En atención a dudas planteadas por el presidente Alejandro Giammattei, los magistrados de la CC expusieron el pasado jueves su postura sobre los alcances del artículo 168 de la Constitución Política de la República, el cual establece el deber de empleados públicos de acudir al Congreso e informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos por parlamentarios.
El máximo tribunal consideró que para que las comisiones de trabajo del Legislativo puedan citar a funcionarios deben cumplir con un quorum del 25 por ciento de sus miembros. De lo contrario, el ministro puede retirarse. La corte también aclaró que el funcionario puede evadir las preguntas si son ajenas a sus atribuciones o al objeto de la citación.
La petición del presidente para que la Corte se pronunciara sobre la obligación constitucional de rendir cuentas se deriva de una serie de quejas que planteó el gobierno respecto a que las múltiples citaciones hechas por congresistas.
Pero los reclamos no iniciaron en este gobierno. Las anteriores administraciones también expresado su molestia con los diputados, a quienes señalan de abusar de su derecho de citar a funcionarios con el único fin de desacreditarlos y obstaculizar el funcionamiento de la cartera.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El pasado cinco de enero el presidente consultó a la CC si las comisiones del Organismo Legislativo podían citar a funcionarios sobre temas que no estuvieran relacionados con la materia de su competencia y si era necesario que dichas mesas de trabajo conformaran quórum del 25 por ciento de sus miembros, más el presidente y vicepresidente, para poder citar a un empleado público, entre otras preguntas. A esto, la corte respondió que sí era necesario la asistencia mínima referida en la pregunta. Respecto a los motivos, advirtió que las comisiones solo pueden invitar a un funcionario a tratar temas relacionados con la materia que les compete. Esta opinión consultiva fue requerida luego de que el año pasado distintos funcionarios de gobierno expresaran sus molestias por tener que atender las citaciones en el Congreso.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Jorge Aguilar Wong, analista político, considera que la opinión consultiva que requirió el presidente evidencia una molestia por las citacionens, pero es solo la punta del iceberg. “El problema aquí es que las citaciones, para los señores ministros, son oportunidades para aclarar dudas del pueblo. Así funciona en un sistema democrático. Y si hay muchas citaciones, es porque hay igual número de dudas”, dijo el politólogo. Si bien la opinión de la CC no es vinculante, el entrevistado considera que el efecto podría ser una limitación en el derecho de los diputados para fiscalizar a funcionarios públicos. No obstante, no hay que perder de vista que, si bien a los diputados no se les puede negar el derecho de fiscalizar, es recomendable que no abusen para que los ministros y sus dependencias puedan trabajar. “Se puede dar para abusos porque a veces es parte de los intereses atrasar (a un funcionario) y esto puede convertirse en una maniobra dilatoria”, dijo. Para esta nota se intentó contactar al ministro de finanzas y al ministro de trabajo, quienes representaron al Ejecutivo en la vista pública donde se resolvieron las opiniones consultivas, pero ninguno atendió las consultas.
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En principio, la asistencia de un ministro a una citación del Congreso de la República no implica que la cartera queda acéfala, ya que hay viceministerios que pueden atender los asuntos que son de su competencia. El Mintrab, por ejemplo, cuenta con tres viceministros: de administración de trabajo, de previsión social y empleo y el administrativo financiero. Estos, en total, tienen 17 asesores contratados para el desempeño de sus funciones. Por su parte, el despacho ministerial cuenta con otros ocho asesores. Además, el artículo 168 de la Constitución también da la facultad a los ministros el delegar la citación a sus viceministros cuando tienen compromisos adquiridos, recuerda el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac. “Yo no creo que la asistencia a citaciones impida el funcionamiento de las carteras. Ellos pueden enviar a sus viceministros. Solo en el caso de las interpelaciones no lo pueden hacer, pero hay que tomar en cuenta que si al interpelación es frívola el que se desacredita es el diputado que la promueve”, dijo Destarac. No obstante, el experto en derecho también advierte que, en la práctica, se ha visto cómo los bloques y comisiones de trabajo citan a un funcionario por un mismo tema, sin ninguna coordinación, o lo hacen el mismo día a la misma hora. “Sin duda, el hecho de que se hagan citaciones sin ninguna coordinación en el seno del congreso puede ocasionar doble trabajo. Esto debería corregirlo el Organismo Legislativo y reglamentarlo para que no haya ineficiencia ni confusión”, dijo Destarac.