La posibilidad de que Guatemala abandone el Parlacén no ha trascendido más allá de promesas de algunos candidatos y gobernantes que no parecen tener claridad de si lo que ofrecen es factible o no.
El actual presidente Alejandro Giammattei es uno de los muchos políticos que ha dicho que este órgano debía ser reformado o, de lo contrario, prepararía el terreno para que el Estado renuncie ante su incompetencia.
Tres años después de que arrancara su administración, Giammattei no ha dado muestras de que cumplirá su promesa. Ni siquiera se ha informado públicamente de alguna estrategia para reformar el Parlacén.
Sobre este tema se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si ya había algún avance al respecto, pero no hubo respuesta.
Actualmente, a los guatemaltecos les cuesta Q13 millones el Parlacén. Pero el costo económico no es lo único que molesta, sino también el hecho de cómo los expresidentes se refugian en este organismo al término de su mandato para no ser investigados por actos de corrupción.
El ejemplo más reciente fue el del expresidente Jimmy Morales, quien recién entregando la estafeta presidencial corrió de prisa a juramentarse como diputado del parlamento. Este es un derecho del que gozan todos los jefes de Estado al culminar su período.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
Recientemente la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos designó por narcotráfico a Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente del Parlacén por Guatemala, quien presuntamente se encarga de transportar y almacenar cocaína a nombre del cartel de Los Huistas. Luego de este anuncio, de nuevo surgió la propuesta de cerrar al parlamento. De esta cuenta, el presidente Giammattei dijo en agosto de 2019, tras quedar electo como presidente, que retiraría al país de este si no se modificaba. “Si los países centroamericanos no consideran que se deba poner en funcionamiento al parlamento con esa supremacía sobre los congresos nacionales, creo que estaré en la disposición de denunciar el tratado y retirar a Guatemala del Parlamento Centroamericano”, comentó. Pero esto no trascendió más allá de una promesa.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Uno de los Estados que intentó, sin éxito, salirse del Parlamento Centroamericano fue Panamá, en 2009. En dos oportunidades manifestó que deseaba sustraerse del mismo. El entonces presidente Ricardo Martinelli dijo que este foro regional se había convertido en “una cueva” de quienes buscaban inmunidad política. La decisión no fue aprobada con los demás Estados miembros. Nicaragua, Guatemala y El Salvador expusieron que el Parlacén era el órgano de planteamiento, análisis y recomendaciones del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y por lo tanto había que fortalecerlo, no debilitarlo. Para su retirada, el gobierno panameño invocó el artículo 56, párrafo primero, inciso b) de la Convención de Viena, que establece que cuando un tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, denuncia o retiro de este, como es el caso del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, no puede ser objeto de denuncia o retiro unilateral a menos que “el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado”. Ante esto, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) emitió una resolución en la que opina que el Parlacén fue creado como un órgano permanente y por lo tanto un Estado no podía denunciarlo unilateralmente. Sin embargo, Panamá decidió hacer caso omiso a esta resolución argumentando que dicho país, al igual que Costa Rica y Belice, no había ratificado el Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir sus resoluciones. Finalmente, Panamá dio marcha atrás a su retiro del Parlacén porque la Corte Suprema de Justicia de ese país lo declaró inconstitucional, en marzo de 2012.
Verificamos por Usted: ¿Puede Guatemala abandonar el Parlacén de forma unilateral?
Falso
Información falsa de fuentes que no son confiables
*Por esto sabemos que es falso* Prensa Libre consultó a Gabriel Orellana, constitucionalista y excanciller, para determinar si es viable o no que el Estado abandone el Parlacén. Se debe advertir que sí es posible abandonar dicho organismo, pero el camino no es nada sencillo, dice Orellana. En principio, se debe considerar que el parlamento nace de un tratado internacional entre los Estados de Centroamerica. Como este no regula ningún procedimiento para abandonarlo, hay que acatar lo que establece la Convención de Viena sobre Tratados, explica Orellana. Dicha convención dice en su artículo 56 que cuando un tratado no contenga disposición sobre su terminación o retiro, “no podrá ser objeto de denuncia o retiro” a menos de que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de retiro, o bien, que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. De tal cuenta, una forma de salirse sería que Guatemala denuncie el tratado, pero habría que contar con el aval de las demás partes, explica Orellana. De lo contrario, no podríamos abandonar unilateralmente. Orellana también trae a colación la opinión que dio la CCJ en el caso de Panamá, que establece que dice “que ningún Estado Parte del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano puede denunciarlo unilateralmente debido a que este instrumento no contempla disposiciones que lo permita”. En ese sentido, la otra posibilidad que habría para salirse de este foro regional sería consensuar con los demás Estados miembros su terminación, tal como lo establece el artículo 54 de la convención, advierte Orellana. De tal cuenta, aunque el Parlacén sea un órgano inoperante, es imposible que un país se salga de la noche a la mañana, dice el constitucionalista. La vía más oportuna sería acordar con los demás estados miembro la reforma del tratado, o bien, su disolución.
