Lo cierto es que la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas y el derecho de los congresistas a fiscalizar la labor de la administración pública están regulados en la Constitución Política de la República.
No obstante, los últimos gobiernos se han quejado de algunos parlamentarios, aduciendo que estos utilizan la figura de la citación de manera constante como un mecanismo de presión.