La sede del TSE se encuentra con moñas negras y las banderas a media asta, esto después que el Ministerio Público (MP) se llevó por la fuerza las actas electorales de la primera vuelta.
Herrera, acompaña de algunos diputados electos de Movimiento Semilla y de un grupo de ciudadanos, brindó una rueda de prensa en donde hizo el llamado a la población.
“Motivamos al pueblo de Guatemala a ejercer su derecho de protesta y manifestación pacífica en defensa de la democracia”, dijo la vicepresidenta electa.
Las acciones de allanamiento del MP contra el TSE no pueden pasar inadvertidas, a criterio de Herrera, “les pedimos no guardar silencio, es momento de actuar, de alzar la voz y dar un paso al frente”.
El MP informó mediante un comunicado que sus acciones están enmarcadas en ley, pero para la funcionaria electa las intenciones del ente investigador no son únicamente profundizar en una investigación.
“Se está consumando un golpe a las elecciones y toda la voluntad del pueblo expresada en ellas”.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene ocho acciones legales en torno a las elecciones pendientes de resolución, que representan una batalla jurídica.
“Como autoridades electas, con el respaldo del partido Movimiento Semilla y del pueblo de Guatemala, hemos llevado a cabo una batalla para defender la voluntad popular”, explicó Herrera, pero considera que esto pasó de ser una batalla legar a una “batalla sucia y espuria”, que está siendo orquestada por actores que quieren la “permanencia en el poder de un grupo de corruptos”.
La sustracción de las actas, a consideración de la vicepresidenta electa tiene serias intenciones de fondo, “no dudamos que el objetivo de estos funcionarios sediciosos es la anulación de los resultados electorales y la destrucción del régimen democrático”.
Presentarán carta a la CC
Diputados electos de Movimiento Semilla entregarán una carta a la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando que se resuelva a la brevedad una cuestión de competencia que promovió el TSE.
Con esta acción, esperarían que la CC defina si una judicatura penal puede o no tener incidencia en el evento electoral, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas con las resoluciones del juez séptimo penal, Fredy Orellana.
La CC no ha fijado postura en el tema, incluso los amparos que ha presentado el TSE buscando frenar órdenes de allanamientos por temor a la vulneración del proceso electoral han sido solo remitidos a la CSJ.
