El conflicto dejó unas 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos y más de un millón de desplazados internos. Las víctimas exigieron al Congreso crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Desapariciones Forzadas y que apruebe un presupuesto de Q50 millones para resarcimiento.
“Creemos en la paz y en las autoridades que tengan voluntad política de resolver los problemas estructurales que provocaron la guerra”, dijo Miguel Quiej, representantes de las víctimas.
Quiej fue uno de los participantes en el acto de entrega a representantes de los tres poderes del Estado de un informe sobre el impacto de los tratados de paz, suscritos por el gobierno y la guerrilla hace 20 años.
“Aquí estamos los que sufrimos los bombardeos y ametrallamientos y el desprecio del Estado para exigir que se retomen y cumplan los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz”, añadió.
No hay avance
En opinión de Feliciana Macaria, otra representante de las víctimas, el Estado “no ha mostrado suficiente voluntad para cumplir los compromisos y proteger los derechos de las víctimas”.
El informe, denominado “Impacto de los Acuerdos de Paz para las Víctimas del Conflicto Armado Interno 1996-2016”, fue entregado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.
Fue elaborado por la Red Nacional de Víctimas, Consejo Nacional de Víctimas y Movimiento Nacional de Víctimas Q'anil Tinamit.
Contra pesos
El análisis asegura que el Estado no ha cumplido con garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación digna, y tampoco a la búsqueda de los más de 45 mil desaparecidos, de ellos tres mil niños.
“Es lamentable que el Estado siga sin reconocer la veracidad del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico que determinó que se cometieron actos de genocidio contra los pueblos indígenas, matando indiscriminadamente a niños, mujeres y campesinos”, señala el análisis.
En el informe, las tres organizaciones que agrupan a las víctimas sostienen que el balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz es “negativo”.
Agrega que la negativa de no buscar a los desaparecidos e impulsar una política de exhumaciones e inhumaciones, “solamente sirve para proteger a los responsables de las violaciones y prolongar la angustia de las familias”.
Los pueblos indígenas y las mujeres han enfrentado muchos obstáculos para acceder a la justicia y en muchas comunidades ni siquiera hay oficinas del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial, lamentan.
Reconocen, empero, la “valiente labor” de fiscales y juzgadores que emitido 19 condenas contra responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto, pero aclara que son “esfuerzos pequeños frente a la magnitud de las violaciones”.
También expresa que las víctimas no han recibido resarcimiento. Durante 13 años solo 16 mil solicitudes han sido atendidas y el apoyo ha sido una pequeña compensación económica, refiere.
“Las víctimas y sobrevivientes seguimos viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación” porque el Estado no ha implementado políticas para reducir la desigualdad, advierten.
Asegura que todos los gobiernos posteriores a la firma de los tratados han ido relegando la agenda de la paz a un segundo plano y han dado prioridad a sus proyectos políticos.
Al Organismo Ejecutivo fortalecer las capacidades de la Policía y limitar las tareas del Ejército a resguardar las fronteras e impulsar políticas para eliminar el racismo y la discriminación.
Mientras que al Organismo Judicial le exhortan a investigar, juzgar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna.
