deben nombrar directores generales, directores de centros universitarios, institutos y escuelas no facultativas, coordinadores, jefes de unidades de la administración central. Y lo que se está haciendo es cumplir con ese mandato”, señaló.
Mazariegos añadió que todas las decisiones tomadas, además de ser en ley, dignifican a los trabajadores destacados y con mayor preparación dentro de la universidad.
“Se está dignificando y reconociendo a los trabajadores formados, capacitados y con experiencia para ser nombrados, no estamos nombrando a personas ajenas a nuestra universidad. En todos los cambios de periodo Rectoral se cumple con nuestra máxima legislación universitaria”, precisó.
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Deuda millonaria
Pese a que podría existir fundamento jurídico para hacer cambios dentro de la universidad los mismos se hacen de manera injustificada y sin respetar los lineamientos que se dice cumplir, al menos eso opina Pedro Pérez, secretario general del STUSC.
El líder sindical asegura que como primera respuesta están tratando de mantener una mesa de diálogo con las autoridades universitarias, para que reconsideren los despidos que en ocasiones se han “notificado” en redes sociales.
“Son varios que han recibido tan solo mensajes por whatsap o llamadas donde les dicen que ya no se presenten, no ha sido de la forma oficial o como debería de ser en una administración pública, tener todo por escrito, sencillamente les dicen que no van a continuar y así es como lo han venido haciendo”, comentó.
Pérez recordó que esta dinámica ocurre cada vez que existe un cambio de rector, donde a final de cuentas las Cortes nacionales dan la razón a los empleados lo que le ha llevado a la USAC a mantener una deuda millonaria por reinstalaciones y sueldos dejados de percibir por años.
“La mayoría de casos la universidad los pierde y perjudica el erario público, el presupuesto, con decirle que tan solo para este año el CSU presupuestó Q22 millones solamente en concepto de reinstalaciones, para pagar a aproximadamente 40 trabajadores despedidos que estuvieron fuera dos o tres años”, indicó.
Actualmente existen otros procesos abiertos que según Pérez han incrementado la deuda de la universidad, “la USAC no ha buscado una estrategia y llevan los casos hasta lo último, hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), de esos Q22 millones de quetzales inicial ahora es más, tenemos un estimado que ya se elevó hasta a Q90 millones en puras reinstalaciones”.
Reforma civil
Lo que se observa en la USAC es tan solo el reflejo de todo el aparato gubernamental con cada cambio de autoridades, según Jorge Lavarreda, experto del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Es parte de lo que se ha identificado como riesgos fiscales, estamos hablando que cuando se producen despidos es común que algunas sentencias terminen sancionando a distintas instituciones, esto no es algo exclusivo de la USAC, es bastante común y tiene un costo directo al presupuesto”, señaló.
El mantener una deuda pequeña o considerable de Q90 millones tiene el mismo efecto según Lavarrade, ya que son recursos que no se pueden invertir para la población meta porque son fondos ya comprometidos.
“Se ha ido incrementando, al ver el montó absoluto es bastante dinero pero la USAC maneja mucho dinero, miles de millones, pero independientemente que sea un centavo lo más importante es que se genera un clima de trabajo no óptimo para la gestión pública”, explicó.
La única solución que el experto visualiza es realizar una reforma al proceso de contrataciones gubernamentales, para evitar la discrecionalidad y las injusticas que terminan costando millones de quetzales.
“Ya es necesario que en el sector público de fondo se haga una reforma al servicio civil. Todo lo relativo al recurso humanos que va desde el proceso de selección, reclutamiento y esa parte hasta los despidos, que existan procedimientos y todo sea más estandarizado”, puntualizó.
