El estado de calamidad permite realizar compras sin necesidad de cumplir con los procesos de licitación y cotización que establece la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) para adquirir bienes, suministros, obras y servicios que sean indispensables para solucionar situaciones derivadas de emergencias públicas.
Esto, aunque permite mayor agilidad en las compras, genera suspicacias en diputados de oposición, organizaciones de sociedad civil y tanques de pensamiento dado que en el pasado ha habido múltiples denuncias de cómo los estados de calamidad son aprovechados para hacer compras sobrevaloradas y que a menudo no tienen relación alguna con la emergencia que se trata.
No obstante, el Ejecutivo insiste que es necesario.
“(…) Se han tenido impactos negativos en la vida, medios de vida y líneas vitales de diferentes regiones del país, por lo que es necesario emitir el decreto gubernativo en Consejo de Ministros que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad pública con la finalidad de tomar las medidas oportunas que coadyuven a mitigar los efectos adversos provocados por dichos ciclones tropicales”, refiere el decreto gubernativo 5-2022 publicado en el Diario Oficial.
Mientras tanto, algunos legisladores rechazan la solicitud presidencial y piden que se atienda la emergencia cumpliendo la legislación.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El anuncio del nuevo estado de calamidad lo dio el presidente Alejandro el pasado lunes, donde repasó los daños en la infraestructura producidos tras las lluvias. “El día de hoy en consejo de ministros hemos decretado estado de calamidad el cual está siendo enviado en una hora o dos horas al Congreso de la Republica para que este se reúna en los próximos tres días como lo manda la Constitución Política de la República para que lo apruebe o impruebe. Es de hacer notar que los daños que se ocasionan por Julia en toda Centroamérica, y especialmente en Guatemala, son copiosos. Esperamos lluvias muy fuertes y ya tenemos inundaciones, personas soterradas, siete puentes afectados, carreteras dañadas, gente sin energía eléctrica y los efectos más grandes se darán en el transcurso del día de hoy y habrá remanentes en las próximas 48 y 72 horas”, dijo Giammattei en un video publicado en sus redes sociales.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Diputados de oposición se han pronunciado en contra del estado de calamidad solicitado por el presidente dado que, a su criterio, aprobarlo serviría para facilitar compras susceptibles de corrupción. Aseguran que la ayuda puede y debe llegar sin aprobar esta medida. “Él (presidente) ha tenido muchos estados de calamidad y la ayuda nunca ha llegado a la gente, se han aprovechado de la calamidad pública para generar procesos ineficientes e inadecuados y que solamente han enriquecido a funcionarios de gobierno. Las escuelas están totalmente deterioradas, las carreteras están destruidas a pesar de que este gobierno ha tenido más de Q17 mil millones solo para el Ministerio de Comunicaciones. Los hospitales están deteriorados, los centros de salud están desabastecidos, los alimentos están guardados para la época de campaña electoral… Aprobarle un estado de calamidad en estas circunstancias al presidente Giammattei es para facilitar la ejecución a sus corruptos ministros”, dijo el diputado Orlando Blanco, de Grupo Parlamentario de Oposición. Asimismo, el estado de Calamidad no solo busca facilitar las compras, sino también limitar derechos como el de la libre locomoción, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto gubernativo, según manifestó Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista. “¿Que pretende lograr el Gobierno limitando la libertad de acción y la libertad a portar armas? ¿Por qué se deben restringir estos derechos constitucionales en una tormenta?”, cuestionó el parlamentario en sus redes sociales. Asimismo, el estado de calamididad no solo busca facilitar las compras, sino también limitar derechos como el de la libre locomoción, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto gubernativo.
Verificamos por usted: ¿Se puede atender una emergencia sin estado de calamidad?
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En principio, hay que diferenciar entre lo que implica la atención de una emergencia con lo que requieren las tareas de reconstrucción, comenta Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Una vez hecha esa diferencia, se debe advertir que hay labores urgentes que se pueden atender cumpliendo con la legislación vigente, como equipar albergues, por ejemplo. “Tal vez no se pueda realizar la adquisición de un puente, porque eso más son tareas de reconstrucción que atención de la emergencia, pero sí pueden, por ejemplo, hacer transferencias de emergencia, como quitar asignaciones al seguro médico escolar privado, que tiene casi Q300 millones que no funcionan, y trasladarlos a entidades que coordina la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Eso lo puede hacer el ministro de finanzas en cuestión de cinco minutos. Entonces yo creo que estamos confundiendo como sociedad la atención de emergencia con las tareas de reconstrucción resultado de una emergencia. Se puede movilizar y equipar albergues. Todo eso lo puede hacer el Ejecutivo sin aprobación de Congreso”, dijo Ricardo Barrientos. Por su parte, Acción Ciudadana (AC) considera que la propia LCE permite hacer compras de forma ágil cuando son de baja cuantía, de menos de Q25 mil, y compras directas, de menos de Q90 mil. Con estas modalidades se pueden comprar alimentos para las personas en los albergues, colchonetas, medicamentos, insumos de higiene personal y reparaciones de sistemas de agua potable pequeños, entre otros. Para todo esto no se requiere de un estado de calamidad aprobado, tal como lo argumenta el Ejecutivo. El problema, explica AC, es que estos estados de calamidad se aprovechan para hacer compras sobredimensionadas, ajenas a la emergencia y en otras ocasiones, aunque sí sean útiles, se realizan a destiempo.
